Por sexta ocasión en menos de una década, regresa a la palestra pública el tema de la necesaria reforma de la justicia. Ahora son las altas cortes, el Gobierno y el Congreso los que se han apersonado del asunto, embarcándose en una iniciativa bautizada Misión Justicia. Su objetivo es el formular “propuestas concretas para hallar soluciones de fondo a los problemas que actualmente afronta la justicia en Colombia”.
Paradójicamente, dicha iniciativa de reforma, promovida por las cabezas de la justicia, se da apenas meses después de que, en buena medida a instancias de la cerrada oposición de los altos magistrados, se hundió la columna vertebral de la reforma del equilibrio de poderes, sin duda la más profunda que se había realizado en décadas para corregir algunos de los pecados más costosos para la imagen de esta rama del poder público.
También sigue fresco en la memoria de los colombianos el recuerdo del muy bochornoso espectáculo, calificado incluso de “vergüenza histórica”, con el que se le dio un entierro de quinta categoría al intento reformador del 2012. Una serie de puntos en ella incluidos, que dejaban la impresión de un Congreso que legislaría con nombre propio, llevaron al presidente Juan Manuel Santos a objetarla y convocar sesiones extras con el único fin de sepultarla definitivamente.
De vuelta con este nuevo envión, se puede decir que cuenta con un temario amplio, que incluye el compromiso de buscar soluciones efectivas de problemas estructurales como la paquidermia judicial y la falta de credibilidad de los colombianos en sus instituciones.
Es verdad que lograr mayor eficiencia, más que grandes reformas, demanda una mayor voluntad para usar las herramientas actuales en pos de tal objetivo. Esto para que al ciudadano no lo invada esa sensación, mezcla de frustración e impotencia, tan dañina en general para la legitimidad de todo el Estado, que sobreviene cuando, al recurrir a un despacho, en lugar de respuesta se encuentra una densa maraña burocrática. Y no solo afecta la legitimidad, estamos ante un mal que es también pesado lastre para el desarrollo de un país y, en consecuencia, para que más ciudadanos gocen de condiciones dignas de vida.
Debe añadirse que tras tantos intentos fallidos, los diagnósticos abundan. No hay duda a estas alturas sobre cuáles son los males, e incluso hay consensos respecto a los procedimientos por aplicar. Lo anterior para señalar que el principal obstáculo que deberá superar este esfuerzo es el de la demostrada reticencia –basta ver el rosario de fracasos de los esfuerzos precedentes de reforma– de algunos en las cortes para aceptar que ciertos privilegios de los que hoy gozan no son compatibles con un país moderno. Dicho de otra forma, las altas esferas de la Rama no pueden ser más una casta.
Se trata, en suma, de una iniciativa necesaria, que el país entero debe apoyar. Un espaldarazo, en el entendido de que una mejor justicia es base infaltable para consolidar el país moderno e incluyente que solo garantiza un sistema judicial cumplido y creíble. De nuevo, como tantas veces lo hemos afirmado, sin este requisito la paz estable y duradera permanecerá como utopía.
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