El domingo 2 de octubre los colombianos salieron a las urnas a decidir si se refrendaba o no los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. La respuesta de los más de 13 millones de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto fue negativa y tan sorpresiva para la comunidad internacional como la decisión que tomaron los británicos mediante referéndum el 23 de junio, de retirarse de la Unión Europea –conocida popularmente como BREXIT–.
Más allá del escándalo que las dos decisiones pueden suscitar en el entorno regional y global, en gran medida como consecuencia de la falsa certeza que en ambos casos generaron los gobiernos promotores de los mecanismos populares de participación (Cameron en Gran Bretaña y Santos en Colombia) de lo remoto que sería un resultado contrario a sus intereses, lo cierto es que las conclusiones a las que se llegan en el país europeo y en el suramericano, son muy distintas.
En el caso británico, se trata de un mandato terminal y definitivo para sacar al Reino Unido de la Unión; mientras que, en el colombiano, el mandato recibido es bifaz, más amplio, indeterminado y complejo. Implica, por un lado, no permitir la implementación del Acuerdo Final con las Farc, pero por otro genera el deber de construir un nuevo Pacto que tenga como punto de partida el construido durante más de cuatro años y refrendado por más de 6 millones de ciudadanos que votaron por el Sí. Un Acuerdo por la paz, que una, que convoque, que no polarice ni divida.
Muchas cosas se han dicho como resultado de la decisión negativa del pasado domingo, algunas de ellas desacertadas y tendientes a fracturar una sociedad que demostró, no puede estar más dividida, en un tema en donde la unión, el respeto y la tolerancia son los verdaderos prerrequisitos que nos van a llevar a la construcción de una paz que convierta el conflicto colombiano en un recuento reservado a los libros de historia y no a las páginas de actualidad.
Ahora bien, es importante resaltar que la decisión adoptada en las urnas tiene una consecuencia y es que lo pactado en La Habana, considerado como un Acuerdo integral, no tendrá efectos ni podrá ser materializado. La Corte Constitucional fue clara en la Sentencia C-379 de 2016 al afirmar que la decisión negativa del pueblo en el plebiscito tenía como consecuencia jurídica, no exclusivamente política, la imposibilidad de implementar el Acuerdo Final. Ello no da espacio a discusión.
El hecho de que el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc sea considerado como un Acuerdo Especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario, lo cual en sí mismo es muy discutible, no implica que tiene fuerza vinculante desde su firma, pues como si estuviéramos frente a un tratado internacional, son dos pasos distintos el de la adopción y firma del Acuerdo, y el de la manifestación de la voluntad del Estado en vincularse por él. Solo este último acto permite que el Acuerdo entre en vigor y para que él se pueda surtir, es necesario agotar el trámite interno que faculte al Presidente para expresar ese consentimiento. El trámite interno para el perfeccionamiento Acuerdo Final tenía como requisito la refrendación, sin ella, no entra en vigor, es decir, no genera efectos jurídicos.
Sin embargo, algunos elementos presentes en el Acuerdo pueden mantener su vigencia y generan obligaciones tanto para el Gobierno como para las Farc, como es el caso del cese bilateral y definitivo al fuego, el cual solo requiere para su implementación de la voluntad de las partes en conflicto. Igualmente, algunos elementos adicionales sobre el punto 3 del Acuerdo que buscaba poner fin al conflicto, también pueden desarrollarse en el marco de las facultades constitucionales del Gobierno para controlar el orden público, pero deberán ser tratados de manera independiente al Acuerdo Final no refrendado.
Frente a los costos políticos de la decisión, más allá de buscar culpables en los líderes regionales que no se comprometieron con la actividad proselitista a favor del sí, en la desinformación que gobernó los días previos al plebiscito, o incluso en argumentos tan agresivos como alegar que los grandes centros urbanos votaron desconociendo el dolor de las víctimas en las zonas rurales, afirmación que no es cierta; el Gobierno debe hacer una autocrítica y preguntarse: ¿Dónde está el electorado que respalda el mandato que lo llevó a ser elegido en el 2014?, ¿Qué se hizo mal en el proceso para haber perdido ese respaldo?, ¿Estará pasando factura la estrategia utilizada para llegar a la Casa de Nariño en un tema en el que la polarización es la enemiga?
Lo cierto, es que el BREXIT le costó la legitimad al Primer Ministro británico que ante la decisión popular se vio obligado a dimitir. El Presidente Santos, si bien tiene una crisis de legitimidad, también tiene un espacio para reconstruir un Acuerdo que le permita dar cumplimiento al mandato que recoge la voluntad de todos los colombianos: Alcanzar una paz estable y duradera.
La negativa a la refrendación del Acuerdo Final si bien es una derrota política para el oficialismo, también es una oportunidad para alcanzar la cohesión social necesaria para hacer que lo pactado se pueda implementar. Un Acuerdo refrendado por un país dividido habría sido condenar su vigencia futura hasta que llegara un cambio político que lo pusiera en riesgo.
Es esta la oportunidad de hacer un nuevo Pacto por la Paz, en el que quepan los partidos de la Unidad Nacional y el Centro Democrático, Santos y Uribe, Jaime Castro, Martha Lucía Ramírez, Alejandro Ordoñez y Andrés Pastrana, en el que quepan las FARC y el ELN. Un acuerdo en el que la única que no falte sea Colombia.
La decisión del 2 de octubre no es un FARCXIT, es una segunda oportunidad.
CARLOS ARÉVALO
Profesor de la Maestría en Derecho Internacional
Universidad de La Sabana