La primera impresión es que no hay ejército que los contenga. La presencia de los llamados ‘dragones’ brasileños, nombre que describe las dragas y retroexcavadoras que han dejado profundas cicatrices en las orillas de los ríos y en los lechos fluviales, a lo largo y ancho de la geografía nacional, es inocultable en el bajo Cauca antioqueño. Las autoridades hablan de 3.600 máquinas dedicadas a la explotación ilícita del oro.
La urgencia de tomar medidas resulta evidente cuando se camina por las calles desoladas de un municipio como El Bagre. Los más de 25.000 habitantes del casco urbano tienen raíces paisas, cordobesas y vallecaucanas, y su historia hace recordar que, al igual que Zaragoza, Caucasia, Segovia y Nechí, el municipio fue, desde mucho antes de conformarse, una zona propicia para la explotación aurífera, que se remonta hasta antes de la Colonia.
A pleno sol, los ‘dragones’ trabajan desde la madrugada en turnos que completan las 24 horas. Su visibilidad contrasta con el hecho de ser una actividad ilegal que arrasa con el medioambiente. Aunque en los últimos 70 años el país ha vivido en buena parte de la minería, allí la institucionalidad todavía es débil a la hora de diferenciar la explotación indiscriminada e ilegal de la minería responsable.
No hay duda de que se adelanta una ofensiva, como lo comprueba la destrucción de casi una veintena de máquinas en Córdoba y Chocó desde mediados de septiembre. A pesar de ello, existe una enorme desinformación sobre el tema, a menudo orquestada desde los mismos medios de comunicación y líderes de opinión, para quienes la adjudicación de títulos mineros suele ser considerada un abuso de poder.
“Ahora se habla de piñata de títulos”, dice Eduardo Chaparro, director del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero-Energético de la Andi. “¿Por qué esa expresión y la frase ‘están llenos de títulos mineros’ se asocian con algo negativo? De 100 prospectos aprobados a través de un título minero, apenas uno o dos pasan a convertirse verdaderamente en proyectos de explotación. Esto –añade– sin mencionar que un permiso puede tardarse tres años y más en ser tramitado. Pero esto no se visibiliza; al contrario, se transmite la idea de que todo título minero pasa a ser una explotación”.
El caso Mineros
Una de las cinco compañías que “ponen la cara” en Colombia es Mineros S. A. La empresa, de origen norteamericano, es hoy ciento por ciento colombiana y cuenta con cuarenta años de experiencia. Instalada en El Bagre y con décadas de trabajo en el bajo Cauca antioqueño, es la única compañía formal que opera en la zona. Sus 850 empleados tienen un salario integral, prestaciones, vacaciones. Y están, sin duda, en mejores condiciones que los operarios de explotaciones ilegales, a quienes no suelen pagar más de 200.000 mensuales luego de trabajar jornadas de doce horas.
La paga se hace contra los dividendos recibidos por estos mercaderes, por lo cual no siempre hay compensación: “Si tuviera que elegir entre ser empleado del Cerrejón y trabajar para estos explotadores ilícitos, no dudaría un segundo en cuál elegir”, dice Eduardo Chaparro.
El desierto
Sin bien la minería, por responsable que sea, causa daños al medioambiente, la recuperación de baldíos donde se protegió el suelo (la roca madre), la vegetación, las especies nativas, y donde no hubo uso de químicos, llega a ser muy alta.
El daño no es en absoluto comparable con el desierto que van dejando a su paso los conocidos ‘monstruos amarillos’ que aparecen en medio de la nada.
¿Cómo llegan ahí? Para el experto Abraham Korman, “lo primero es entender que hay una gran corrupción de instituciones y autoridades, incluidas entidades de control ambiental”.
Esa corrupción, mezclada con deficiencia legislativa, hace que la minería ilícita sea invisible para una gran parte de las autoridades. Los operativos que se adelantan con base en facultades otorgadas por el Plan de Desarrollo han ocasionado paros, que exigen la suspensión de la práctica de dinamitar la maquinaria decomisada, con el argumento de que se viola el derecho al debido proceso ante la falta de pruebas. Pruebas que suelen hacérsele al agua, pues si bien el delito ambiental está tipificado, no hay una reglamentación para procesar el de explotación mineral ilícita.
