El alcalde de La Jagua de Ibirico Osman Mojica (2004-2005) tartamudeó. Algunos de los que estaban presentes dicen que sudaba de manera nerviosa, al punto del desmayo. El entonces contralor general de la Nación, Antonio Hernández Gamarra, que había llegado a los municipios carboneros de Cesar para una rendición de cuentas, le pidió al político que le justificara la diferencia de precios entre lo que pagó su administración por un paquete de galletas Rondallas y una caja de jugos Yogo Yogo, y lo que costaban estos productos en una tienda de cadena. Mojica, frente a una multitud de pobladores y funcionarios, simplemente no pudo dar una explicación coherente.
Unos días antes, el contralor Hernández verificó en un supermercado en Bogotá que estos productos apenas costaban 3.500 pesos. Cinco veces menos de lo que pagó el alcalde Mojica: 15 mil pesos. Una diferencia enorme, en un contrato multimillonario que supuestamente les proporcionaba la merienda a los niños y jóvenes que asistían a las escuelas públicas de ese municipio, incrustado en el corredor minero.
El día difícil de Mojica no paró con las preguntas del Contralor. En medio de la reunión, poco antes de presentarle sus cuentas a la comunidad, el alcalde se le acercó a una persona que era parte del Comité Local de Seguimiento a las Regalías (CSIR). Con nerviosismo, le contó que tenía un hueco presupuestal de 8.000 millones de pesos, que no sabía cómo tapar. “Me pidió que lo ayudara”, recuerda que le suplicó el político.
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Este burgomaestre, un zootecnista bonachón oriundo de Chiriguaná pero que se hizo líder en La Jagua, llegó al cargo en el 2004 con el apoyo de gran parte de la población, cansada de la corrupción y de la omnipresencia del paramilitarismo en la administración pública. Muchos recuerdan que Osman adelantó una campaña valiente, en medio de intimidaciones y amenazas.
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“Pero Osman era un tipo sin carácter”, agrega otro dirigente político que vivió de cerca esa época. Tan pronto se posesionó en el cargo, los paramilitares empezaron a intimidarlo y se acercaron a un familiar, con quien siguieron direccionando la contratación del municipio, que recibe la mayor parte de sus recursos de las multimillonarias regalías carboneras.
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La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía abrieron investigaciones contra Mojica, quien terminaría siendo destituido e inhabilitado por 12 años por el Ministerio Público por celebración indebida de contratos y falsedad en documento público, entre otros cargos.
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Mojica no sería ni el primero ni el último alcalde de la región minera condenado por corrupción. Pues en el fondo, por más que taparan huecos contables, intentaran ser discretos con sus torcidos o manipularan a pobladores con falsas excusas, el saqueo era generalizado y de frente. En la penumbra, los paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida, dirigían la operación.
Como en los otros municipios carboneros, en La Jagua los recursos de regalías empezaron a llegar a raudales a finales de la década de los 90. La producción de las minas a cielo abierto se disparó y el dinero empezó a inundar toda la zona. Entre 2004 y 2012, cuando el sistema de regalías pasó a ser controlado por el Gobierno central, el Cesar recibió más de 2 billones de pesos en regalías. De estos, un billón 147.000 millones de pesos le correspondieron a la Gobernación, 306.000 millones a Chiriguaná, 292.000 a La Jagua de Ibirico, 52.000 millones a Becerril, 62.000 millones a El Paso y 5.000 millones a Codazzi.
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Pero la llegada de la plata del carbón, en vez de ser una oportunidad histórica para superar la pobreza y las necesidades insatisfechas de la población, terminó produciendo aún más violencia. Los paramilitares llegaron a robar a manos llenas, imponiendo su ley a plomo, intimidando alcaldes, matando opositores y manipulando elecciones.
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“Lo que hicieron los paramilitares fue empoderarse en el territorio, desplazaron a las guerrillas del Eln y las Farc, y después fueron asesinando a los políticos que ellos creían que tenían alguna relación con ellos, pero detrás lo que había era que se querían apoderar de los recursos que empezaban a llegar del carbón”, dice un periodista de la zona que pidió el anonimato.
Mientras los paramilitares saqueaban de frente, los políticos contrataban obras tan costosas como inútiles. Se puede decir que la zona carbonera se convirtió en un criadero de elefantes blancos, como lo explica un exfuncionario de la Contraloría Departamental, que prefirió, como muchos, guardar el anonimato: “En esa época todos robaban. Los mandatarios se llevaban su parte, los contratistas la suya y los paras la de ellos. Se robaban 40 por ciento, 50 por ciento de las obras, por eso nunca las terminaban”.
Trabajadores sindicalistas de la Drummond han llevado a cabo protestas en la sede de la empresa en Bogotá. |
La feria del despilfarro
Muchos de esos proyectos hoy están condenados a ser una obra gris perpetua, monumentos al despilfarro, testigos de la macabra alianza entre paramilitares y políticos para atracar las regalías del carbón. El ‘tour’ de elefantes blancos empieza en La Jagua, donde se pudre la casa de la cultura, que nunca se entregó y está carcomida por la maleza y la humedad.
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Pero tal vez el contrato más controvertido en el departamento fue el que lleva el pomposo nombre de ‘Programa de transformación estructural de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento del Cesar’, que fue suscrito entre la gobernación y Aguas de Manizales, bajo el mandato de Hernando Molina Araújo. Con este proyecto supuestamente se realizarían los diseños y se garantizaría la sostenibilidad de las obras que les dieran coberturas totales de saneamiento básico a todos los municipios de Cesar.
