Una vez superada la conmoción por el triunfo del No, por escasa mayoría, y conocidas las reacciones de los negociadores de dar cumplimiento al cese del fuego bilateral y definitivo –“la paz con dignidad llegó para quedarse”, declararon las Farc–, es oportuno hacer algunas reflexiones sobre la Constitución de 1991 y los acuerdos de paz.
En 1991 se pactó el acceso a la propiedad de la tierra por los campesinos, así como a educación, salud, vivienda, seguridad social, crédito, comunicaciones, comercialización de productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar su ingreso y calidad de vida. Estos compromisos constitucionales se traducen en medidas acordadas por el Gobierno y las Farc, para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.
Los acuerdos abundan en compromisos para asegurar la participación ciudadana en la planeación, la determinación de usos del suelo, el control social, la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos, el derecho de expresión de las organizaciones en los medios, todos principios constitucionales. El programa de sustitución de cultivos ilícitos y de desarrollo alternativo con sostenibilidad ambiental, componente de la Reforma Rural Integral, se construirá de manera concertada en cada territorio.
El acuerdo retoma el estatuto de la oposición, ya previsto en la Carta, así como reformas para la transparencia y la mayor participación electoral, y garantías de seguridad para ejercer la política. Se prevén circunscripciones para la elección de 16 representantes a la Cámara, por dos períodos, para habitantes de territorios afectados por el conflicto, o desplazados. La insistencia de los acuerdos en la participación política y social de la mujer debe reflejarse en la representación paritaria, para que no quede en simple retórica la garantía constitucional. Los incrédulos sobre la entrega de armas pueden estar tranquilos, además, porque el recibo del armamento estará a cargo de la ONU.
Las Farc nacieron como un grupo con objetivos políticos que no fue derrotado militarmente, por lo que fue necesaria una negociación, y para que continúen su lucha, con el uso de la palabra, se les garantiza un mínimo de cinco curules, en Senado y Cámara, durante dos períodos.
Los instrumentos acordados de justicia transicional son propios de las negociaciones que han puesto fin a conflictos internos y han sido utilizados con éxito en otros países, cuyo eje central son los derechos de las víctimas.
Serán amnistiables solo los delitos políticos y conexos, pero no los de lesa humanidad, ni el genocidio ni los crímenes de guerra. La Jurisdicción Especial de Paz obedece al respeto al derecho de las víctimas a una justicia pronta y cumplida, con jueces especializados en estos procesos. Sí van a imponerse sanciones, según el grado de verdad, la gravedad de la conducta, el nivel de participación y responsabilidad, los compromisos sobre reparación y garantías de no repetición. La Comisión de la Verdad busca que se conozca lo ocurrido y garantizar la participación de las víctimas y su dignificación.
Varios puntos de los acuerdos no fueron objeto de críticas en la campaña al plebiscito, por lo cual las comisiones deberían concentrarse en los aspectos susceptibles de ajuste o aclaración. Los acuerdos sobre cese del fuego bilateral y definitivo, dejación de armas, reparación de víctimas, entrega de niños, desminado, búsqueda de desaparecidos, respaldados en el Derecho Internacional Humanitario, son de urgente aplicación.
El acuerdo de paz se inspiró en la Constitución de 1991, y el desafío ahora es hacer realidad el Estado social de derecho. El clamor de las marchas cívicas de jóvenes y ciudadanos demuestra la voluntad de ‘Acuerdo ya’, de hacer realidad el compromiso de construir la convivencia, de rodear a las víctimas.
María Teresa Garcés
* Constituyente, miembro de La Paz Querida