Sin conocerse el detalle del fallo de la Corte Constitucional a una acción de tutela, en el que esta semana el alto tribunal señaló que los municipios pueden decidir si hay o no actividades mineras en su territorio, el sector extractivo y las autoridades que lo regulan tienen claro que se marca un nuevo precedente para la inversión y desarrollo de nuevas iniciativas, pero que ello no es un bloqueo a esta actividad.
A la espera de conocerse el contenido de dicha providencia, tanto la Agencia Nacional de Minería (ANM) como la Asociación Colombiana de Minería (ACM), gremio de esta industria, señalan que así el sentido del fallo haya sido ese, para hacer efectiva la polémica decisión hay que ir al Congreso a presentar una ley que defina las competencias de los entes territoriales en este frente.
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El presidente de la ACM, Santiago Ángel Urdinola, dice que así como se cayó la norma que les prohibía a los municipios vetar la actividad minera (artículo 37 del Código de Minas), por no haberse tramitado a través de una ley orgánica sino mediante una ordinaria, este mismo sentido jurídico aplica para el reciente fallo a la tutela presentada a raíz de la consulta popular que se iba a realizar en el municipio de Pijao (Quindío) y que en su momento fue negada por el Tribunal Administrativo del departamento.
“Los municipios no tienen poder de veto. Necesitan una ley. La sentencia no se cumple hasta que haya una ley”, insistió el dirigente gremial, y recalcó que así la Corte indique lo que se debe hacer, existen normas para llevarlo a cabo y, mientras tanto, la Ley 685 del 2001 o Código de Minas, simplemente “continúa viva”.
En igual sentido se pronunció Silvana Habib, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), tras indicar que la decisión de la Corte implicará un cambio en las reglas, que hace que el proceso de titulación sea más largo.
“Nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales y lo hemos venido haciendo (...). Vemos un poco de incertidumbre, porque constitucionalmente estaba reconocida la competencia entre la entidad nacional y territorial”, indica.
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Agrega, que tras los últimos fallos se ha venido adecuando la institucionalidad para cumplir con estas decisiones judiciales, teniendo presente que, en todo caso, es claro que la actividad minera es permitida y sigue su marcha.
Según la funcionaria, el punto central ahora es entender con claridad si hay un cambio en la postura de la Corte Constitucional, pues más que avalar un proyecto o no por parte de los municipios, los fallos anteriores ordenaban que se patentara, de manera concurrente, coordinada y subsidiaria, la minería, teniendo en cuenta los diferentes intereses y funciones.
El impacto
Pero el sector minero formal ha sentido en los últimos años el impacto de las decisiones judiciales en su normal desarrollo.
Según Habib, del 2014 a la fecha ha habido varios fallos que han hecho necesario incluir nuevos requisitos para los diferentes procedimientos, lo que ha terminado afectando los tiempos de estudio y otorgamiento de títulos, presentándose ahora un represamiento importante.
“Tenemos un importante represamiento de solicitudes, que se habrían podido agilizar mucho más de no haber sido por los cambios en las decisiones judiciales”, agregó.
Según la presidenta de la ANM, en la revisión jurídica y técnica de cada solicitud, la entidad está cumpliendo con el tiempo máximo de 180 días (seis meses), pero para cumplir los mandatos de la Corte se ha hecho indispensable aplicar nuevos procedimientos que, al no depender de la entidad, necesariamente extienden los tiempos.
Entre tanto, a pesar de que este año la producción de oro ha subido y la de carbón se ha mantenido relativamente estable, los efectos de la inestabilidad jurídica sí se evidencian en el monto de la inversión extranjera en el sector.
Según Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), los flujos de inversión extranjera directa en el sector en el 2016 son los más bajos de los últimos 20 años.
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La balanza de pagos del Banco de la República, muestra que los recursos que ingresaron al país, luego de haber tenido su máximo pico en el 2013, con 2.977 millones de dólares de inversión en minería, un año después bajó a 1.581 millones de dólares; para el 2015 fueron de 533 millones de dólares, y este año, al cierre de junio, registra un saldo negativo de 50 millones de dólares.
“La nueva inversión se ha resentido de forma muy alta, pero la producción de lo vigente está creciendo, como por ejemplo el oro, el carbón, que ha tenido una pequeña caída y vamos a estar muy parecidos al año pasado”, agregó el vocero gremial.
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