Para ejecutar el Plan Departamental de Aguas, Molina consiguió un préstamo ante la Corporación Andina de Fomento por 4,5 millones de dólares, y para pagarlo pignoró el 12 por ciento de los ingresos por regalías de todos los municipios mineros. Se recuerda en la región que en un consejo comunitario liderado por el entonces presidente Álvaro Uribe, este amenazó con suspender el giro de las regalías si los concejos no aprobaban el plan.
Según reportó el diario ‘El Heraldo’, de Barranquilla, dicho programa nunca se ejecutó, aun así la Gobernación pagó a Aguas de Manizales el 83 por ciento de los recursos para los estudios previos, unos 8.506 millones de pesos.
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A eso hay que sumarle que entre 2002 y 2006 en Cesar se gastaron 97.000 millones de pesos en un Plan de Aguas sin que a la fecha ninguno de los 25 municipios de ese departamento tenga un acueducto de calidad, ni cuente con un servicio óptimo y continuo.
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Hoy el Cesar vive una situación compleja. Después de dos décadas de explotación del carbón, la gran minería ha transformado el departamento. Esta industria representa más del 40 por ciento de su PIB (Dane, 2013), en un sector que emplea a más de 25.000 personas. Por otra parte, sus zonas agrícolas han perdido 180.000 hectáreas y paralelamente la explotación carbonífera ya alcanza las 215.000 hectáreas. Para muchos el mineral negro, aunque omnipresente, deja un balance agridulce.
Un presente oscuro
En 2009, el Ministerio de Ambiente evaluó la calidad del aire en los pueblos que colindan con los yacimientos y exigió el reasentamiento de las veredas de Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo, al concluir que la contaminación sobrepasaba los límites permitidos. La decisión de ese ministerio les dio a las compañías Glencore, Vale, CNR (controlada por Goldman Sachs) y Drummond un plazo de dos años para llegar a una solución, pero el proceso de reubicación, que sigue parámetros del Banco Mundial, ha sido lento y complejo.
En las parcelaciones de Tucuycito y Hato La Guajira, en Becerril, ni siquiera se habla de reasentamiento, pero las consecuencias de la minería se sienten. En 2001 la mayor parte de los campesinos abandonó sus fincas por la presión paramilitar. Cuando volvieron en 2007 el paisaje estaba trasformado.
La mina de La Jagua compró decenas de predios en los alrededores en una operación que está bajo la lupa de las autoridades, e instaló sus botaderos de tierra estéril. Ahora los terrenos están cercados por la explotación carbonera.
Antonio*, un campesino empobrecido, muestra su casa resquebrajada. Culpa a las explosiones de las minas que retumban todos los días (...). Rafael, otro parcelero, vive en un cambuche de madera y plástico negro. Es todo lo que queda de su vivienda, pues dice que esta se fue “deteriorando y cayendo a pedazos”. Él está en uno de los lotes más cercanos a la explotación (...).
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Las grietas no son el único problema. Luis*, un campesino que se instaló en Hato La Guajira hace 25 años, explica que la mina vecina les cortó el flujo de agua y los caños que corrían en invierno. “Hicieron el botadero encima de un acueducto comunitario que teníamos y partieron los tubos que venían del río Tucuy”. Dice además que Corpocesar no les autoriza a construir un distrito de riego, “por las minas y los títulos que hay” (...).
En toda la región el impacto ambiental de la minería es evidente. La Drummond, para ampliar sus actividades, desvió los arroyos Caimancito, Río Viejo, Caimán y Tomascual, así como los caños San Antonio, Mocho, Aguaprieta, El Zorro y Platanal. Glencore intervino los ríos Calenturitas, Tucuy, Maracas, además del caño Ojinegro y el arroyo Caimancito, mientras que la Coalcorp Colombia hizo lo propio con el caño Bautista. En 2014 la Contraloría General también constató que Drummond desvió ilegalmente el caño Noliza y que en varias explotaciones los derrumbes interrumpieron los cauces del agua.
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Como lo han demostrado estudios de la Contraloría y de Corpocesar (Corpocesar, 2006), los fosos de perforación de carbón de hasta 140 metros de profundidad han tenido consecuencias sobre las aguas subterráneas, al actuar como desagües. La explotación además ha interrumpido, contaminado y tapado las corrientes, que son claves para alimentar pozos y acueductos rurales.
La Contraloría concluyó que estos impactos pueden ser de “carácter directo, en algunos casos a largo plazo y en algunos casos puede ser irremediables”. En otro estudio, la misma entidad encontró polución de las aguas de la zona minera con cobre, arsénico, cobalto y níquel.
Pero el agua no es la única afectada. Según la Secretaría de Salud de Cesar, el 51,48 por ciento de las personas en El Hatillo presentan algún tipo de “enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental, tales como enfermedades del sistema respiratorio, de la piel y oculares”. Cada año los médicos del hospital Jorge Torres de La Jagua atienden alrededor de 5.900 pacientes por infecciones respiratorias y en La Loma, el “60 por ciento de los pacientes que llegan al puesto de salud lo hacen afectados por estos mismos males”.
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Así, después de casi dos décadas de bonanza carbonera, se puede decir que en Cesar ha quedado muy poco de la riqueza que se ha extraído de sus tierras. Muchos coinciden en que esa bonanza ha traído más problemas que prosperidad, de la que se han beneficiado unos pocos, entre los que se cuentan los grupos armados ilegales y sus cómplices, entre ellos algunos políticos y contratistas.
La otra cara de la moneda de este departamento son municipios sin planeación, atrapados en la corrupción, que hoy no cuentan con servicios públicos como el agua potable, a pesar de que por sus arcas han pasado y se han dilapidado miles de millones de pesos de regalías mineras.
* Nombre cambiado por petición de la fuente.
CÉSAR MOLINARES Y NATHAN JACCARD