Una licitación por 5.400 millones de pesos que estaba lista para ser adjudicada por parte del hospital San Rafael de Fusagasugá para la ampliación de su sede se cayó, luego de las alertas que emitió el contralor de Cundinamarca, Ricardo López, por presuntas irregularidades en el proceso.
Con estos recursos de la convocatoria pública 001 del 2016 se pretendía construir el Centro de Atención Prioritaria (CAP) de ese municipio. El proyecto contemplaba una estructura de tres pisos. Uno de ellos era un sótano para el archivo; en el segundo habría atención de consulta externa, y en la tercera planta, consultas y administración. Además, complementaría los servicios médicos que ofrece el hospital.
Sin embargo, según la Contraloría de Cundinamarca, los términos para la adjudicación del contrato fueron muy cortos.
Según el ente de control, la licitación fue publicada el 30 de septiembre y hasta el 6 de octubre se podían presentar las empresas interesadas en la oferta y que cumplieran los requisitos, pero solo hubo un oferente.
“En la página web se registró la publicación de la evaluación y verificación de la única propuesta que se presentó, y lo más desconcertante es que la adjudicación estaba prevista para el 11 de octubre (este martes)”, dijo López Arévalo.
Ante las insistentes advertencias de la entidad por presunto detrimento patrimonial, así como de la Gobernación de Cundinamarca y de la Alcaldía de Fusagasugá, la licitación finalmente fue retirada.
Según argumentó el contralor departamental, la convocatoria para un contrato de esta magnitud solo iba a contar con cinco días hábiles para estudiar las propuestas, “aspecto que impediría la participación en igualdad de condiciones a un número plural de proponentes y así presentar una oferta idónea, estructurada y garante de los fines de la contratación”, indicó López.
‘Persecución política’
Hacia las 4:40 de la tarde del pasado lunes, la gerente encargada del hospital San Rafael de Fusagasugá, Gladys Marcela Ulloa, solicitó retirar la licitación y renunció a su cargo en la institución pública, que ejercerá hasta este viernes.
“Yo no tengo nada que esconder. La Contraloría me está haciendo una persecución política. Lo que están haciendo es que me vean a mí como una ladrona”, aseguró Ulloa, quien señaló que no continuará en la gerencia del hospital, pese a que su cargo iría hasta el 28 de octubre, cuando se nombre el nuevo gerente.
Según Ulloa, “nos tocaba licitar porque se iban a retirar 3.700 millones de pesos para el proyecto del municipio, porque fueron entregados en el 2014 y no había comenzado, aunque se habían hecho dos veces los estudios y se habían actualizado los precios. Ahí no había ningún problema”.
La funcionaria defendió la licitación que iba a realizar e indicó que la retiró por presión de varios funcionarios. “Si había alguien que sabía de construcciones en salud, pues se presentaba y listo. Hay muchas obras que son licitadas pero los contratistas no tienen conocimiento. Nuestros requisitos eran idóneos”, concluyó Ulloa.
BOGOTÁ
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