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Presentan denuncia ante el CNE por estrategia del 'No'

Piden investigar la conducta de Juan Carlos Vélez.

Luego de las declaraciones del gerente de la campaña por el 'No', Juan Carlos Vélez, tras el pasado plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, la Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una queja ante el Consejo Nacional Electoral para que se investigue sobre las posibles irregularidades que se pudieron haber presentado en la campaña.
La acción se da después de que en una entrevista concedida diario económico La República, Vélez revelara, entre otras estrategias, que "unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios". 
"En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela", fue otra de las declaraciones. Cuando le preguntaron "¿Por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña?", respondió: "Fue lo mismo que hicieron los del Sí". 
Tras el revuelo que generaron las declaraciones Vélez fue desautorizado por el uribismo. Además, en la tarde del jueves, el gerente del 'No' renunció al partido Centro Democrático, y la Fiscalía abrió una investigación para establecer si las afirmaciones constituyen un delito.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, señaló sobre el tema que “nosotros pedimos que se investiguen las aseveraciones de lo que de manera expresa dijo el propio gerente de la campaña. Una vez este tema se aclare, deberán desprenderse las consecuencias legales y constitucionales de ley en el entendido de que la campaña debió ser transparente y soberana”.
Además de esta queja, la organización radicará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juan Carlos Vélez como titular de la campaña, al considerar que podría haber existido un posible fraude y constreñimiento del ejercicio de participación democrática.
“Para nosotros es claro que el direccionamiento de contenidos, el uso de redes electrónicas, la formación de criterio frente a lo que debía ser un debate de ideas, principios y valores, fue claramente manipulado” señaló Bustos.
La Red de Veedurías Ciudadanas sigue a la espera de una respuesta y de una ágil intervención por parte de los órganos de control quienes serán los que decidan sobre la legitimidad de la campaña. Sin embargo, para esta organización, de reconocerse que hubo mecanismos de manipulación de los contenidos electorales para desorientar la voluntad popular, la siguiente instancia sería la invalidación de la decisión que se obtuvo en los comicios.
A esto se le suma la queja que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó el pasado 28 de septiembre en donde se denunciaba la reproducción de publicidad engañosa de la campaña del No, para incidir en la decisión de los votantes en la refrendación del Acuerdo de Paz, en mensajes como: “sabía usted que por expropiación administrativa tres millones de hectáreas podrían cambiar de dueños y quedar en manos de quienes las Farc decidan. Esto puede ser realidad…”.
Estas afirmaciones, dice la ANT, desconocen los límites que bajo el contexto electoral deben respetarse, pues lo que logran es confundir y predisponer a los electores y no suministrar elementos de juicio que permitan distinguir entre hechos y apreciaciones subjetivas y mentirosas.
‘Es grave que una campaña tenga como objetivo desinformar’: MOE
Para la Misión de Observación Electoral (MOE), lo que más preocupa es que la estrategia promovida por la campaña del 'No' haya surgido de una elección planeada y deliberada. “Lo más grave es que haya sido una decisión de una campaña, elaborar una estrategia cuyo objetivo fuera generar un vacío de información, entregar información que no era cierta y que eso impactara en los ciudadanos en el momento de depositar el voto”, dice Alejandra Barrios, Directora de la MOE.
La MOE, también indicó que desde el mes de agosto se venía señalando que la campaña del plebiscito estaba siendo contaminada por factores como la intolerancia entre los ciudadanos promovida por los dirigentes políticos, y la instalación en el discurso de información que no era cierta sobre el contenido de los acuerdos, o sobre el impacto que podría tener en el momento de la implementación.
“Solo dos semanas antes de la votación se empezó a hacer pedagogía ciudadana. Inicialmente el mensaje fue: lea las 297 páginas, y ese no era precisamente un ejercicio de pedagogía. Lamentablemente para ese momento ya se había instalado en la opinión pública información falsa acerca, por ejemplo, del enfoque de género, de las comunidades LGBTI y de la familia” explica Alejandra Barrios.
Posibles repercusiones
El argumento principal de las quejas que se han presentado es que durante el trámite de la campaña promotora del 'No' se incurrió en el delito de ‘Fraude al Sufragante’ que modificó la Ley 1142 del 2007, y que hace referencia a las maniobras engañosas que inciden en la elección de los votantes.
Este delito tiene una pena de cuatro a ocho años y sería la Fiscalía General la encargada de determinar si efectivamente se presentó el ilícito y quién lo cometió.
En términos de responsabilidad política, el Consejo Nacional Electoral es el órgano llamado a identificar si la conducta que se realizó fue una decisión deliberada y por lo tanto indebida. De ser así el Partido y, en este caso, el Comité Promotor, deberían recibir una sanción política.
Sin embargo, estos mecanismos no harán que los resultados de las elecciones se anulen, pues para esto sería necesario presentar una demanda de nulidad electoral ante el Consejo de Estado.
DEISY ALEJANDRA ÁVILA
ELTIEMPO.COM
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