Las entidades o personas que opten por desarrollar el negocio del crowdfunding no la tendrán nada fácil, pues el Gobierno ya tiene delineada lo que será la normativa para meter en cintura esta actividad que viene creciendo de manera exponencial.
Por eso, como punto de partida, advierte que esa actividad solo podrán ejercerla entidades que estén sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, por lo que en consecuencia tendrán que tener sede en Colombia, contar con licencia, cumplir con requisitos de capital mínimo, efectuar reportes de información, hacer análisis de riesgos y ajustarse a las normas sobre lavado de activos, entre otros requisitos.
Así se desprende del documento ‘Alternativas de regulación del crowdfunding’, elaborado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, conocido por EL TIEMPO.
El crowdfunding se entiende como un modelo de financiación basado en plataformas virtuales. Según el documento, antes se limitaba a modelos de donación o recompensa de iniciativas sociales o artísticas, pero luego se desarrollaron esquemas de préstamos a personas y empresas; así como de valores (acciones) para financiar proyectos.
El Gobierno advierte que bajo la actual normativa financiera del país, ni la oferta de créditos ni de inversiones a través de dichas plataformas es legal hoy en Colombia.
“… de conformidad con la normatividad vigente en Colombia, de manera general, no es lícito desarrollar la actividad de crowdfunding financiero. Si bien estarían exceptuados de esta prohibición los casos específicos de esquemas cuyo modelo de operación no supere los límites establecidos en la normatividad tanto para la captación como la oferta pública de valores, en la práctica, un modelo de operación con esta limitación desvirtuaría la naturaleza masiva que persigue el crowdfunding ”, señala.
El Gobierno no desconoce las bondades de esta nueva actividad; es más, destaca su importancia en el propósito de lograr una mayor inclusión financiera y como mecanismo para facilitar financiamiento rápido y de bajo costo a las pymes, entre otros sectores.
Sin embargo, no quiere correr riesgos de que, debido a la velocidad con que crece este negocio y sus distintas ramificaciones, se quede algún frente sin control, razón por la cual las normas que prepara el regulador prometen ser bastantes rigurosas.
Las cifras hablan por sí solas. El volumen de crédito otorgado a través de esas plataformas virtuales en el mundo pasó de 6,4 billones de dólares en 2013 a 34,4 billones el año pasado y se estima que este podría llegar, a la vuelta de un par de años, a 70 billones, según datos de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) recogidas en el documento.
Citando otras fuentes del mercado, agrega que solo el año pasado unas 140.000 mipymes obtuvieron financiación a través del crowdfunding en el continente americano, más del 98 por ciento mediante crédito, en tanto que el número de plataformas pasó de 450 portales activos en el mundo en el 2012 a más de 2.000 el año pasado, la mayoría de los cuales están en Europa (48 por ciento) y Estados Unidos (30 por ciento).
La propuesta
Lo primero que se propone el Gobierno frente a esta labor es adoptar una definición del crowdfunding financiero que “lo identifique como una actividad que canaliza recursos de varios individuos para financiar proyectos o negocios, con el propósito de obtener una rentabilidad”, lo que permitiría un desarrollo más ordenado de la figura.
La Superfinanciera, tal como se dijo, será la encargada de vigilar a estos agentes, que requieren de una licencia para operar.
Para obtenerla tendrán que demostrar capacidad suficiente para: analizar y calificar los riesgos de crédito del proyecto por financiar, promocionar de forma masiva los proyectos de inversión seleccionados a través de canales y mecanismos de comunicación electrónicos, así como contar con infraestructuras adecuadas para tal fin.
Pero no es lo único, se les exigirán capitales mínimos, los cuales serán “acordes con el tamaño, naturaleza y complejidad de la actividad (que desarrollen), así como de los riesgos que administran”.
En materia de deberes, quienes opten por entrar a este mercado deben garantizar políticas de información frente a los inversionistas, usuarios, entes de control y centrales de riesgo (Datacrédito, Cifín); esto último, para mantener un control al sobreendeudamiento de los proyectos por financiar.
“La información dirigida a los posibles inversionistas debe ser objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara. La entidad deberá informar al inversionista por lo menos las características generales del esquema de financiación y de los proyectos promovidos, así como los riesgos inherentes a los mismos”, señala la propuesta.
Además de contar con sistemas de administración de riesgos, se les exigirá la adopción de metodologías para la adecuada gestión de liquidez, la evaluación y selección de riesgo de los proyectos, la prevención del riesgo operativo y del lavado de activos y financiación del terrorismo.
De igual forma, les quedará prohibido “administrar recursos de terceros, impartir asesorías o recomendaciones, adelantar actividades de estructuración de emisiones y ofrecer mecanismos de financiación”, advierte.
Aunque en la propuesta no hay fecha definida para la expedición de esta normativa, que se haría a través de un decreto, sí existe el compromiso del Gobierno de crear una subcomisión técnica de fintech para generar un espacio de diálogo entre las autoridades y el sector privado para debatir y compartir conocimiento al respecto.
También está previsto realizar este mes, en fecha por definir, un foro abierto que permita recoger visiones, propuestas y comentarios de actores tanto del sector privado como del público que contribuyan a la construcción de una propuesta conjunta, a partir de la cual se establecerían reglas de juego.
Blindaje para los recursos
El Gobierno busca cubrir todos los frentes antes de darle el visto bueno al ‘crowdfunding’, por lo que les exigirá a las entidades que entren a esta actividad que la custodia de los recursos que manejen esté en poder de las entidades del sector financiero y que haya una separación de cuentas de las entidades y de los clientes.
En la propuesta conocida por EL TIEMPO, el Gobierno también les fija límites a los inversionistas que participarán en la financiación de los proyectos, quienes, además, tienen la obligación de conocer el funcionamiento del esquema y los riesgos implícitos de esta actividad.
CARLOS ARTURO GARCÍA M.
Redacción Economía y Negocios
En Twitter: @CarlosGarciaM66