El acuerdo de La Habana de la reforma rural integral contiene propuestas sensatas para sacar las áreas rurales del atraso histórico. Décadas de indolencia estatal, baja inversión y violencia han mantenido las áreas rurales rezagadas, con índices de pobreza de 44 por ciento frente a 15 por ciento en las áreas urbanas. La productividad agrícola es además baja, debido en parte a la limitada provisión de bienes públicos productivos. El Censo Nacional Agropecuario encontró que solo un 18 por ciento de los productores agropecuarios tienen acceso a sistemas de riego; 10 por ciento, a asistencia técnica, y 9 por ciento, a créditos formales. Invertir en las áreas rurales, promover el desarrollo rural y dinamizar la producción agropecuaria es un imperativo.
La supuesta amenaza a la propiedad privada es la principal objeción al acuerdo de la reforma rural integral por parte de la oposición. Pero esto es más un mito, conveniente para algunos, que una realidad. El acuerdo promueve un mayor acceso a la tierra para pequeños y medianos propietarios, la formalización de predios y la restitución de tierras a las víctimas del conflicto. Los compromisos están atados a metas específicas: la asignación de 3 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras y la formalización de 7 millones de hectáreas. No existe una amenaza a la propiedad privada legítima. Las fuentes del Fondo de Tierras son las tierras de extinción de dominio, baldíos indebidamente apropiados, predios de sustracción de reservas forestales, tierras donadas y tierras expropiadas o adquiridas por la Nación. Estos mecanismos no son una subversión del orden constitucional. Solo se está echando mano de mecanismos existentes. Además, al fijar un tamaño máximo, el Gobierno Nacional no deberá recurrir a la expropiación de tierras. Deberá concentrar sus esfuerzos en tres mecanismos: extinción de dominio, recuperación de baldíos indebidamente apropiados y sustracción de reservas forestales.
Otorgar 3 millones de hectáreas a la población campesina no es un reto menor, pero no significará un cambio sustantivo en la distribución de la tierra. Hoy, el área catastral rural cubre 94,6 millones de hectáreas. Se estaría distribuyendo un 3,2 por ciento de esta área. Del área catastral rural total, 39 millones de hectáreas están en manos de propietarios privados. Los 3 millones serían equivalentes a 7,7 por ciento de la propiedad privada. Cabe anotar que solo uno de los 3 millones, las tierras de extinción de dominio, son parte de estos 39 millones. Al comparar estas cifras con la desigual distribución de la tierra, las cifras palidecen. Hoy, 236 propietarios concentran el 7 por ciento de la propiedad privada rural.
Formalizar predios no implica expropiar la propiedad privada. Es reconocer los derechos de propiedad a personas que hoy ocupan la tierra, los colonos, y la población desplazada. Cálculos recientes estiman que la población desplazada perdió cerca de 7,3 millones de hectáreas a través de procesos ilegales de despojo o abandono de la tierra; 4,6 millones de estas eran informales. Fue un robo masivo de tierras a pequeños campesinos y, esto sí, un ataque frontal a la propiedad privada.
Sin duda, será una tarea monumental. Ojalá el Estado logre llevarla a cabo. Pero esta labor no desconoce la propiedad privada. Solo plantea hacer cumplir la Constitución y las leyes derivadas de esta: hacer valer derechos de propiedad legítimos (formalización), expropiar las tierras de quienes delinquieron, con el robo de tierras a la población desplazada (restitución) y el narcotráfico (extinción de dominio) y recuperar tierras del Estado indebidamente apropiadas. ¿Es esto en realidad una amenaza a la propiedad privada? En lo absoluto.
ANA MARÍA IBÁÑEZ