Al menos 10.022 millones de pesos que debían destinarse para cuidar el medioambiente en las regiones se habrían perdido el año pasado por causa de malos manejos en 16 corporaciones autónomas regionales del país. (Lea también: Por inoperantes, Contraloría raja a las CAR)
Ese fue el resultado de la tercera auditoría que hace la Contraloría en el último año sobre la gestión de las CAR, en la que raja la gestión de estas autoridades ambientales, claves para el cuidado de ríos, bosques y recursos naturales protegidos. El último examen detectó al menos 512 irregularidades.
Una de las CAR más cuestionadas sigue siendo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en cuya gestión del 2015 se halló un presunto detrimento de 1.878 millones de pesos. La Contraloría dice que pese a reiterados llamados de atención a la corporación, en los últimos 7 años no se le ha fenecido la cuenta, es decir, no ha tenido buena calificación en las auditorías, “lo que evidencia que las acciones correctivas emprendidas por las últimas administraciones no han sido eficaces”.
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La Contraloría encontró que el año pasado esta CAR pagó más de un millón de pesos por palas y herramientas cuyo costo en el mercado era de 7.000 pesos. También le compró a la firma contratista Maser Ltda. un medidor digital de compactación por 23 millones de pesos, el cual, según estudios de mercado de la Contraloría, se consigue por 3,8 millones.
Con esa firma se encontró otro contrato injustificado. Por una capacitación para cinco funcionarios se le pagaron 116 millones, no obstante que la Contraloría evidenció que tres universidades daban el mismo servicio por solo 5 millones. Según la investigación, Maser Ltda. contrató a un tercero al que le pagó 30 millones por el evento, y “los demás pagos (que no fueron soportados) fueron realizados por Maser a la cónyuge del subcontratista”, dice la auditoría.
También se encontró que esta CAR gastó 1.681 millones en la adecuación hidráulica del río Frío, en una zona de Chía (contrato 1193 del 2014), obra que, según la Contraloría, resultó siendo inútil, “ya que, según la alcaldía de Chía, la zona intervenida nunca ha presentado inundaciones y en vez de solucionar un problema, se generó un impacto ambiental irreversible sobre la fuente hídrica”. (Además: Surgen nuevas críticas a las obras de recuperación del río Bogotá)
Madera, explotación sin control
Otra de las ‘perlas’ de las CAR se evidenció en Chocó. En esta zona, donde Codechocó tiene una de las responsabilidades ambientales más complejas, por ser una de las zonas más biodiversas del mundo, los investigadores fiscales encontraron que esa autoridad no ha hecho los controles debidos sobre la explotación de madera y especies forestales en peligro de extinción.
Según la Contraloría, la madera extraída del Chocó está siendo decomisada en departamentos vecinos como Antioquia y Risaralda, por ser transportada en volúmenes superiores a los autorizados para la movilización y en rutas diferentes de las aprobadas por las autoridades ambientales. Todo esto, dicen los investigadores, se origina “por las serias deficiencias que tiene Codechocó en los procesos de expedición, vigilancia y control del llamado salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica (SUN)”.
En Urabá y en zona rural de Risaralda, donde se encuentra esta madera, se ha verificado también que las especies forestales destinadas a exportación no son las autorizadas. Entre aquellas en peligro crítico (alto riesgo de extinción en estado silvestre) cuya explotación no fue impedida por Codechocó están el chano (del cual se han explotado y movilizado en volumen 20.598 metros cúbicos), el abarco (con 16.231 metros cúbicos) y el cativo (15.691 metros cúbicos).
En esta corporación la Contraloría encontró “un manejo deficiente y riesgoso de los permisos de aprovechamiento forestal que concede para la explotación de bosques”.
Esto está generando “riesgos de afectación del recurso boscoso en el departamento del Chocó por la explotación inadecuada, que afecta la renovación del recurso forestal”.
Entre las CAR investigadas también está Corpocesar. La Contraloría detectó que de 2.154 millones de presunto detrimento patrimonial que habría generado la gestión de esa entidad, al menos 1.813 corresponden a un contrato de obra pública en el que aceptó que el Consorcio Mitigación Guatapurí-Badillo aumentara los precios de excavaciones por encima de las condiciones del mercado.
También se investiga a Corpomojana por el contrato de obras 085 del 2015, pues la Contraloría verificó que no se removieron sedimentos en un tramo del caño Morón, en Guaranda, Sucre, lo cual costó 59 millones de pesos.
Y de Corpoguajira, la Contraloría detectó que no está cumpliendo las condiciones para conceder permisos de aprovechamiento forestal y concesión de aguas, hecho que afecta la prestación del servicio a los usuarios.
Acueductos no operan
Según investigaciones de la Contraloría, solo el 25 por ciento de los municipios tienen plantas de tratamiento en funcionamiento. De 28 CAR que entregaron información, solo seis (las del oriente de Cundinamarca, oriente de Antioquia, la meseta de Bucaramanga, Tolima, Sucre y Córdoba) tienen el 50 por ciento de municipios con acueductos funcionando.
Por esto, la Contraloría dice que la población en riesgo de desabastecimiento en épocas secas, podría pasar de 14 a 29 millones de habitantes para el 2025.
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