Lo que la ONU preveía como una operación de terreno ejemplar tiene el potencial de convertírsele en un atolladero. Si la negociación no se destraba pronto, podríamos ver la salida de los observadores internacionales.
Toda misión de ONU tiene una base jurídica; la de Colombia perdió la suya cuando se anunciaron los resultados del plebiscito. La presencia de la ONU depende de la vigencia del texto firmado por el Gobierno y las Farc. Las Resoluciones 2261, del 25 de enero de 2016, y 2307, del 13 de septiembre de 2016, que dieron vida a la misión, la ubican en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Hoy, éste quedó en suspenso y las resoluciones de la ONU tambalean.
Jean Arnault, jefe de los observadores, lo tiene claro y partió para Nueva York con un solo mensaje. "Que sigan con su apoyo y que autoricen que la misión colabore con el cese del fuego”, anunció, refiriéndose al Consejo de Seguridad. El funcionario de ONU pidió la prolongación del cese por el tiempo que sea necesario.
El cese bilateral está asegurado hasta el 31 de octubre como medida excepcional y transitoria. Las ganancias humanitarias resultaron evidentes. El Centro de Análisis de Recursos del Conflicto reportó, en septiembre pasado, un cumplimiento íntegro de ambos lados. Las movilizaciones de estos días defendieron el silencio de los fusiles.
Al cese le surgieron defensores sorprendentes. Cuando el fin de la guerra fue decretada, Álvaro Uribe aseguró que constituía una falsa ilusión, una claudicación ante las Farc, una entrega del país. Para Martha Lucía Ramírez, el cese se dio de manera “prematura y equívoca”. Alejandro Ordoñez decía que una tregua bilateral sería “un gravísimo error”. Hoy todos lo reclaman.
Los líderes del No saben que los muertos producidos por un retorno a las armas estará en sus cabezas y quieren demorar la adopción de un nuevo texto cuanto sea necesario para la concreción de sus ambiciones políticas en la calma que produce la paz y no la zozobra que conlleva la guerra. El presidente Santos es víctima de su propio éxito.
La ONU entregó un sello de legitimidad al proceso de paz y los opositores la condenaron por ingenuidad y oportunismo. Todos la quieren ahora. Álvaro Uribe hasta afirmó que su permanencia depende solo de la buena voluntad de la Organización. No es así de simple.
El despliegue de una operación está en manos de los miembros del Consejo de Seguridad, no de la Secretaría General. No está claro que los gobiernos apoyen una misión inserta en un proceso de paz sin líneas definidas de tiempo. Algo de espacio darán a la negociación, pero no entregarán un cheque en blanco. De los múltiples fracasos del mantenimiento de paz, los Estados miembros y la Organización han aprendido los riesgos de sostener mandatos limitados y poco claros en situaciones inestables.
De otra parte, la verificación de un cese bilateral, cuando no existe concentración de la guerrilla, aumenta los desafíos. ¿Cómo se podrá mantener a los guerrilleros en las zonas de pre-agrupamiento?
La Comisión Quinta de la Asamblea General debía ocuparse en estos días del financiamiento de la misión. Hasta ahora, está siendo solventada mediante fondos directos de la Secretaría General, escasos, por cierto. De continuar, la misión requiere de recursos propios del presupuesto general, difíciles de obtener en medio de semejante incertidumbre.
Así las cosas, la presencia de la ONU dista de estar garantizada. El Consejo de Seguridad necesita recibir señales claras. El tiempo corre.
Laura Gil