Según el coronel del Ejército encargado de la zona, Eduardo Osorno, “a veces las pruebas no llegan; y si llegan, lo hacen tan tarde que ya los ‘dragones’ han arrasado con cuanto había y se han desplazado a otro lugar”.
Ángel o demonio
El pueblo es caluroso, polvoriento. Algunas construcciones públicas, parques y escuelas de la alcaldía pasada se destacan por ser espacios modernos, pensados como un servicio para la comunidad. Pero hay otra cara. Barrios de invasión donde no entra la Fuerza Pública. La expresión más cercana a la institucionalidad en este territorio la representan la Policía y especialmente el Ejército, con 1.400 hombres para tres municipios.
A pesar de las dificultades, miles de familias han tenido sus hijos aquí, hijos que ya votan, trabajan y hacen parte de una comunidad que espera ser reconocida por motivos distintos a la delincuencia.
¿A quién culpar?
La relación de Mineros con el municipio viene desde siempre y guarda cierta similitud con la de las viejas haciendas, cerca de las cuales se acababan fundando pueblos habitados por los campesinos que trabajaban la tierra y se ocupaban de la servidumbre, en una relación de dependencia.
La empresa existía ya cuando nació el municipio y, hasta cierto punto, mantiene con él una relación paternalista. Desde que se pone un pie en El Bagre, se percibe esa relación simbiótica: el aeropuerto era de Mineros hasta hace cinco años, cuando se lo donaron al municipio. La única entidad técnica es la escuela de formación minero-ambiental, gestada por el Sena y la minera.
Para el alcalde encargado, Antonio Serpa, se está empezando a hacer presencia en veredas a donde nunca había llegado la administración municipal, de la mano de la empresa, a la que considera una aliada incondicional de la gestión pública. Por otro lado, no faltan quienes la responsabilizan del atraso y la violencia en la zona. Para un habitante del pueblo, se los suele responsabilizar con facilidad: “Ellos tienen nombre, son visibles, han estado aquí siempre. ¿A quién más vamos a echarle la culpa si no a los que podemos señalar?”.
Destruyen terrenos que ya hemos revegetalizado
En las zonas donde la minería formal tiene licencia es usual encontrar ‘dragones’ a pocos metros de distancia, usufructuando el mismo suelo.
Ramiro Jaramillo, director general de aluvión de Mineros, cuenta que pedir un amparo administrativo puede tardarse de tres a seis años, momento en el cual los ilegales se han desplazado a otra parte: “Ocurre que invaden y destruyen terrenos que ya hemos revegetalizado, contaminan aguas que ya hemos filtrado o arrasan cultivos en terrenos que estamos recuperando, sin mencionar que operan en los terrenos donde nosotros tenemos licencia. Lastimosamente, las autoridades no suelen tener las herramientas para apoyarnos desde la institucionalidad”, señala.
Solamente el 13 por ciento del oro que anualmente se extrae en el país viene de empresas formales. El 87 por ciento restante surge de la minería ilegal, la que usa mercurio y cianuro, causando pasivos ambientales con daños irreversibles al agua y al suelo. Se calcula que 2.000 toneladas de mercurio son vertidas al año en Colombia.
Entre esas montañas blancas que hacen pensar en un cementerio de elefantes, los pasivos ambientales se multiplican día tras día. En el país, 300.000 hectáreas han sido arrasadas por la explotación ilícita, sin que a mediano plazo se vislumbre una cura para la enfermedad.
El dinero en juego hace que los ‘dragones’ lleguen hasta los lugares más recónditos y hagan presencia en seis parques nacionales, creciendo y multiplicándose con la misma habilidad de la cocaína. No en vano, la conexión entre estas dos actividades ha sido establecida por las autoridades.
Para el coronel Osorno, el problema es el mismo desde hace más de medio siglo: “Dígame usted, ¿no inició ‘Marulanda’ la guerrilla por la falta de tierra para los campesinos? Y la lucha sigue siendo por lo mismo. Los distintos grupos armados, ‘bacrim’, Farc, Eln, lo que han hecho es disputarse el territorio. Es esa relación con la tierra lo que tiene que cambiar si queremos hacer viable el posconflicto”.
La falta de oportunidades en la región contrasta con las divisas que deja el mercado del oro. Toda retroexcavadora ilegal paga vacuna. A eso hay que sumar que Mineros tiene una política de cero negociación con los grupos armados.
