Las autoridades ambientales ya culminaron la etapa probatoria en al menos dos de los cuatro casos de las megamansiones que, presuntamente, se construyeron de manera ilegal en los cerros orientales, a la altura de la calle 76 con carrera 2.ª. Se trata de los predios El Bambú, a nombre de la comercializadora Kaysser, del polémico ‘zar’ de las telas, Jean Feghali Waked, y de Monterodro, de propiedad de la firma Team Sol S.A.S., predio de 6.934 metros cuadrados que fue negociado en julio del 2014 por 4.690 millones de pesos, como lo informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el pasado 22 de mayo. (Lea también: Los verdaderos dueños de las mansiones selladas en cerros de Bogotá)
En el primer caso se refiere al expediente 51390 (El Bambú), donde, según las fuentes oficiales, ya se agotaron todas las instancias, lo que significa que está para definir. En este momento se están haciendo los análisis para establecer las sanciones que, de ser hallados responsables, se les va a aplicar.
Este caso es particular, pues se trata de una de las megamansiones construidas en la parte alta de la montaña y donde se habría desviado el cauce de la quebrada Los Rosales para darle paso a la edificación. Con lo que no contaban los propietarios es que el agua pasó la cuenta de cobro y se comenzó a filtrar por debajo del terreno, al parecer, en busca de su cauce original, lo que generó una posible afectación estructural en esa edificación y que podría llevar a que se tenga que demoler.
En cuanto al expediente 49283 que corresponde a Monterodro lote B, la decisión ya está para resolución definitiva y se espera que, antes de que finalice el año, se conozcan el fallo.
Vale la pena señalar que en ambos casos los propietarios tienen un recurso de reposición ante la propia Corporación Autónoma Regional (CAR), pero por ser ente autónomo no procede instancia superior. (Además: Estos son los dueños de las casas de lujo que arrasan los cerros)
El director jurídico de la entidad, Juan Camilo Ferrer, le dijo a EL TIEMPO que su despacho tiene abiertos ocho expedientes de trámite sancionatorio por las presuntas irregularidades cometidas en los cerros. Cada uno de estos está en diferentes etapas procesales: 2 en el Bambú, 2 en Monterodro, 2 en Arrayán, 1 en el predio El Pauche y 1 El Tuno.
Al respecto, el funcionario agregó: “Nos hemos cuidado mucho de respetar el debido proceso en todas estas actuaciones, dándole toda la oportunidad a las personas para que se defiendan, para que presenten sus alegatos, para que controviertan las pruebas, pero también garantizando la participación de los ciudadanos”.
Cada uno de los predios que están dentro de la reserva forestal tiene una condición jurídica diferente. Como se recordará, los cerros quedaron protegidos mediante el fallo del Consejo de Estado del pasado noviembre del 2013, que les ordenó a todas las entidades distritales, locales, regionales y nacionales velar por la preservación y protección de los cerros.
En El Tuno y El Pauche, los procesos están en etapa probatoria pero varios grupos de ciudadanos, que trabajan en la protección de la montaña, piden celeridad a las autoridades regionales y distritales con el fin de que se cumpla lo ordenado por el Consejo de Estado.
En Arrayán, las autoridades dicen que era un predio que ya existía pero lo que ha generado polémica es porque, al parecer, se hicieron ampliaciones y modificaciones sin la respectiva licencia. (Lea: Director de la CAR habla sobre las mansiones en los cerros orientales)
En este caso, la CAR adelanta dos procesos por presunta ocupación del cauce de la quebrada Los Rosales para hacer un lago artificial y por tomar agua de forma ilegal, tema que fue evidenciado en el operativo que se realizó el pasado 13 de mayo, donde incautaron una motobomba conectada a la fuente hídrica.
Por su parte, la pasada administración local de Chapinero archivó un proceso contra Arrayán y la actual lo ratificó.
Sin embargo, hoy se analiza la posibilidad de abrir uno nuevo contra Arrayanes por presunta construcción ilegal, lo que se sumaría a los otros 4 expedientes abiertos contra esas mansiones. (Lea también: Las lujosas casas que a las malas construyen en los cerros orientales)
El ingreso a esa zona por vía pública es controlado por una caseta de vigilancia que no permite el acceso a los ciudadanos que quieren conocer esa parte de los cerros, caseta que, según el alcalde local Hernando José Quintero Maya, va a ser demolida.
En todo caso, las multas pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales al día, la compensación ambiental, la demolición y no se descarta que se pueda expropiar.
Vigilancia con la última tecnología
El alcalde Enrique Peñalosa anunció que “se están mirando unos equipos sofisticados (drones o helicópteros) que reportan los cambios que se hacen en los cerros orientales”, con el fin de hacer el control electrónico para prevenir invasiones y construcciones ilegales. (Lea: Polémico 'zar' de las telas tiene casa ilegal en los cerros)
“En el pasado hubo mucha tolerancia sospechosa en las alcaldías locales y para todos los estratos”, dijo.
Por su parte, la excandidata a la Alcaldía por el progresismo y veedora de los cerros, María Mercedes Maldonado, pidió celeridad en los procesos y afirmó que “estamos esperanzados en lo que dijo el alcalde (Peñalosa), que hay que demoler” las construcciones ilegales.
BOGOTÁ
