Regina Monteiro fue servidora pública de São Paulo (Brasil), además de activista social en defensa del espacio público. Gracias a su gestión en la administración pública, logró que la alcaldía de su ciudad impulsara la promulgación de la ley Ciudad Limpia, gracias a la cual, en el 2006, fueron desmontadas 13.000 vallas y avisos publicitarios que contaminaban esa megalópolis de 5.000 kilómetros cuadrados.
Fue un trabajo de choque, que comenzó desde 1993 con la creación del Instituto de las Ciudades, una asociación de barrios para defender sus intereses.
En ese año estuvieron cerca de que se aprobara la ley, pero les faltó respaldo político. Solo hasta el 2006 lograron convencer al mandatario entrante, Gilberto Kassab, para que se comprometiera con la idea. Después de aprobada la ordenanza, en seis meses la ciudad cambió su imagen.
Multinacionales y empresas fueron obligadas a desmontar sus avisos, que incluían luces de neón y ubicación en favelas (zonas deprimidas). Desde entonces, solo el espacio público pudo ser utilizado para estas piezas publicitarias. “Porque la ciudad limpia es un derecho y todos deben tener el derecho a la dignidad, debíamos ser radicales. La ley decía no a las vallas en espacios privados, eso no se prestaba a interpretaciones”, expone la activista, que asiste a la Cumbre Mundial de Alcaldes para compartir su conocimiento.
Tras la puesta en marcha de Ciudad Limpia, solo se permite que los avisos de cada local comercial o empresa tengan dos tamaños puntuales, lo cual permite que la ciudadanía pueda identificar si se cumple o no la legislación. “Cuando la gente tiene elementos precisos para evaluar, es más fácil que denuncien”, dice la experta.
EL TIEMPO