El silencio guardado por el exgobernador Alan Jara, la mandataria Marcela Amaya y el gerente de Llanopetrol, Iván Cortés Losada, ante el presunto millonario detrimento hallado en el proyecto de la refinería del Meta por la Contraloría, vuelven a generar un manto de duda sobre el futuro de uno de los proyectos más promocionados por el director general de la Unidad de Víctimas.
El pasado 28 de diciembre Alan Jara anunció que estaba listo el cierre financiero del proyecto con la empresa rusa RNGS, como socio financiero de la iniciativa, y lo entregó a Marcela Amaya.
Para ello, dijo en ese momento Jara, que se suscribió un memorando de entendimiento con Llanopetrol, en el que se acordó recibir en los primeros meses del año (2016), de la empresa Rusa, la suma de 19 millones de dólares, por los derechos de participación en el proyecto.
Jara también anunció que las obras de construcción de la refinería iniciarían a mediados de marzo de este año, con una duración de dos años y medio y una inversión de la empresa constructora, de 2.100 millones de dólares. Sin embargo, hasta el momento los rusos no han aparecido y las obras se han iniciado.
Cuatro meses después, la gobernadora Marcela Amaya anunció que a Llanopetrol solo le quedan veinte días para definir la negociación de la refinería.
También anunció cambios en su gabinete. El primero en hacerse efectivo fue precisamente el del gerente de Llanopetrol, Ricardo Rodríguez, que estuvo al frente de la entidad desde que fue creada por el gobierno de Jara.
Rodríguez atendía en una amplía casona del sector de La Grama donde lo acompañaban una docena de funcionarios.
Hoy, la oficina de Llanopetrol está ubicada en un rincón del mezzanine del edifico de la Gobernación del Meta y ayer apenas cinco funcionarios se veían en los escritorios.
Al actual gerente, Iván Cortés Losada, no fue posible ubicarlo y tampoco respondió las llamadas ni los mensajes telefónicos que Llano Sie7edías le hizo con insistencia.
No hubo trámite de licencia ambiental
Además del presunto detrimento patrimonial estimado en 18.265 millones de pesos, la Contraloría encontró que la anunciada licencia ambiental que le entregó el presidente Juan Manuel Santos al entonces gobernador Alan Jara para la refinería del Meta no existe.
La Contraloría sostiene que encontró un estudio ambiental consecuente con el impacto: “se presentó uno de efecto ambiental, pero como si el proyecto fuera un estudio de prefactibilidad que no requiere licencia”, dice el informe.
No se puede olvidar tampoco que durante el gobierno de Jara, una investigación del periódico económico 'Portafolio' encontró que el predio adquirido para la refinería en Villavicencio se hizo con una valorización 1.188 por ciento mayor en solo 16 meses, y que en ese momento tenía un socio, cuyo negocio era una cigarrería en la ciudad de Miami.
Mientras tanto, el presidente de la Asamblea del Meta, Mauricio Niño Guayacán, dijo que esa corporación “solicitó un control excepcional de la Contraloría, en febrero pasado, así como de la contratación en el Meta, en el que la Procuraduría había establecido 27 contratos, todos direccionados en favor del señor Iván Pérez”.
También se espera, dijo Niño,”un pronunciamiento de la Contraloría Departamental, pues la anterior Contralora (e), muy cercana a la familia de Alan Jara, ya iban a cerrar el caso”. Sin embargo, “la nueva Contralor decidió darle mayor alcance a la auditoría y en estos días debe pronunciarse, agregó Niño.
LLANO SIE7EDÍAS
@nelard1
