El año pasado, cerca de 36 personas murieron en Colombia después de someterse a cirugías plásticas o estéticas. Y decenas de mujeres quedaron con secuelas físicas y psicológicas irreversibles tras acudir a médicos sin la experticia y los estudios requeridos para este tipo de intervenciones.
Los resultados negativos en estos procedimientos, en un país donde se realizan cerca de 375.000 operaciones de esa clase al año, se convirtió en un problema de salud pública que llevó este martes al Gobierno y al congresista Jorge Iván Ospina a presentar, por tercera ocasión, un proyecto de ley que regule las cirugías estéticas.
EL TIEMPO conoció el articulado, en el que, además de elevar los requisitos para los médicos que realizan este tipo de intervenciones, endurece las sanciones.
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El ministro de Educación (e), Francisco Cardona, explicó que el proyecto de ley prevé que los profesionales que realicen esos procedimientos sin cumplir los requisitos establecidos serán sancionados por el Tribunal de Ética de la profesión con multas de hasta 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (unos 1.700 millones de pesos) y la suspensión del ejercicio profesional hasta por 15 años. A eso se le pueden sumar sanciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias.
Pero tal vez la medida más importante es la que establece que, si la ley es aprobada por el Congreso, no bastará ser médico para realizar este tipo de procedimientos, como viene sucediendo. La norma indica que solo los podrán practicar quienes cuenten con un título en especialidad quirúrgica con competencias en procedimientos quirúrgicos estéticos, otorgado por una institución de educación superior autorizada.
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“Yo no me subiría a un avión si el piloto no tiene las horas de vuelo suficientes; y en el caso de los médicos, vamos a frenar a los que hacen cursos de fin de semana u operan en garajes”, dijo el senador Ospina, quien ha liderado esta regulación.
En caso de que el título sea obtenido en el exterior, se deberá contar con su convalidación ante la autoridad competente. Al respecto, en las últimas semanas la Fiscalía ordenó la captura de Leonor Herreño, funcionaria del Ministerio de Educación, y procesa a tres médicos luego de comprobar que convalidaron títulos falsos supuestamente emitidos por universidades de Perú y Argentina. Y ahora se revisa la autenticidad de documentos en 34 convalidaciones realizadas por igual número de médicos en Brasil.
Incluso, en la presentación de la normativa estuvo Lorena Beltrán, quien prepara una denuncia contra su cirujano y, a la vez, lidera una campaña a favor de las cirugías seguras. Beltrán hizo parte de la mesa técnica que avanzó en el articulado final.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó que la nueva norma busca habilitar un registro único nacional del talento humano en salud, en el cual deberán inscribirse quienes quieran ejercer esta especialidad.
Gaviria agregó que el proyecto de ley también busca que estas cirugías solo puedan practicarlas prestadores habilitados que garanticen la integralidad del procedimiento y la respuesta a las complicaciones. Para las prestadoras que infrinjan esta norma se prevén multas de hasta 10.000 salarios mínimos legales mensuales y la pérdida temporal o definitiva de su habilitación, lo cual puede llevar incluso a su cierre. De hecho, deberán responder solidariamente por daños causados a pacientes.
Publicidad y ‘combos’
El articulado del proyecto plantea además que solo podrán usarse insumos, medicamentos y tecnologías autorizados. Otro requisito obligatorio es el de contar con el consentimiento informado del paciente y con una póliza que cubra los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos, no quirúrgicos y farmacéuticos derivados de las complicaciones de dichos procedimientos.
La publicidad en esta materia también será regulada. Se prohíben, por ejemplo, las ofertas por tiempo limitado, los incentivos económicos a los pacientes, las ofertas de paquetes como ‘compre uno y lleve uno gratis’ o la reducción del precio por dos o más personas.
Adicionalmente, el proyecto establece límites y condiciones al surgimiento de sociedades científicas. Solo se reconocerán como tales las asociaciones constituidas legalmente por médicos que cuenten con título o la convalidación del título de la especialidad.
Y las asociaciones existentes tendrán la obligación de habilitar mecanismos para recertificar a sus miembros. No obstante, esa recertificación es voluntaria.
El Congreso de la República tiene ahora la palabra.
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