Qué semanita. Ganó el No, para sorpresa general, pero el gerente de esa campaña, Juan Carlos Vélez, salió a hacer tan ridícula gala de su estrategia manipuladora que dejó muy mal parados a los ganadores. Y el presidente Juan Manuel Santos, gran derrotado en la votación, se ganó el Nobel de Paz cuando ya nadie creía en ello. Lo de Santos, claro está, también es agridulce: se puede quedar con la medalla Nobel en la estantería de su casa, mientras el proceso de paz se cierra con un fracaso.
Manipulación hubo en ambas campañas, como lo expliqué varias veces en esta columna. Y el desagrado de la gente fue tal que la participación electoral fue la más baja en 22 años. Pero los que votaron definieron, por estrecho margen, que el acuerdo entre Gobierno y Farc no puede entrar en vigor. Y eso no lo arregla ni el Nobel al Presidente.
Tanto los del Sí como los del No parecen haber entendido el mensaje: en otra sorpresa de la semana, después de seis años de insensata garrotera, Santos y Álvaro Uribe se sentaron a buscar acuerdos. Ninguno puede ponerse gallito, pues el país se lo cobraría.
La pregunta es si las Farc también entendieron. El plebiscito les hizo saber a sus comandantes que más de la mitad de los votantes consideran excesivas las concesiones otorgadas a quienes son –en unión de los jefes paramilitares– los peores criminales de la historia del país. Y que –al igual que los capos del paramilitarismo– algo de cárcel deben pagar, aun si ese castigo resulta mucho menor que el que pagan en prisiones de EE. UU. Mancuso y sus siniestros amigos, extraditados por Uribe en el 2008.
Al quedar invalidado el acuerdo en las urnas –por mucho leguleyo que diga que eso no pasó–, las Farc están obligadas a una renegociación y a aceptar que sus apartes más controvertidos sean archivados. Sobre todo el capítulo de justicia, con ese todopoderoso tribunal especial, sin vigilancia ni control, que reventaba las bases del ordenamiento jurídico. Para bien del país, esos magistrados de caprichosa elección a quienes ninguna instancia podía controvertirles sus decisiones, por muy arbitrarias que resultaran, ya no dictarán sentencia, pues ese tribunal requeriría de una complicada reforma constitucional.
Del acuerdo es posible rescatar muchos aspectos que bien pueden tener desarrollo legal en el Congreso, en los capítulos agrario, de participación política, y de seguridad y estímulos económicos para los guerrilleros que dejen las armas. En este último punto, ojalá Gobierno y opositores aprueben pronto una ley de amnistía que convenza a los 5.700 guerrilleros rasos de concentrarse, con las medidas para su protección que están en los acuerdos y, sobre todo, con la prima de 2 millones de pesos, el salario por dos años y otros beneficios que bien vale la pena mantener para garantizar que no vuelvan al monte.
En cuanto a los comandantes, no hay duda de que la posibilidad de no ir a la cárcel con una confesión general de sus crímenes, y la de ser elegidos congresistas, alcaldes y hasta presidentes, es un doble premio excesivo. Urge explorar fórmulas intermedias: que quienes quieran hacer política pasen primero un período de reclusión, aunque sea en una colonia agrícola, y que los que no quieran reclusión renuncien a la política. Que se ganen uno de los dos premios, pero no los dos.
Esto depende del acuerdo entre las fuerzas políticas. Pero depende sobre todo de que ‘Timochenko’ –candidato al Nobel con Santos, pero al final excluido– y los demás jefes de las Farc entiendan el mensaje que la democracia –imperfecta y todo, pero democracia al fin– les mandó. Si no lo hacen, les tocará quedarse en Cuba de por vida o volver al monte, donde no hay mullidas camas de hotel, ni tres comidas diarias a la carta, ni whisky ni habanos Cohiba.
MAURICIO VARGAS
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