Anoche fue aprobado en último debate el proyecto de ley “por el cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”.
Tras este trámite, el proyecto pasa a la fase de conciliación en las dos cámaras legislativas, proceso en el que se define el texto definitivo de ley que llegará a la firma por parte del presidente Juan Manuel Santos, con la cual se oficializa el proyecto como ley de la República.
Luego de un debate intenso en el Senado, el proyecto tuvo cambios. Una de las novedades es la venia que le dio el Senado a la tarifa con la cual se gravará el vino, que será diferencial a la de los demás licores.
Mientras en la propuesta inicial del Gobierno, la cual fue aprobada durante el trámite del proyecto en los demás debates en el Congreso, se estableció un impuesto combinado a los licores, de 25 por ciento ad valorem y 220 pesos por grado alcoholimétrico, la plenaria del Senado cambió los números.
Así, el vino, que fue considerado un producto que está entrando cada vez más en los hogares colombianos, tendrá una tarifa diferencial de 20 por ciento ad valorem y 150 pesos por grado alcoholimétrico.
Este fue precisamente uno de los puntos más polémicos. La senadora Claudia López sustentó que el proyecto se tramitaba, según los argumentos iniciales, para generar equidad entre la carga impositiva de los licores importados con los nacionales, por lo que rechazó la idea que finalmente quedó como lo avaló el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
En la iniciativa, además, quedó establecida una protección especial para el aguardiente producido en el país, de manera que los departamentos podrán restringir la entrada del mismo y podrán suspender hasta por 6 años prorrogables los permisos para su introducción.
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Con el fin de dotar de un mayor blindaje del producto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyará los trámites necesarios para ampararlo mediante la denominación de origen.
En el debate final, la lluvia de proposiciones llegaba con cada artículo que se iba a votar. Los senadores del Centro Democrático, partido de oposición al Gobierno, en particular agregaban nuevas propuestas.
Se planteó establecer una salvaguarda para el ron, similar a la que le dan al aguardiente, en pos de proteger la industria nacional, principalmente de departamentos como Caldas y Valle, que, según los congresistas voceros de esas regiones, dependen del consumo de estos productos para financiar la salud.
Pese a que el ministro Cárdenas defendió la protección solo para el aguardiente, por ser la bebida alcohólica insignia nacional, mientras que los rones compiten por todo el mundo, los proponentes de este cambio lograron que se introdujera dicha protección.
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De igual forma lograron los congresistas que un IVA de 5 por ciento, que se cobrará a los licores sujetos al impuesto al consumo, sea para los departamentos y no para la Nación.
El monopolio rentístico de los licores cobija no sólo a la producción de licores, sino su comercialización y distribución y así quedó consignado en el texto final. Los departamentos contratarán la distribución a través de licitación pública, para darle mayor transparencia a su adjudicación.
Según los cálculos y proyecciones de la Federación de Departamentos y de Acil, la asociación de fábricas de licores nacionales, este el nuevo esquema impositivo para los licores significará un aumento del recaudo entre el 18% y el 20%. El total de ingresos de esta entidades pasaría de 1,4 a 1,8 billones de pesos.
Los departamentos percibirán un ingreso adicional por concepto de derechos de explotación, que se definirá contractualmente.
Otra de las medidas es el establecimiento de un IVA del 5%, descontable para la industria nacional –por cuenta de la fabricación de los envases, las tapas, etiquetas y demás– pero no para los licores importados.
La nueva ley incluye, adicionalmente, algunas normas que buscan controlar la adulteración y el contrabando de licores.
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