Este martes, cuando ya habían transcurrido más de 10 horas de un fuerte debate en la plenaria del Senado, el proyecto de ley “Por el cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones” estaba próximo a ser aprobado en último debate.
De 43 artículos se había dado el visto bueno a 40, pero la polémica era álgida, y los cambios introducidos en el Senado dejaron a la iniciativa pendiente de una conciliación, para equiparar con lo aprobado en la plenaria de Cámara. (Lea también: Licoreras, pendientes de proyecto que aumentaría 19 % sus rentas)
Una de las novedades es la venia que le dio el Senado a la tarifa con la cual se gravará el vino, que será diferencial a la de los demás licores.
Mientras en la propuesta inicial del Gobierno, la cual fue aprobada durante el trámite del proyecto en los demás debates en el Congreso, se estableció un impuesto combinado a los licores, de 25 por ciento ad valorem y 220 pesos por grado alcoholimétrico, la plenaria del Senado cambió los números.
Así, el vino, que fue considerado un producto que está entrando cada vez más en los hogares colombianos, tendrá una tarifa diferencial de 20 por ciento ad valorem y 150 pesos por grado alcoholimétrico.
Este fue precisamente uno de los puntos más polémicos. La senadora Claudia López sustentó que el proyecto se tramitaba, según los argumentos iniciales, para generar equidad entre la carga impositiva de los licores importados con los nacionales, por lo que rechazó la idea que finalmente quedó, como lo avaló el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. (Además: España, Francia e Italia levantan su voz por el vino)
La lluvia de proposiciones llegaba con cada artículo que se iba a votar. Los senadores del Centro Democrático, partido de oposición al Gobierno, en particular agregaban nuevas propuestas.
Se planteó establecer una salvaguarda para el ron, similar a la que le dan al aguardiente, en pos de proteger la industria nacional, principalmente de departamentos como Caldas y Valle, que, según los congresistas voceros de esas regiones, dependen del consumo de estos productos para financiar la salud.
Pese a que el ministro Cárdenas defendió la protección solo para el aguardiente, por ser la bebida alcohólica insignia nacional, mientras que los rones compiten por todo el mundo, los proponentes de este cambio lograron que se introdujera dicha protección.
De igual forma lograron los congresistas que un IVA de 5 %, que se cobrará a los licores sujetos al impuesto al consumo, sea para los departamentos y no para la Nación.
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