El Gobierno británico afronta a partir de mañana un proceso en el Tribunal Superior que puede obligarle a someter a votación en el Parlamento la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) antes de activar la desconexión con el bloque comunitario.
En dos cesiones previstas para el jueves y el próximo lunes, varios ciudadanos británicos, incluida una iniciativa financiada a través de internet bautizada como "People's Challenge" ("El reto del pueblo") desafiarán la postura del Ejecutivo británico respecto al "brexit".
El Gobierno de la primera ministra, Theresa May, considera que tras el referéndum del 23 de junio tiene potestad para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que activa la cuenta atrás de dos años para dejar la UE.
Los ciudadanos que han recurrido a la Justicia consideran, en cambio, que el poder Ejecutivo debe consultar a las cámaras parlamentarias antes de modificar el estatus internacional del Reino Unido.
El fiscal general para Inglaterra y Gales, Jeremy Wright, que defenderá la postura del Gobierno ante el juez, ha sostenido que "el país votó a favor de abandonar la Unión Europea en un referéndum aprobado por el Parlamento".
"No deben producirse intentos para seguir en la Unión Europea, ni intentos de volverse a unir por la puerta de atrás, ni un segundo referéndum. No creemos que este caso tenga sustento legal. El resultado del referéndum debe ser respetado", afirmó. Gina Miller, empresaria británica que ha contratado a un bufete de abogados para abrir el proceso contra el Gobierno, afirmó que la iniciativa trata de acabar con "un entorno legal en el que la prerrogativa real (del Ejecutivo) puede pasar por encima del Parlamento, y retirar o difuminar derechos".
Otra de las iniciativas ciudadanas que el Tribunal Superior evaluará a partir de mañana está liderada por Grahame Pigney, británico afincado en Francia que junto con el gibraltareño Paul Cartwright organizó una campaña "online" para recaudar fondos y sufragar los gastos del proceso legal.
"Fue el Parlamento quien garantizó ciertos derechos, y debe ser el Parlamento el que decida cuándo, cómo y bajo qué circunstancias nos son retirados", señalo el británico.
La tercera iniciativa que evaluará la Justicia a partir de mañana fue puesta en marcha por un bufete de abogados a expensas del peluquero Deir Dos Santos, quien considera que "el resultado del referéndum no es legalmente vinculante, sino tan solo consultivo".
Los partidos de la oposición se han mostrado asimismo favorables a que el Parlamento deba dar el visto bueno antes de iniciar las negociaciones formales para dejar la Unión Europea.
En un debate en los Comunes el lunes, el portavoz laborista sobre el "brexit", Kery Starmer, argumentó que "negociar y firmar un acuerdo (con Bruselas) sin que esté involucrado el Parlamento no es la forma de devolver la soberanía" al Reino Unido, un punto de vista que secundaron los liberaldemócratas y el Partido Nacionalista Escocés (SNP).
"Ni aquellos que votaron por permanecer (en la UE) ni aquellos que votaron por salir dieron al Gobierno un mandato para darle un hachazo a nuestra economía", dijo Starmer, que instó al Ejecutivo a consultar con los diputados los términos sobre los que espera negociar con Bruselas antes de iniciar la desconexión.
El ministro para el "brexit", David Davis, recalcó, por su parte, que la activación del artículo 50 es una prerrogativa del Gobierno "en opinión de todos los abogados" con los que ha consultado su departamento.
El asunto "será decidido en los tribunales", sentenció Davis, que pidió a los laboristas que respeten el dictamen de los jueces. La decisión del Tribunal Superior podrá ser recurrida ante la Corte de Apelaciones o el Tribunal Supremo, que podría dictar un fallo definitivo antes de fin de año.
El Gobierno británico avanzó la semana pasada que planea activar el artículo 50 antes de que termine el primer trimestre de 2017.
Londres (EFE).
