Sí, el del domingo fue un inesperado e inobjetable triunfo de Uribe y sus correligionarios, lo que al contrario de la pretensión de las Farc, dejó sin efectos jurídicos el Acto Legislativo 01 del 2016 que establecía un procedimiento de ley y el requisito de la refrendación popular para la entrada en vigencia del Acuerdo Especial de Paz. Pero la victoria de un partido arriesga, sin embargo y paradójicamente, en convertirse en la derrota de todo un país, de sus anhelos de paz.
Si bien el triunfo le permite al Centro Democrático aspirar a revalidar una numerosa bancada en el Congreso, aunque no tanto en el propósito de alcanzar la Presidencia en el 2018, por los interrogantes sobre sus precandidatos, al país le crea varios nuevos problemas. No solo lo deja en condiciones de precaria gobernabilidad, lo sumerge en la incertidumbre política, lo pone en riesgo de una caída económica y frente a las firmas calificadoras de riesgo, sino que además le imposibilita recibir los recursos de cooperación para el posconflicto y lo expone a un espectáculo internacional; es decir, el berenjenal de un país con un Presidente debilitado, sin iniciativa y más expuesto al chantaje de los congresistas, en el que todos perdemos.
No era ese seguramente el escenario esperado por una significativa parte de los colombianos que votaron ‘No’, incitados por el maremágnum de algunas verdades mezcladas con argucias y distorsiones sobre los alcances del acuerdo. Pero ahora que están victoriosos deben actuar con responsabilidad. Prometieron que el acuerdo era renegociable y mejorable, y en consecuencia deben concretar su propuesta para lograrlo. No puede ahora Uribe mostrarse magnánimo al ofrecer protección a los guerrilleros y a la vez proponer que se aproveche el listado de guerrilleros entregado por las Farc para confeccionar una amnistía que beneficie a quienes no hayan cometido delitos atroces, sin ofrecer una propuesta de salida jurídica global, porque eso sería actuar sin lealtad institucional, como en últimas se actuó en la negociación con los paramilitares.
No se puede pedirles voluntad de paz, pero a la primera oportunidad clavarles una puñalada por la espalda sin haberlos derrotado. Tampoco pueden andar por las ramas o como un yoyo al pedir asamblea constituyente y otro día descartarla; al cuestionar el estipendio pactado con las Farc y después proponerles una manutención; o al rechazar el acuerdo como de impunidad, pero sin proponer cuántos son los años de cárcel para quienes cometieron crímenes atroces o están incursos en delitos de narcotráfico, entre otras, porque esa no era la preocupación en la propuesta de alternatividad penal del 2003, y sí, como lo decía Fernando Londoño, “negarle al país la posibilidad de llegar a un acuerdo con los armados ilegales que buscan una salida negociada”.
Naturalmente, las competencias constitucionales del Presidente fueron dejadas incólumes en la sentencia C-379 del 2016 para someter el Acuerdo Especial de Paz e intentar darle vida a través del Congreso de la República, pero en cualquier caso eso sería en la práctica barajar de nuevo, lo que además coincidiría con el inicio de la precampaña presidencial.
Hundido el plebiscito y ante el inevitable hecho de que, para bien o para mal, las Farc incidan nuevamente en las elecciones del 2018, es urgente actuar con patriotismo para buscar la incorporación inmediata de algunos de los reparos válidos del uribismo y dirigentes del ‘No’. Lo que sí no puede suceder es que el pacto nacional que pedían se convierta en una estrategia gaseosa y de dilación para un mayor desgaste del Gobierno en espera de recuperar el poder en el 2018, mientras a los colombianos se nos convierte en un largo ciclo de padecimiento y agonía. Es urgente también un pacto en torno a la economía y la reforma tributaria, con recortes responsables del gasto, porque tampoco es una carta de navegación un recorte a ultranza y recesivo del gasto, como lo sugiere Uribe.
A pesar de que el país crea que puede discutir eternamente sobre paz y a pesar de que se mantenga el cese del fuego bilateral, los riesgos son incalculables, no solo de incidentes militares con la vuelta de los guerrilleros a la estrategia de movilidad y a la extorsión, al narcotráfico y la minería ilegal para financiar sus estructuras, en momentos en los que sus máximos comandantes perdieron legitimidad frente a sus bases; también, porque el triunfo se le puede devolver al uribismo como un bumerán si el país descubre que detrás no había otra cosa que soberbia y cálculos electorales, o porque los muertos aguas abajo, como señala la senadora Claudia López, les son adjudicables.
John Mario González
@johnmario