Esta semana, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego será notificado de la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal, por parte de la Contraloría Distrital, por un presunto detrimento patrimonial que supera los 509 millones de dólares, cerca de 1,5 billones de pesos.
EL TIEMPO estableció que la investigación está relacionada con la recompra del 31,92 por ciento de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), que le habían sido vendidas al Citi Venture Capital International (CVCI), un fondo del Citibank, durante la administración de Samuel Moreno.
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El monto de la transacción fue de 400 millones de dólares y la venta se justificó por la necesidad de la EEB de financiar un negocio de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), de la que es accionista.
Para oficializar la transacción, el Citi creó una empresa en España –Inversiones de Energía Latinoamericana Holding–, a la que la EEB le entregó las acciones.
Y aunque el tamaño del paquete era importante, la empresa capitalina siguió teniendo el manejo y control.
Por eso, a la Contraloría Distrital, en cabeza de Juan Carlos Granados, le llamó la atención encontrar que, dos años después, bajo la administración de Gustavo Petro, las mismas acciones fueron recompradas.
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Y si bien se había pactado con el Citi que, en caso de que decidiera vender los títulos, la EEB tendría la primera opción de compra, para el organismo de control no se explica por qué se pagó el doble por las mismas acciones: 842 millones de dólares.
Pero hay más dudas en torno al negocio. Reporteros de este diario establecieron que cuando la junta directiva de la EEB, en cabeza de Petro, le dio el visto bueno a la recompra, hacia finales del 2013, la banca de inversión Sumatoria realizó un avalúo y tasó las acciones en tan solo 614 millones de dólares.
Es decir, que la Empresa de Energía de Bogotá terminó pagando 228 millones de dólares más del precio de referencia y casi el doble de lo que se obtuvo por la venta de ese mismo paquete accionario en la administración de Samuel Moreno.
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Además, la Contraloría está indagando por qué, poco antes de que el negocio se sellara, la EEB decidió repartir las utilidades entre sus accionistas y le entregó su parte al grupo Citi: 130.000 millones de pesos. Si la venta se hubiera realizado con el cronograma inicial, la EEB se hubiera quedado con esos dividendos.
A eso se suma que, en los libros de contabilidad de la empresa, aparecen pagos de comisiones y asesorías para sellar la recompra por un monto cercano a los 30 millones de dólares adicionales.
Los otros indagados
De hecho, la Contraloría Distrital ya estableció que si bien parte del dinero para hacer la recompra salió de recursos propios de la EEB, también se echó mano de empréstitos por los que hoy están respondiendo algunas de las filiales en el exterior.
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Bajo ese panorama, para los investigadores del caso, la ciudad terminaría pagando más dinero por cuenta de los intereses que pueden generar esos préstamos e incluso por cuenta de la tasa cambiaria.
“Lo que tenemos en este caso es una recompra de lo mismo, pero por 842 millones de dólares. A eso súmele más de 29 millones de dólares de pagos en comisiones y asesorías para este negocio. En nuestro criterio, se convierte en un hallazgo de más 472 millones de dólares (lo que se pagó de más sumado al valor de las asesorías y comisiones), que según la Dirección de Responsabilidad da mérito para iniciar un proceso de responsabilidad fiscal, donde los presuntos responsables deberán explicar su actuar o retornar los recursos de los bogotanos si las explicaciones son insuficientes”, le dijo hace dos semanas a este diario el contralor Juan Carlos Granados cuando EL TIEMPO indagó por el negocio.
Y Granados agregó que quienes manejan los recursos de los bogotanos deben responder por los detrimentos que con sus decisiones puedan causar: “No podrán seguir jugando a Tío Rico o Monopolio de manera imprudente con los recursos de todos los bogotanos”, explicó.
Aunque la apertura de juicio de responsabilidad fiscal tan solo se conocerá esta semana, este diario estableció que, además de Gustavo Petro, serán llamados a responder Sandra Fonseca, entonces presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, y 13 miembros de junta, entre ellos Alberto Merlano, entonces gerente de la Empresa de Acueducto, y Saúl Kattan, cabeza de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
Todos serán notificados de la investigación esta semana para que asistan con apoderado y le expliquen a la Contraloría y al país el particular negocio.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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