La revelación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de que hay un plan para atentar contra el gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez, causa preocupación e indignación general. No solo por el hecho en sí mismo, que reviste la mayor gravedad, sino porque las amenazas están ligadas a los hallazgos de Vélez y en las decisiones que ha tomado en los 109 días que lleva hurgando en la administración de ese departamento.
En ese lapso, ya frenó desembolsos por más de 44.000 millones de pesos que obedecen a proyectos investigados por la Fiscalía y por la Dijín. Uno de ellos, como lo reveló EL TIEMPO este domingo, es la destinación de más de 13.000 millones de pesos en ferias, fiestas, tarimas y reinados, suma exótica para una región sin agua y en donde sus niños se mueren de física hambre.
Vélez, que ha tenido que despachar y dormir en el comando de la Policía, también decidió frenar dos proyectos –cada uno por 18.000 millones de pesos– para financiar estudios que no le corresponden realizar a la Gobernación o que resultan inicuos: la incidencia del carbón en las enfermedades y los niveles de dengue en la región.
El funcionario y su equipo han enfrentado protestas de encapuchados, más de mil tutelas y el bloqueo del aeropuerto de Riohacha, con lo que fuerzas políticas también buscan obligarlo a girarle millonarias sumas a la Universidad de La Guajira, las cuales están en pleito judicial. Cualquiera hubiera esperado que en esa purga de cuentas y rastreo de irregularidades Vélez contara con el apoyo de la Asamblea departamental. Pero se ha encontrado con un dique que empezó por negarle facultades para organizar la empresa de servicios públicos, la concesión de vías del departamento para conectar a la alta Guajira y la delegación de contratación; y terminó por firmar una proposición de 8 de sus 11 miembros en la que se pide someterlo a un examen psiquiátrico, para saber si lo declaran interdicto.
Una de las consecuencias de la postura de la Asamblea es que el Gobernador no ha podido disponer de 8.000 millones de pesos que el Ministerio de Educación giró para contratar raciones escolares para los niños de la región.
Lo que queda al descubierto es una resistencia organizada, por algunos sectores, para evitar que la casa se ponga en orden. La autonomía de La Guajira y de su dirigencia no está en discusión. Pero sí la forma como ciertos políticos han venido manejando el departamento. No es gratuito que el exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez esté enfrentando cargos por supuesto concierto para delinquir y homicidio, y que la exgobernadora Oneida Pinto, ambos de Cambio Radical, esté citada a que aclare su presunta responsabilidad en el plan para atentar contra Vélez.
No se trata de poner en entredicho a toda la clase política, sino de trabajar coordinadamente para sacar adelante a un departamento próspero y querido, que elegirá a su próximo gobernador el 6 de noviembre, en unas elecciones atípicas. Esto no se logra amenazando de muerte o calificando de loco a un funcionario que, como él mismo lo dice, está tocando callos. La Guajira merece, por tanto, que el país y la institucionalidad no lo dejen solo.
EDITORIAL
