Como se ha mencionado en este espacio, el Movimiento Libertario optó por la abstención frente al plebiscito del pasado 02 de octubre por considerar que el contenido de los acuerdos mantenía intacto el negocio de la cocaína, el cual es el verdadero combustible de la guerra y, por tanto, se permitía que perdurara el riesgo de generar nuevas víctimas de la violencia.
Por otra parte, los acuerdos de La Habana partían de una serie de mitos sobre el comportamiento de la violencia actual y de esta forma planteaban soluciones efectivas para la violencia que vivía Colombia en 1964, pero definitivamente no para la que sufre el país en el 2016.
Teniendo en cuenta que el resultado en las urnas abrió una oportunidad para repensar los acuerdos, desde el Movimiento Libertario consolidamos una propuesta que permite, no solo reparar a las víctimas existentes a través de los mecanismos que ya se han proyectado, sino también acabar con el principal combustible de la violencia, traer nuevas oportunidades al campo y generar una verdadera apertura política que permita que se oigan voces diferentes a las de los actores políticos tradicionales del país, incluidos, por supuesto, los miembros de la insurgencia.
Estas son algunas de nuestras propuestas:
1. Víctimas
Adicional a los procesos de verdad, reparación y garantía de no repetición que ya se encuentran planteados en el acuerdo, en aras de alcanzar una mayor transparencia, es fundamental que las Farc declaren textual y explícitamente la totalidad de sus recursos económicos y entreguen todos sus fondos obtenidos de manera ilegal para reparar a las víctimas. Esta información debe ser considerada como parte de la verdad que más adelante verificará la justicia.
Por otra parte, los miembros de esta guerrilla deben entregar a todos sus secuestrados, la totalidad de los menores reclutados y todas sus armas desde el primer día de la firma del nuevo acuerdo a cambio de la protección física necesaria que les debe brindar el Estado. La entrega tiene que ser efectiva y no tramitada mediante eufemismos como “dejación”, condición sin la cual no deben poder participar de ninguna manera en política.
2. Participación política
Las mismas reglas de juego deben aplicar para todos los partidos y movimientos, incluyendo el que formen las Farc, cuyos miembros no condenados por delitos de lesa humanidad deben poder participar en política bajo igualdad de condiciones, sin curules directas ni garantizadas en el Congreso.
El incremento en curules para las circunscripciones especiales en la Cámara de Representantes (16 nuevas curules) debe ser balanceado con la reducción del número de senadores de 102 a 86: habría dos senadores por cada departamento (64 en total) y 22 electos nacionalmente. Este sistema, en algo similar al mixto que ha propuesto el exsenador John Sudarsky, contaría con 268 congresistas (182 representantes a la Cámara y 86 senadores), el mismo número que existe actualmente.
3. Desarrollo rural
Independientemente del acuerdo, es esencial legalizar todos los títulos de propiedad y regresar toda hectárea despojada a su dueño legítimo. El proceso de formalización de derechos de propiedad debe ser realizado con herramientas del siglo XXI a través de un sistema de registro transparente, descentralizado e inmutable basado en tecnología ‘blockchain’. Igualmente, se debe aprovechar la oportunidad actual para extender el derecho de propiedad al subsuelo.
Asimismo, para fomentar la economía del campo es necesario eliminar todo arancel sobre los insumos agrícolas, descentralizar las políticas en esta materia hasta llevarlas al nivel local y eximir del impuesto de renta por 10 años a nuevas empresas de base agroindustrial que empleen mano de obra rural. De la misma manera, se debe implementar una placa agrícola, asignada a vehículos destinados al campo como camionetas y camiones de carga. Dicha placa permitirá un precio preferencial en peajes y gasolina.
4. Drogas ilícitas
El acuerdo debe aprovechar la oportunidad para legalizar por completo la producción, comercialización y el consumo de la marihuana como paso previo a una legalización total de las demás drogas. Colombia estaría siguiendo los pasos de Uruguay, de Canadá -país que legalizará la marihuana en el 2017- y de varios estados en Estados Unidos que han tomado esta medida en los últimos años.
Así, en lugar de desperdiciar recursos públicos en infructuosos programas de erradicación y fumigación de cultivos ilícitos cuya producción responde a una demanda global, la legalización de la marihuana le permitirá a los cultivadores obtener incentivos para sembrar una planta con gran potencial comercial. Simplemente hay que eliminar las limitaciones a su producción y venta, brindándoles a los nuevos productores todas las garantías y exigiéndoles que cumplan con todos los deberes de la empresa privada. El dinero ahorrado como consecuencia del proceso de legalización de las drogas se debe traducir en la disminución de impuestos a los colombianos y una inversión para la mejora sustancial en la operatividad y eficiencia del sistema judicial del país.
Por lo menos el 30 % del recaudo tributario de la venta de marihuana legal se destinaría a programas de tratamiento para adictos y campañas pedagógicas para prevenir el abuso de drogas. El sector privado, las fundaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones de caridad deben poder participar plenamente en este proceso.
5. Jurisdicción Especial para la Paz
La prioridad debe ser amnistiar o indultar a los guerrilleros rasos de las Farc, tal como deja claro el acuerdo. Los dirigentes de las Farc pueden ser juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La justicia transicional debe ser aplicada por los organismos judiciales del país, y debe limitar su jurisdicción a los dirigentes de las Farc y a los militantes sobre los que pesen sindicaciones de delitos de lesa humanidad.
Los militares y civiles que tengan causas pendientes con la justicia relacionadas con el conflicto podrán, si lo creen conveniente, someterse libremente a la JEP con los beneficios especiales para aquellos que declaren la verdad. En ningún caso se tendrán en cuenta informes o acusaciones de terceros; únicamente serán considerados en sus procesos los expedientes y demás documentos aportados por las autoridades judiciales del país.
Reconocemos la importancia de no mantener posiciones maximalistas frente a las negociaciones. Sin embargo, para que los diálogos realmente conduzcan hacia una paz estable y duradera es imprescindible que se eliminen las condiciones que alimentan la guerra: en el caso de los grupos armados ilegales, la legalización de las drogas contribuirá a la disminución de la violencia y respecto a los crímenes de Estado, la protección y garantía de los derechos de propiedad son una clara protección frente al uso arbitrario del poder.
Aquí, el texto completo de las propuestas.
Julio César Mejía Quevedo
Director del Movimiento Libertario