Aquí, en el último bastión y también considerado ‘santuario’ de las Farc, en el extremo sur de Nariño, la violencia no tuvo compasión con sus 13.000 habitantes, quienes vivieron, por cerca de 30 años, entre fuegos cruzados.
Hasta sus dos casas comunales quedaron convertidas en puestos de Policía por culpa del conflicto.
En La Victoria, el último corregimiento de Colombia en la frontera con el Ecuador, a los victorianos les sobran argumentos para exigirle ahora al Gobierno Nacional, y a las Farc, que dentro de la reparación colectiva, que esperan se haga efectiva, se incluya la devolución de las dos edificaciones ubicadas en dos esquinas del parque principal.
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Allí funcionaron, hasta el 2007, el colegio, la inspección de Policía, un ancianato y el centro de integración digital Compartel.
“La retoma de la Policía obligó a sacar todos los chécheres de las casitas, los tiraron a la calle y se apoderó de esos locales”, recuerda, con tristeza, el presidente de la junta de Acción Comunal, José Luis Pineda, quien con sus compañeros de la organización emprendió una lucha para que la Institución les devuelva las edificaciones.
Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo presentaron una acción de tutela encaminada a la reubicación de la Estación de Policía en otro sitio, donde no suponga en riesgo la vida de los pobladores.
“Exigimos que se nos devuelva las dos propiedades porque el 21 de junio de 1917, cuando se fundó el pueblo, en las actas consta que quedaron para el beneficio de la comunidad”, dice el líder, convencido de que el Estado cuenta con suficientes recursos económicos como para adquirir un lote y construir un nuevo cuartel.
Las conversaciones con los altos mandos de la Fuerza Pública se han dilatado, pero las decisiones de las autoridades civiles también han jugado en contra de las intenciones de la comunidad. Hace más de cuatro años el exalcalde de Ipiales GustavoEstupiñán, sin consultar a los habitantes, entregó una de las edificaciones a la Policía.
Hace tres años los dirigentes comunales se reunieron con el alcalde de la época, Darío Vela, y los comandantes de la Policía y Ejército, pero el diálogo fracasó. Los reclamantes terminaron señalados como integrantes de las Farc.
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“Seguiremos en nuestra lucha y ahora que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, un verdadero gesto de paz sería devolverle a la comunidad las dos casas, por allí debemos comenzar”, planteó el líder comunal.
En 1998 la Policía salió por los ataques del frente 48 de las Farc y solo retornó el 5 de febrero del 2007, cuando al pueblo llegaron 10 agentes.
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