Monserrat Oliver Grimau es una reconocida modelo, presentadora de televisión de Ciudad de México. La hermosa mujer, de 50 años, ha participado en varias novelas y en trasmisiones de eventos deportivos internacionales.
Pero su nombre también salió a relucir, hace dos semanas, dentro de una auditoría interna que realizó la multinacional mexicana Cemex por la adquisición irregular de varios bienes que hizo su filial en Colombia y que ya les costó la cabeza a tres de sus más altos ejecutivos, incluido Carlos Jacks, el presidente de la cementera para toda América Latina.
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Oliver es señalada de ser la emisaria de Francisco Garza, un alto directivo de Cemex, quien planteó el polémico negocio desde México. De hecho, la mujer viajó a Colombia, en el 2012, expresamente a traer el dosier con la propuesta, que entregó en las oficinas de Cemex en Bogotá.
Ahora, se rastrean desembolsos injustificados por 4,5 millones de dólares que Cemex Colombia hizo para cerrar ese negocio, que incluía la compra de un terreno de 409 hectáreas, el título de una mina de caliza y una zona franca en el municipio de Maceo, Antioquia, tasados en 22 millones de dólares.
Allí, Cemex levanta su más moderna planta que le permitirá producir un millón de toneladas de cemento al año. Y para ello ya ha invertido más de 360 millones de dólares, hoy en el limbo.
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EL TIEMPO reveló en mayo, que las tierras negociadas por la poderosa multinacional están en proceso de extinción de dominio por aparecer vinculadas a José Aldemar Moncada, un empresario de la chatarra condenado por estafar a la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian), y asesinado hace cinco meses por sicarios.
La publicación aceleró la auditoría interna, la cual fue leída en secreto el viernes 23 de septiembre en una oficina de la firma de abogados Holland & Knight’s. Durante tres horas, el jefe de control interno de Cemex, Ricardo López, y el abogado corporativo, Ramiro Villarreal, le revelaron al presidente para América Latina cinco maniobras que buscaban asegurar la propiedad de los bienes, a pesar de los líos judiciales y de que violaban su código de ética, prendiendo alarmas sobre posible lavado.
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Dos cartas perdidas
Luego de eso, a Jacks y a otros dos altos ejecutivos –el vicepresidente de planeación Édgar Ramírez, y el jurídico, Camilo González–, Cemex les quitó celulares y computadores, les pidió renunciar y sus oficinas están bajo custodia.
Según la auditoría, ya se probó que la propuesta de comprar los polémicos bienes llegó desde México.
“Ahora estamos verificando el papel que jugaron tanto Francisco Garza, entonces alto ejecutivo del grupo Cemex, como la presentadora”, explicó un investigador.
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Saben que ella es pariente de la esposa de Garza y que fue quien presentó al empresario colombiano Eugenio Correa ante Cemex.
Correa es clave en la historia porque aparece como intermediario entre la multinacional y la familia Ochoa Restrepo, un clan que asegura ser el único propietario de los terrenos, del título y de la zona franca, a través de C. I. Calizas y Minerales S. A.
Sin embargo, la Fiscalía dice tener evidencia de que el chatarrero Moncada invirtió en el negocio con los Ochoa parte del dinero robado a la Dian y que puso como representante de C. I. Calizas y Minerales a uno de sus cómplices en el saqueo al fisco: Carlos Betancur Penagos.
El 7 de julio del 2014, cuando la Fiscalía ya había incautado los bienes negociados por la cementera, el mexicano Garza renunció tanto a su cargo de consejero asesor para América Latina como al de gerente general para relaciones institucionales.
Para ese momento, Cemex ya había desembolsado 10 millones de dólares, con los que selló el negocio y levantó un embargo. Pero la auditoría encontró los giros adicionales, por 4,5 millones de dólares, sin justificación.
El dinero fue transferido, a través de tres giros electrónicos, a una cuenta del intermediario Eugenio Correa.
En este punto llama la atención que Cemex siguió desembolsando plata, a pesar de que la Fiscalía le envío una comunicación a Carlos Jacks, en mayo –luego de las revelaciones de EL TIEMPO–, en la cual le pide congelar cualquier negocio con Correa. Pero Jacks le dijo a la auditoría que nunca conoció esa carta.
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Y no fue la única que no le llegó. Supuestamente, hay otra en la cual los Ochoa aseguran que la plata del negocio no les había sido girada, versión que rectificaron esta semana.
La auditoría de la cementera también halló anomalías en la compra de otras 400 hectáreas, vecinas a la planta de Maceo, que costaron 1,5 millones de dólares.
Cemex usó al mismo intermediario –Eugenio Correa– para adquirir esos predios y descubrió que aún no le han sido siquiera traspasados.
Cuando se preguntó por qué las escrituras aún no estaban a nombre de la cementera, la respuesta fue que querían ahorrarse el pago de la ganancia ocasional y que estaban a la espera de abrir una fiducia para manejar las tierras.
¿Contactos indebidos?
De manera paralela, la cementera ordenó chequear a al intermediario Eugenio Correa y descubrió que tenía al menos una investigación en la Fiscalía y que al vicepresidente de planeación de Cemex, Édgar Ramírez, le aparece un patrimonio que llamó la atención.
