El uso de brazaletes electrónicos para enviar presos a detención domiciliaria, una de las herramientas que han sido claves para sortear la crisis del hacinamiento carcelario en el país, está a punto de quedar en el aire.
En dos meses termina una prórroga de emergencia que permitió ampliar el contrato con la firma que actualmente suministra esos aparatos, los cuales permiten el monitoreo permanente de personas excarceladas. El próximo 16 de diciembre, Energía Integral Andina –empresa que se especializa en la fabricación de baterías pero que tiene el contrato de los brazaletes, que obtiene de un tercero, desde el 2012– apagará sus equipos y hasta ahora no se mueve la licitación para definir quién se queda con el millonario negocio. Ni siquiera se ha convocado a las firmas interesadas.
Esto a pesar de que el nuevo contrato, que depende de la polémica Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), debía haber empezado hace dos años. Desde finales del 2014, el negocio ha venido prorrogándose a través de la figura de la urgencia manifiesta, que permite contratar directamente. En este caso, con la firma que venía proveyendo el servicio.
El asunto es grave porque una de las políticas del Gobierno es que cada vez más condenados salgan de las cárceles a menos que mantenerlos en reclusión sea absolutamente prioritario, como en los casos de los delitos graves. Y una de las estrategias pasa por el uso intensivo de los brazaletes, que están conectados a un centro de monitoreo que detecta inmediatamente cualquier transgresión a los límites de la restricción.
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Según el Inpec, a la fecha hay 4.040 brazaletes en servicio, de los 5.755 que fueron contratados. Esto significa que hay 1.715 condenados que están por fuera del monitoreo. Además, la falta de aparatos disponibles tiene en espera de detención domiciliaria a 2.294 reclusos a quienes los jueces de la República les concedieron el beneficio. Ellos duran semanas y meses esperando poder dejar la cárcel a pesar de que, en el papel, podrían hacerlo ya.
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Contratación directa
El 23 de diciembre del año pasado, la Uspec declaró desierta por segunda vez la licitación pública por 62.350 millones para el suministro de los aparatos por una vigencia de tres años. Un comité evaluador rechazó la oferta que hicieron seis uniones temporales. La prórroga actual se firmó por $ 19.000 millones.
El manejo de prórrogas y el crecimiento del valor del contrato a pesar del alto número de brazaletes que han estado fuera de servicio alertaron a la Contraloría.
En un documento del pasado 7 de julio, el organismo de control cuestiona por qué la Uspec –que se creó supuestamente para evitar la corrupción que rondaba las contrataciones del Inpec– no “inició siquiera el proceso de selección objetiva” durante las prórrogas con Energía Integral Andina.
Al investigar el manejo del contrato en el 2015, la Contraloría encontró que el Minjusticia y el Inpec cruzaron comunicaciones en las que se cuestionaba la supervisión de la Uspec a “fallas de los dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los mismos”.
Se investiga “el eventual pago en exceso que se hizo al contratista, pues según los hechos puestos en conocimiento, el número de dispositivos sobre los cuales se efectuó el pago (en promedio 4.250 mensuales) es superior a los dispositivos que se encontraban en servicio durante los periodos liquidados (1.355, descontando 2.915 con novedades técnicas para mayo del 2015)”.
Y sobre la declaración de urgencia manifiesta de este año, la Contraloría la consideró improcedente y reprochó “la falta de la diligencia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para tramitar un proceso reglado de selección que permita superar las limitaciones técnicas denunciadas por el Inpec”.
Ese documento dice que, sin razón aparente, el valor diario del servicio de vigilancia electrónica por equipo pasó de 13.529 a 20.664 pesos, “lo que representa un incremento de más del 50%”.
El Inpec, que ha mantenido una ‘guerra fría’ con la Unidad, le entregó un informe al Minjusticia sobre “la posible ocurrencia de irregularidades relacionadas con los equipos de vigilancia electrónica con los que se está prestando el servicio en la actualidad”.
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Las quejas tienen que ver con que el monitoreo se estaría haciendo con “equipos obsoletos” y “a un costo superior a las ofertas presentadas en la licitación pública declarada desierta” hace un año.
El Ministerio, que es la máxima autoridad en la materia, asegura que la Unidad le ha garantizado que no habrá crisis en el manejo de los brazaletes. Lo cierto es que en esta área, como en la contratación de servicios de alimentación o la salud para los presos, la Unidad, que apenas completa un lustro de existencia, parece tener más líos que los que en su momento llevaron al Gobierno a apartar al Inpec del manejo de los megacontratos carcelarios.
Uspec dice que cumplirá
La directora de la Uspec, María Cristina Palau Salazar –posesionada en el cargo el pasado 12 julio–, le dijo a EL TIEMPO que la entidad que ella representa informó a la Controlaría las razones en derecho que tuvo para declarar la urgencia manifiesta. Dijo además que está comprometida con que se firme el nuevo contrato en diciembre de este año.
Y aseguró que todo se hizo “principalmente por la necesidad de contar con el servicio de vigilancia electrónica de manera ininterrumpida, con el fin de garantizar a la población privada de la libertad con detención domiciliaria sus derechos y disminuir en los centros de reclusión de mayor hacinamiento sus índices y garantizar una mejor habitabilidad”.
JUSTICIA
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