El Gobierno, a través del ministerio de Medio Ambiente y de la Agencia Nacional de Minería (ANM), mostró su preocupación por el reciente fallo de la Corte Constitucional que les da vía libre a los municipios para que decidan si quieren que haya desarrollos mineros en sus territorios, aunque destacó que respeta la decisión del máximo tribunal.
Luis Gilberto Murillo, ministro de Medio Ambiente, señaló al respecto que aun cuando acata la decisión de la Corte, considera que “dejar esa decisión sobre la conveniencia del desarrollo de una industria tan importante en municipios, desde el punto de vista ambiental, no es la ruta más conveniente para el país”.
Como se recuerda, en un fallo conocido el martes de esta semana, la Corte Constitucional protegió el derecho de los habitantes del municipio de Pijao (Quindío) a expresarse, a través de una consulta, sobre un proyecto de minería en su territorio. En su decisión, el alto tribunal confirmó, además, que las cabeceras municipales pueden oponerse a su ejecución.
Murillo señaló que estos entes territoriales no tienen la información técnica de detalle para determinar si debe hacerse minería o no en sus territorios, más allá de si se prefiera o no esa actividad.
Explicó, además, que un fallo de esa naturaleza genera mucha incertidumbre e insistió en que el Gobierno ha venido mejorando la política ambiental de control a la minería. (Además: Gremio minero rechaza fallo que permite a municipios prohibir minería)
En la sentencia proferida por la Sala Sexta de Revisión del máximo tribunal se precisa que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medioambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.
Cambio de postura
También la Agencia Nacional de Minería (ANM) manifestó su preocupación por la decisión de la Corte Constitucional, en la medida en que el tribunal estaría definiendo aspectos que deben tramitarse por ley.
Su presidenta, Silvana Habib Daza, señaló que si bien se respeta la decisión judicial, sobre la cual habrá acciones de la entidad, hay una preocupación por el cambio en la posición de la Corte Constitucional, toda vez que en fallos pasados había hecho un llamado a cumplir con los principios constitucionales de concurrencia, subsidiaridad y coordinación, pero ahora les está asignando competencias a los municipios a través de sus fallos, cuando estas deben tramitarse mediante leyes orgánicas. (Lea también: 'No defiendo los intereses de Anglogold Ashanti')
“En el marco legal de una acción de tutela, la Corte Constitucional está resolviendo asignar una competencia, cuando lo que se buscaba era la garantía de un derecho de participación ciudadana, y la Corte resuelve asignar una competencia a los entes territoriales. Esta competencia sería la de prohibir la actividad minera”, agregó .
Según Habib, como se han hecho con los diversos fallos, la decisión será revisada por el equipo jurídico de la ANM, con el fin de determinar cuál acción se puede interponer para que la Corte tenga en cuenta los argumentos de que, para hacer primar una competencia sobre otra primero, tiene que hacerse por ley orgánica.
“Queremos entender si la Corte sigue con la posición de que deben concurrir las competencias”, indicó.
Y agregó que la inversión extranjera directa, que en minería es el 4,5 por ciento del total, siempre pide reglas claras, por lo que esos cambios de postura generan incertidumbre.
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