A juzgar por un informe presentado por el congresista Carlos Guevara en la Comisión VI de la Cámara de Representantes, las universidades públicas deberán enfrentar el año próximo un preocupante déficit financiero que puede ascender a 950.000 millones de pesos.
Ante esta situación, que luce alarmante para estas instituciones, el documento plantea la posibilidad de radicar una proposición a las comisiones económicas del Congreso para garantizar, por lo menos, 250.000 millones de pesos, en el presupuesto de la Nación, que permita a las universidades cubrir dicho déficit.
Según el representante Guevara, con el presupuesto que tiene aprobado el Ministerio de Educación, que va dirigido a las universidades públicas, “de entrada ya están desfinanciadas en casi un billón de pesos. Nuestra preocupación es que si se mantiene, los rectores se verán en la obligación de contratar maestros de hora cátedra y no maestros de planta, y de suspender el mantenimiento de edificios, entre otras medidas de emergencia. Lo que principalmente se verá afectado es la calidad de la educación”, sostiene. (Lea también: Universidades públicas reciben recursos recaudados vía estampilla)
Otra propuesta, también contenida en el informe, consiste en que la reforma tributaria (que se espera sea radicada la próxima semana) garantice que en los próximos tres años los recursos cubran la totalidad del déficit.
El documento insiste además en que el Ministerio, las universidades y el personal docente construyan una propuesta que no solo permita subsanar dicho déficit, sino también las demás falencias presupuestales de las universidades.
La causa de esta desfinanciación, según explicó Mauricio Alviar, rector de la Universidad de Antioquia y una de las personalidades que han encabezado la exigencia al Gobierno Nacional de mayor presupuesto para la educación superior, hay que buscarla en Ley 30 de 1992.
De acuerdo con Alviar, dicha norma estableció que el incremento de la inversión en educación superior dependería del índice de precios del consumidor (IPC); sin embargo, no se tiene en cuenta el aumento salarial de la planta docente, que cada año crece según el escalafón y los artículos científicos que publiquen los profesores en revistas indexadas.
“Entonces –explica–, lo que ha ocurrido es que a lo largo de estos 20 años esos aumentos en productividad y la vinculación de profesores con títulos más altos de formación han incrementado el gasto de la nómina profesoral en una proporción que crece, en promedio, cuatro puntos por encima del IPC cada año; esa situación ha generado esa brecha entre ingresos y gastos”.
El ministro de Educación (e), Francisco Cardona, coincide con las exigencias y explica que el déficit por el aumento salarial ha significado “un crecimiento por año de 100.000 millones de pesos adicionales que necesita la universidad pública colombiana para seguir atendiendo sus compromisos y mejorando la calidad de la educación superior”.
El Ministro agrega que hay un acumulado que debe ser compensado, “y por eso estamos reconociendo que se requieren, por una única vez, 750.000 millones de pesos para compensar los efectos que ha tenido, en los últimos años, este incremento de la educación superior en Colombia, para un total de gastos de funcionamiento para dichas universidades de más 850.000 millones de pesos”.
En resumidas cuentas, la situación, de acuerdo con las tres fuentes, es preocupante, y según lo que se apruebe en la reforma tributaria se determinará, en buena medida, si la educación superior pública del país entra en crisis o no.
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