Los empleados firman cláusulas donde se advierte que de ser secuestrados, nadie pagará su rescate.
Pero, aunque no negocien, aunque tengan apoyo de las Fuerzas Armadas, les han volado torres, les han asesinado y secuestrado empleados y les han incinerado botes. Hoy tienen en total 45 retroexcavadoras que ocupan los territorios donde tienen licencia para operar.
Como gigantes invisibles
Para Rafael Ángel, gerente de la Unidad de Explotaciones Minerales, la minería bien puede ser un factor que contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
La discusión entre posiciones tan contrapuestas difícilmente ha dejado espacio el diálogo: “Hay periodistas y académicos de medioambiente a los que hemos invitado numerosas veces, sin que acepten siquiera venir a conocer. No queremos convencerlos de nada, solo mostrarles cómo funciona la operación para que hablen con conocimiento de causa”.
Eduardo Chaparro, director del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero-Energético de la Andi, reafirma: “Hay que diferenciar entre la pequeña minería, que es una actividad lícita, la minería de empresas nacionales e internacionales, un trabajo que requiere de una riqueza económica, así como de una inmensa riqueza técnica, y la explotación ilícita de minerales, que para empezar no debería llamarse minería, pues no es un trabajo que responda a la ciencia y la tecnología propias de la actividad. La explotación ilícita hace más pobres a los pobres, al tiempo que genera violencia”.
Y concluye: “No es razonable perseguir y condenar al que da la cara, se identifica, planea, rinde cuentas, paga regalías y genera empleo, mientras que al ilegal, al ilícito, al que se dedica a una actividad destructiva, no solo con el medioambiente, sino con las comunidades donde opera y a las que somete, se le deja hacer sin control de las autoridades, como si fuesen invisibles”.
‘Ya vivimos tranquilos’: Luis
“Antes vivía en una casita humilde, donde eran más o menos unos seis metros cuadrados. Mandé una solicitud a la empresa, y así fue como acabamos con mi mujer y mis cuatro muchachos viviendo aquí. Me preguntaron si me gustaba, les dije que cómo no me iba a gustar”.
Luis es uno de los 220 beneficiarios de las parcelas en tierras baldías que Mineros S. A. está entregando a campesinos del bajo Cauca en el departamento de Antioquia, con apoyo del Incoder.
Desde hace 10 años, los interesados pueden participar en una convocatoria para tener un contrato de aparcería, a cambio de cultivar terrenos donde hubo una explotación minera. Personas como Luis cumplieron el contrato por tres años, luego pasaron a la figura de comodato y, a los 6 años de habitar el predio, recibieron la escritura.
Como la de Luis, hay otras 45 parcelas con cacao, plátano, yuca, maracuyá, entre otros. Algunos tienen ganado, gallinas, patos, así como pozos con peces de río, como bagre y cachama.
El arroz se vende bien, y Luis y su familia comienzan a sostenerse de lo que se cultiva. Estamos a unos kilómetros del municipio de El Bagre en lancha, rodeados por retroexcavadoras y grupos ilegales en un departamento que produce casi la mitad de oro ilegal del país, y Luis, nacido en Lorica, Córdoba, está parado entre sus cultivos, contándome que nunca imaginó tener su propia tierra.
Las casas de aparcería tienen 150 metros. Afuera se ven los cultivos. “Antes de venir aquí, me dediqué a las minas eso ‘ilegal’ que dicen, pero me salí porque no me gustó. Siempre pasaba algo. Alguien venía a cobrar o venía el Ejército o la Policía y había que parar el trabajo. Como yo soy cristiano, me dije: ‘con la ayuda de Dios, tiene que llegar algo mejor’ ”.
La mujer vendía mazamorra en el pueblo para completar “la merca” de los niños. Luis recuerda que a duras penas juntaban doscientos mil pesos mensuales: “Ahora estamos muy amañados. Yo trabajo, reposo, estoy con los niños, trabajo, vuelvo y reposo, vendo lo que cultivo en el pueblo y en cada venta no saco menos de cien mil. Vivimos tranquilos, trabajando bien y sin angustias”.
MELBA ESCOBAR*
Especial para EL TIEMPO
Escritora y periodista. Es columnista del diario ‘El País’ de Cali.
Su novela más reciente es ‘La Casa de la Belleza’.