Fuentes enteradas confirmaron que Ramírez tiene 3,5 millones de dólares en activos; dos transferencias recientes por 300.000 dólares y 10 tarjetas de crédito que manejan saldos de cerca de 70 millones de pesos mensuales.
El reputado penalista Iván Cancino, abogado de Ramírez, aseguró que todos los bienes de su cliente son justificables y que se trata de un ejecutivo exitoso que está en Cemex desde 1996, cuando esta compró Cementos Diamante. Además, hay documentos en los que consta que informaba a México y a Jacks los pormenores del negocio en Maceo.
En cuanto a la salida de Camilo González, vicepresidente jurídico de Cemex, está relacionada con que fue él quien propuso, luego de la incautación de los terrenos, que Cemex se los arrendara a la Dirección de Estupefacientes –hoy Sociedad de Activos Especiales (SAE)–, por un millón de pesos al mes.
De hecho, después de la carta de la Fiscalía, González y Eugenio Correa fueron a la SAE para que les vendieran los terrenos. La cita aparece solicitada a nombre de un congresista de Antioquia.
González también tuvo contacto con abogados del chatarrero que buscaban audiencia para notificarle que los terrenos y la mina iban a ser usados para indemnizar a la Dian.
Además de la conducta de González, también se indaga un viaje a China que hizo el presidente de Cemex para América Latina, Carlos Jacks, junto con Eugenio Correa. Estuvieron con sus parejas en Pekín y Shanghái.
Los implicados no pueden dar declaraciones y la cementera no hace comentarios: “Lo único que puedo decir es que el caso está en manos de la Fiscalía y que se seguirá aportando lo que se vaya encontrando”, dijo Jaime Granados, abogado de Cemex.
‘Solo se violó el código de ética de la compañía’
Eugenio Correa Díaz le hizo saber a EL TIEMPO que ya estuvo en la Fiscalía solicitando una certificación de antecedentes y que solo tiene una investigación, archivada, por el supuesto uso del nombre de una compañía. Además, que es un empresario correcto, que incluso hace aportes a campañas políticas.
De hecho, Óscar Julián Guerrero, su abogado, agregó que su cliente ha honrado todas las obligaciones que tenía con Cemex y la familia Ochoa. Además, que los 4,3 millones de dólares que supuestamente no aparecen justificados se usaron para sanear problemas que tenían los terrenos.
“También se le entregaron a Cemex todas las escrituras de los predios aledaños que el señor Correa negoció para ellos. Aquí no hay irregularidades”, explicó Guerrero.
El penalista añadió que lo único que se violó fue el código de ética de la multinacional, el cual prohíbe el uso de tercerías o intermediarios para adelantar negocios y más aún si prenden las alarmas sobre posible lavado de activos.
Al respecto, el abogado advirtió que la extinción de C. I. Calizas y Minerales S. A. y del terreno, por sus nexos con el chatarrero asesinado Aldemar Moncada, todavía está en proceso. De hecho, voceros de la familia Ochoa aseguran que Moncada salió de la compañía y que se le devolvió todo lo invertido.
Además, que la Fiscalía deberá probar que, tal como lo reveló EL TIEMPO, allegados al chatarrero asesinado aseguran que gran parte del dinero robado a la Dian fue invertido en los terrenos y en los trámites para obtener el título minero en Maceo.
Cuatro muertos
Al respecto, este diario estableció que, al menos en dos ocasiones, Moncada y su defensa se reunieron con la fiscal encargada del proceso de extinción para notificarle que estaba dispuesto a someterse a un proceso exprés, para reparar a la Dian con los bienes incautados. Pero fue asesinado antes de que firmara el acuerdo.
De hecho, la Fiscalía investiga si la muerte de Luz Mery Moncada, hermana del chatarrero, y de su esposo, Ramón Eduardo Rodríguez, tienen algún nexo con el crimen de Moncada. Tal como lo reveló EL TIEMPO, fueron encontrados asfixiados en el sauna de un conjunto residencial.
Y hay un cuarto muerto: el jefe de seguridad de la planta de Cemex en Maceo: Germán Clavijo. El coronel retirado de la Policía fue atacado por sicarios cuando se dirigía a su casa, tras salir del sitio donde avanza la construcción de la planta de Maceo.
EL TIEMPO le preguntó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) qué va a pasar con las tierras que aparecían a nombre de C. I. Calizas y Minerales S. A., y allí informaron que el proceso de extinción de dominio sigue su curso en la Fiscalía. Por eso, cuando Camilo González, jurídico de Cemex, y Eugenio Correa –quien se presentó como asesor de la cementera–, pidieron que se las vendieran, la respuesta fue no.
Además, les manifestaron que no entendían por qué la cita había sido pedida a nombre de un congresista, mecanismo erradicado de la SAE.
Lo que ahora se va a entrar a definir es si, luego del escándalo, Cemex seguirá con las tierras en arriendo, por un millón de pesos al mes. La cementera pretende que se le extienda ese contrato hasta que culmine el proceso de extinción en la que figura como ‘tercero de buena fe’
UNIDAD INVESTIGATIVA
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