Entre las diez propuestas que el expresidente y senador Álvaro Uribe planteó para modificar el Acuerdo final de paz con las Farc, los temas de la justicia y el narcotráfico son dos de los puntos que cobran mayor relevancia.
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Las proposiciones se empezarán a discutir desde este lunes, cuando los voceros del ‘no’ se reúnan nuevamente con los delegados del Gobierno.
En primera instancia, Carlos Lozano, director del Semanario Voz, señala que las propuestas del expresidente Uribe implican un nuevo acuerdo.
“Es un replanteamiento a fondo del acuerdo final de La Habana, entonces me parece que no es serio porque se le cambia el sentido y su espíritu al acuerdo”, señala Lozano.
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En cuanto a la factibilidad de introducir algunos de los puntos que plantea el Centro Democrático, Lozano considera que son poco viables, debido a que de lo que se trata es de hacer ajustes y unos agregados que puedan mejorarlo, pero las proposiciones de Uribe son regresivas.
“Lo que pretende, en el fondo, es dilatar esperando las elecciones presidenciales del 2018, pretendiendo que ellos van a ganar y van a tener la sartén por el mango para hacer lo que les plazca no en un proceso de paz sino de sometimiento. Ninguna organización guerrillera en ningún país del mundo va a entrar en una negociación para irse a la cárcel y no participar en política, para que no se produzcan cambios sociales democráticos”, argumenta Lozano.
Narcotráfico y tiempo
De otro lado, Uribe insiste en que el narcotráfico "no debe ser calificado como delito político"; es decir, que no sea un delito conexo a los de rebelión.
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Ante este punto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, señala: “Si hay algo que ha sido conexo con el delito en Colombia es el narcotráfico. No podemos negar que el narcotráfico ha atravesado el conflicto colombiano de diversas maneras”.
De este asunto no se hace referencia en el Acuerdo final y era un tema que debía definirse en el Congreso. Sobre la posibilidad de negociar este propuesta, Llorente considera que es muy difícil porque entonces “vamos a extraditar a las Farc, ¿qué es lo que quiere Uribe?”, se pregunta.
“No entiendo la postura donde parece que es más grave el narcotráfico que los delitos graves de guerra”, agrega.
A esta posición se suma Diego Martínez, asesor jurídico de las Farc, que dijo en Noticias RCN que el delito de narcotráfico sí puede ser conexo y que cualquier solución debe darse de manera pronta.
Pero además de este tema, Llorente evidencia que lo preocupante acá es el tiempo en que se puedan llegar a negociar las proposiciones de Uribe, teniendo en cuenta que en la mesa de diálogos se tardó más de un año para llegar a acuerdos respecto a la justicia transicional y víctimas.
Justicia
Precisamente, respecto al tema de justicia, el expresidente Uribe hizo énfasis en la creación de una Sala Transicional en la Corte Suprema de Justicia, que haría las veces del Tribunal Especial de Paz, que acordaron el Gobierno y las Farc.
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Para el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar esta iniciativa podría afectar el sistema judicial. Además,indicó que los líderes del ‘no’ debieron en primera instancia analizar la realidad del país en torno a este tema, pues considera que esa sustitución no es la adecuada; también explica que con esa propuesta la justicia, que ya está colapsada, tendría más dificultades.
Por un lado, señala que la justicia penal está colapsada con un grado de impunidad de más del 90 por ciento y se debe pensar en los procesos que llegarían de las Farc. “Se ha calculado entre 15.000 y 20.000 personas a las que hay que resolverles su situación, ya sea con amnistías o condenas. Además, van a pasar 8 millones de víctimas”, dice.
Esa sustitución también daría un giro a lo que ya está planteado en La Habana, considerando que la justicia transicional debe coordinarse con los demás acuerdos para lograr, de alguna forma, la convivencia, la reinserción y la reconciliación de las personas, que es la forma de cumplir la no repetición de esas conductas.
Debido a estas circunstancias, Bernal indica que no serían viables esas propuestas como las están haciendo. “Van a hacer una cantidad de agregados que en lo que terminaría es en empeorar la justicia ordinaria y no va a servir para construir ese tránsito para recomponer el tejido social”, explica.
De los puntos revelados por el Centro Democrático, el exprocurador considera que es posible que, en caso de condena, la pena privativa de la libertad sea en sitios alternativos, como granjas agrícolas.
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Respecto a la petición de Uribe de tramitar en el Congreso una norma de alivio judicial “sin impunidad y sin igualarlos a las Farc” para soldados y policías, Martínez, asesor jurídico de las Farc, agrega que “cualquier idea de justicia debe ser para todos los actores" en el conflicto.
Entre tanto, Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, considera que “no solo es la guerrilla, acá hubo abusos del Estado, militares y otros sectores que hicieron parte del conflicto”.
“La Fuerza Pública tiene el deber constitucional de proteger la gente y cuando las armas del Estado se devuelven contra una persona es mucho más grave que cualquier persona que no es autoridad. Les van a dar el mismo tratamiento”, señala Avella, que también agrega que las propuestas de Uribe no tienen ningún asidero.
Así las cosas, el debate está abierto. Será en las comisiones de cada sector donde se definan uno a uno los planteamientos.
CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ
ELTIEMPO.COM