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El gran reto de las ciudades es garantizar derechos humanos

Involucrar a los ciudadanos en las polícas públicas es prioridad, según Cumbre de Alcaldes.

El crecimiento acelerado y en algunos casos descontrolado de la población de las ciudades es uno de los principales desafíos de la ‘Nueva agenda urbana’, documento que espera suscribirse en el encuentro ONU- Hábitat III (Quito, 17-20 de octubre). Según Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), para finales del siglo XXI, el 85 por ciento de los humanos vivirán en urbes.
Y esto no solo implica un reto en cuanto a desarrollar alternativas en infraestructura pública sino, fundamentalmente, de respeto, garantía y acceso de todos a los derechos humanos. Cuauhtémoc Cárdenas, coordinador general de asuntos internacionales de Ciudad de México, señaló durante la sesión ‘El derecho de la ciudad en el centro de la Nueva agenda urbana’, que a fin de que todos los ciudadanos sean sujetos de derecho deben participar en las decisiones políticas.
“Estamos en la discusión de una Constitución para Ciudad de México y hay planteamientos que apuntan a que allí se puedan realizar plebiscitos y referendos”, explicó Cárdenas sobre el caso de su ciudad, que este año dejó de ser Distrito Federal para convertirse en una entidad federativa, lo que le permite una autonomía de gestión inédita.
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, señaló por su parte que “el derecho a la ciudad no es un compromiso sino una obligación institucional”. Colau añadió que generar territorios de derechos es necesario para hacer ciudades prósperas y sostenibles, y que los esfuerzos técnicos y financieros deben estar enfocados en las zonas más desfavorecidas.
“Desde los poderes públicos se debe promover la atención a los colectivos más vulnerables con políticas específicas”, compartió la mandataria. Pero no solo se trata de adquirir compromisos o de redactar y emitir leyes. Bahram Ghazi, de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señaló que “hay que hacer que los compromisos sean monitoreados, y los gobiernos locales deben contar con mecanismos de verificación”. Añadió que “las finanzas municipales deben asignar el grueso de sus recursos a garantizar los derechos humanos”. (Lea también: Las áreas metropolitanas, claves para desarrollo de las ciudades)
Finalmente, Allison Brown, miembro de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, planteó que lo fundamental en los derechos colectivos de las ciudades es saber “cómo dispersamos el dinero público para que llegue a todos”.
BOGOTÁ
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