Con el paso de los días se han venido decantando las cosas en el ambiente político colombiano. El triunfo del ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre, el encuentro entre el presidente Santos y el expresidente y senador Álvaro Uribe y la concesión del premio Nobel de la Paz al jefe de Estado han consolidado una nueva situación política en el país.
La semana pasada, desde esta misma columna, aclaré que el pueblo colombiano había planteado un rechazo a la decisión política de paz del presidente Santos, pero también dije que el acuerdo seguía existiendo por razón de que el pronunciamiento no se dio en el ámbito de un referendo, es decir, no se rechazó ni se aceptó una norma jurídica específica.
Sin embargo, no se pueden desconocer los hechos. El voto mayoritario fue negativo y esto impone un mandato de corrección de ese acuerdo firmado por el Gobierno y las Farc. Por ello, el Presidente se propuso escuchar, como debe ser, a los diferentes voceros del ‘No’ para proceder a determinar los temas que deben ser llevados a la mesa de negociación y así incorporarlos al texto convenido entre las partes. De esta manera, se construiría un acuerdo diferente al afectado por la decisión del 2 de octubre.
En el marco de esta coyuntura política, las partes redactaron el comunicado conjunto n.° 2 del 7 de octubre del 2016, en el cual señalaron que una vez tuvieran el nuevo acuerdo, seguirían los caminos jurídicos fijados por la sentencia de la Corte Constitucional C-379 del 2016 (pág. 332) para darle eficacia jurídica a la decisión del pueblo.
De esta sentencia se destacan dos alternativas. En primer término, volver a someter el acuerdo a un plebiscito con los ajustes planteados y aceptados por quienes lideraron el voto del ‘No’ el 2 de octubre. Con esta alternativa, Santos buscaría el apoyo político por parte de los colombianos en las urnas y habilitaría el acto legislativo n.° 1 del 2016, toda vez que el artículo 5 de esa reforma constitucional indica que su vigencia surgiría a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final.
Sobre este acto legislativo existe una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Centro Democrático, indicando que los procedimientos ‘fast track’ y el trámite legislativo sustituyen la Constitución Política de 1991.
La ventaja de rehacer el plebiscito es que el pueblo legitimaría el acuerdo en las urnas, dándole sentido al principio de ‘democracia participativa’, lo cual otorgaría carácter vinculante en términos del mandato político del pueblo y habilitaría un procedimiento legislativo rápido para la implementación. Las desventajas tendrían que ver con el costo de la iniciativa (280.000 millones de pesos) y la impopularidad del presidente Juan Manuel Santos, la cual podría generar una nueva derrota en las urnas, dejando al país a la deriva.
Un segundo camino sería por medio del Congreso de la República. En este caso, una vez se incorporen los ajustes del nuevo acuerdo, el Presidente buscaría su implementación por el Legislativo sin la existencia de procedimientos especiales. La ventaja de esta decisión tiene que ver con la participación de todas las fuerzas políticas, sin restricción alguna, en la implementación del acuerdo. La desventaja estaría en la demora en el trámite legislativo, que podría hacer que el proceso se mezcle con el próximo periodo electoral.
Habrá que ver qué decisión toma el Presidente teniendo en cuenta lo ocurrido en la semana esquizofrénica que acabamos de vivir. Hechos nuevos como la concesión del Premio Nobel de Paz al Presidente Santos, la entrevista de uno de los gerentes de la campaña del NO, Juan Carlos Vélez diciendo que hubo estrategias mentirosas en la campaña y las multitudinarias marchas y protestas pidiendo la paz, podrían llevar al Presidente a creer que un nuevo plebiscito es la alternativa.
La senda que debe recorrerse depende de la decisión del presidente Santos como jefe de Gobierno y de Estado. Las víctimas, los estudiantes, los trabajadores y la ciudadanía activa se encuentran en las calles esperando respuestas. El presidente Santos y la oposición deben tener la grandeza de pensar en el derecho a la paz de las nuevas generaciones y no en la articulación partidista de las próximas elecciones.
Francisco Barbosa
* Ph. D. en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia) y docente en la Universidad Externado.
Twitter: @frbarbosa74