Un juez de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento al sargento Guillermo Alberto Unigarro, quien es investigado por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de pruebas por la muerte del teniente de la Policía Mario Vianey Gamboa Murcia, quien era el jefe de la Unidad Contra Atracos a Residencias de la Sijín en Bogotá.
Los hechos se presentaron el 1 de septiembre del 2011, según la Fiscalía, cuando el oficial junto a su grupo de hombres acudió a una vivienda del barrio Ciudad Montes, al sur de Bogotá, luego de la llamada que realizó un informante del uniformado, que le aseguró que una banda de apartamenteros se encontraba allí. Ese día el grupo de asaltantes, fuertemente armados, iban por la suma de 750 millones de pesos que al parecer unos adultos mayores residentes de la vivienda poseían.
El teniente, aseguraron los investigadores, realizó el operativo para capturar a la banda. En medio del dispositivo, al parecer, hubo un intercambio de disparos en donde falleció el teniente Gamboa.
Las autoridades capturaron ese jueves a cuatro hombres que hacían parte de la banda de asaltantes, quienes fueron condenados por el homicidio.
Sin embargo, cinco años después de ocurridos los hechos la tesis de la Fiscalía tomó otro rumbo. El ente acusador concluyó que el homicidio fue perpetrado por su propio compañero de la unidad, el sargento Unigarro, quien se encontraba en el mismo vehículo en el que fue baleado el oficial.
La Fiscalía afirma que el teniente murió como consecuencia de un disparo realizado a una distancia máxima de 30 centímetros, dice la Fiscalía, y la única persona que estaba a esa distancia era el suboficial.
Según la Fiscalía, en entrevistas realizadas a varios de los delincuentes implicados en el hecho, manifestaron que todo fue orquestado por la organización criminal en complicidad con el sargento Unigarro, cuyo único propósito era el de apoderarse de los 750 millones de pesos.
En la audiencia de imputación el sargento en retiro negó los cargos. El acusado podría pagar una condena hasta de 40 años de años de prisión, que fue la solicitud que hizo la Fiscalía por la gravedad de los delitos imputados.
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