La advertencia no vino de cualquier voz. Nada menos que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en el marco de la reciente asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) afirmó que la envergadura de las redes y el alcance de las prácticas corruptas que hoy se registran en el país constituyen una grave amenaza para la democracia. Hay estudios que estiman que en las últimas dos décadas Colombia ha perdido por esta causa 189 billones de pesos; es decir, un 4 por ciento del PIB anual.
Martínez se refería a esa “clase emergente cuyo único ideario es el enriquecimiento desmedido a partir de la apropiación del patrimonio ajeno o del patrimonio público”.
Luego presentó una cruda radiografía de la manera como dicho cáncer ha hecho metástasis. Desde los colados del Sisbén –37,2 millones de colombianos gozan de unos beneficios que deben ser solo para los más necesitados– hasta la justicia, pasando por la corrupción privada, encarnada en quienes poseen cuantiosos capitales a espaldas de la Dian; por quienes desangran el sistema de salud y por las ‘mallas’ de contratistas regionales que, valiéndose de figuras como la contratación directa y con la complicidad de funcionarios, acechan los presupuestos locales.
Para cerrar, lanzó la propuesta de extraditar a los corruptos, como parte de una lucha global contra el flagelo. Esto es utilizar esta arma de manera análoga a como se ha utilizado en la lucha contra el narcotráfico. Es una idea que no puede caer en saco roto, pues, sin duda, en muchos casos los tentáculos de estas organizaciones criminales no conocen fronteras. Basta ver el destino, rumbo a paraísos fiscales, que suelen tomar los recursos esquilmados.
Ya llegará el momento de debatir a profundidad este asunto, mas por lo pronto no se puede caer en el error de quedarse en el árbol e ignorar el tenebroso bosque que presentó el Fiscal, ante el cual expuso el plan ‘Bolsillos de cristal’, para hacerles frente a estos delitos que, entre otras acciones, busca destinar más recursos a este propósito y priorizar investigaciones sobre casos simbólicos, tratamiento que, por supuesto, debe dárseles a todos, más allá de su visibilidad mediática.
Y es que llama la atención, sobre todo, cómo coincide la dinámica, deseable, de construir democracia y legitimidad del Estado desde lo local –que es la clave de la construcción de una paz estable y duradera– con la del avance de la corrupción. Esta también tiene su fortín en lo local y amenaza con permear otras instancias. Según el Fiscal, es muy alto el riesgo de que pronto el ámbito departamental termine cooptado por estos emporios criminales.
Es comprensible que el desafío de alcanzar la paz con las Farc haya monopolizado la atención de los colombianos en los últimos días, de ahí que este crudo diagnóstico no haya tenido la debida repercusión. Es necesario que la tenga, que el país entienda que en este frente está en juego algo tan importante como en el de la construcción de paz. Puesto de otra forma, estamos ante dos retos del mismo tamaño, de dos piezas igual de vitales en el engranaje del que depende la legitimidad estatal, el bienestar colectivo, el dejarles una mejor sociedad a las próximas generaciones.
EDITORIAL