Impunidad. El paso de los años ha hecho que este monstruo, tan corriente en Colombia, se empiece a cernir sobre las víctimas del deslizamiento del barrio Cervantes, que acabó con la vida de 48 personas.
Sus abogados y la Fiscalía están ya en una carrera contrarreloj contra la prescripción de algunos delitos en los que habrían incurrido exfuncionarios del Municipio y la empresa Aguas de Manizales, por sus posibles omisiones y negligencias que habrían impedido la prevención de la tragedia.
A partir del quinto aniversario de la emergencia, que se cumplirá el 5 de noviembre, será imposible imputar las conductas de lesiones personales culposas y daño en bien ajeno. Por eso, la audiencia judicial citada para este jueves a las 8 de la mañana podría ser la última oportunidad para hacerlo.
Aunque las acusaciones más graves seguirían en pie porque sus términos de vencimiento son más largos, las víctimas “no queremos que eso prescriba ni que la justicia vaya a caer en un juego que permita una estrategia dilatoria”.
Así lo manifiesta Luis Fernando Rodríguez, uno de los voceros de quienes perdieron a sus familiares, casas y enseres esa madrugada sabatina de 2011, cuando el barrio de ladera se vino abajo por una avalancha que, según un estudio de la Universidad Nacional, fue causada por la ruptura de un tubo madre del acueducto, que debilitó el terreno.
El daño fue reportado varias veces desde las 3 y media de la mañana, pero nadie suspendió el servicio ni llegó a repararlo a tiempo. Tres horas más tarde, el desastre estaba consumado y, cinco años después, tiene a tres directivos de Aguas de Manizales de la época en el banquillo de los acusados.
Según el abogado José Hernando Jiménez Mejía, apoderado de las víctimas, “existe suficiente material probatorio para inferir la autoría y participación de los exfuncionarios” en las conductas delictivas relacionadas con el derrumbe.
Pero, además, la imputación de cargos permitiría un plazo de 90 días más para que sean vinculados al proceso otros empleados públicos de ese entonces, no solo del acueducto sino también del Municipio. Según Rodríguez, estos “pueden tener incluso más responsabilidad que la gente de Aguas”.
Las víctimas califican como “dilaciones”, por ejemplo, el aplazamiento de una audiencia programada el mes pasado para la imputación, que no se pudo hacer porque dos de los acusados se excusaron y no fueron.
Otra razón por la que ha tardado la imputación penal, según Jiménez, es que en diciembre “se frustró” la conciliación para la reparación de las víctimas, por una polémica decisión del alcalde saliente, Jorge Eduardo Rojas, que hoy es el ministro de Transporte.
En un proceso administrativo paralelo, todavía se busca conciliar. Pero este ya no afectaría el rumbo del caso penal.
MANIZALES