La situación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá ha sido calificada por la actual administración como una “bomba nuclear” para las finanzas de la ciudad. Este es quizás el problema más grave que heredaron los bogotanos desde el gobierno del exalcalde Samuel Moreno.
El enredo comenzó a gestarse entre el 2010 y el 2011, bajo la batuta del Polo Democrático, cuando se firmaron los contratos con nueve operadores que prestarían el servicio en 13 zonas y con buses zonales y alimentadores del sistema TransMilenio. En el papel lucía bien, pero fue evidente que se quiso implementar el modelo con más afán que rigor y más pragmatismo que técnica. Varias voces advirtieron en su momento de los riesgos que se podrían generar, pero fueron desoídas.
No de otra forma se explica lo que pasa hoy: los operadores hablan de pérdidas por medio billón de pesos, otros sucumbieron (Egobús y Coobús) y sus contratos se cancelaron, mientras los demás amenazan con seguir el mismo camino. Entre tanto, al gobierno no le ha quedado nada distinto que seguir destinando al SITP cerca de 700.000 millones de pesos anuales para evitar el colapso total.
A todo ello se suman una caótica estrategia y la falta de músculo financiero, lo cual ha derivado en un esquema oneroso para la ciudad. Los números no cuadran, la demanda de pasajeros no se cumplió y la competencia desleal, además de una aberrante política de subsidios y de los miles de colados, solo han ayudado a agravar la situación.
Semejante panorama resulta inexplicable si, como lo advierte el más reciente informe del Observatorio de Movilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la ciudad el SITP –incluyendo troncales, zonales, rutas alimentadoras y transporte público tradicional– realiza 6,5 millones de viajes al día, el 45 por ciento del total.
La implementación plena del SITP –que debía tomar un año– es una quimera; bajo el gobierno del entonces alcalde Petro se hicieron esfuerzos que quedaron a medias, pues no se superó el grave problema de la frecuencia de rutas ni las rediseñaron para hacerlas más eficientes. La maniobra populista de congelar tarifas, al tiempo que se bajó el costo del pasaje en horas valle, fue irresponsable y empeoró el hueco financiero. La tapa de todo es haber pretendido que unos buses viejos, destartalados y contaminantes llevaran el pomposo rótulo de ‘SITP provisional’ para simular una mal llamada integración, cuando hoy conservan las antiguas prácticas del servicio tradicional.
A los concesionarios les cabe su cuota de responsabilidad. Para decirlo en términos coloquiales, fueron agalludos al pretender rentas hasta del 20 por ciento anual a 24 años, lo que generó un desbalance entre ingresos y gastos. Por tanto, deben poner de su parte a la hora de las soluciones.
Es el costo de las malas decisiones y la falta de gerencia. Corresponde al actual gobierno rectificar semejante entuerto, lo cual tomará tiempo por tratarse de revisar tanto el esquema contractual con las empresas como la viabilidad financiera y jurídica para salvar el modelo, y hacer una reingeniería a fondo de la operación. Tacto y paciencia es la consigna.
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