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Debate clave sobre regreso de aspersión aérea

El Fiscal aspira a que se use la aspersión con herbicidas seguros contra de las narcosiembras.

JUSTICIA
Ante el Consejo Nacional de Estupefacientes –en el que tienen asiento los ministerios de Justicia, Educación, Agricultura, Defensa y Salud, la Procuraduría, el Ejército y la Policía–, el fiscal Néstor Humberto Martínez defenderá su propuesta de volver a usar la fumigación aérea contra los cultivos de coca. (Lea también: Este es el herbicida que permitiría levantar prohibición de asperjar)
Aunque el Fiscal no pide el regreso del glifosato, sí aspira a que se use la aspersión con herbicidas seguros contra de las narcosiembras, que pasaron de 47.000 hectáreas en el 2012 a casi 100.000 el año pasado. ¿Sus argumentos? (Vea la carta del Fiscal a Minjusticia, conocida en exclusiva por EL TIEMPO)
Además de la disparada de los cultivos, Martínez ha alertado por las crecientes trabas para los equipos de erradicadores en tierra (bloqueos campesinos y minas antipersona) y por el impacto del microtráfico en todo el país.
Y tal como lo había hecho en su momento, cuando se conoció la petición del Fiscal, el Gobierno va a imponer sus mayorías para negar la fumigación aérea. Al respecto, el presidente Santos había calificado esa estrategia de “paño de agua tibia”: “Nosotros llegábamos, fumigábamos o erradicábamos con soldados y policías, y apenas nos íbamos empezaban a sembrar, inclusive con variedades más productivas”. (Además: Demandas contra las fumigaciones rodean los 1,7 billones de pesos)
Los delegados del Gobierno defenderán los seis frentes del Plan Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, del que mostrarán los que consideran “resultados prometedores” en departamentos como Vichada, Guaviare y Caquetá. Allí hay al menos 13.800 hectáreas de coca, y ya hay procesos de concertación y acuerdos con algunas comunidades para dar inicio al programa voluntario de sustitución de cultivos ilícitos.
El programa, que está en marcha, busca garantizar apoyo económico hasta por un año a cada familia y comunidad que decida erradicar. Esa ayuda se dará de acuerdo con la región y el número de integrantes de cada núcleo familiar.
“Paralelo a ello, se les darán la capacitación y asesoría para dar inicio a un proyecto productivo, y si por espacio de 5 años se mantienen en la legalidad se harán propietarios de la tierra que cultivan”, dijo uno de los funcionarios que estarán hoy en el Consejo Nacional de Estupefacientes. (Lea también: Fumigación ahora será 'mata a mata' de coca)
El Gobierno insistirá en el desarrollo de las operaciones de interdicción para seguir afectando la cadena ligada al narcotráfico. Es decir, destrucción de laboratorios, incautación de cargamentos y de insumos químicos para la elaboración del alcaloide, y la captura de los jefes de las redes de narcotraficantes.
Dentro de la estrategia se plantea la necesidad de que cada captura se convierta en una condena, y se reitera la necesidad de tramitar rápidamente en el Congreso la ley para delitos menores, que el Gobierno considera una herramienta vital en este objetivo, pues permite imponer condenas rápidas a delincuentes reincidentes.
Este jueves se podrían analizar los alcances y las repercusiones del triunfo del No en el plebiscito, que deja en el limbo la colaboración de las Farc en la sustitución de cultivos ilícitos y su apoyo a la erradicación manual. En los acuerdos se manejaba como una alternativa penal para los guerrilleros. (Lea: 'Campesinos sí cumplen pacto de no sembrar coca en el Catatumbo')
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