Independientemente de lo que se logre alcanzar como acuerdos de paz después de lo ocurrido con el plebiscito, el Gobierno Nacional está comprometido con las propuestas de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano, elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación bajo dirección del experto economista y exministro del ramo José Antonio Ocampo y apoyadas en el Censo Nacional Agropecuario, en el 2014 y en el 2015, las cuales, de acuerdo con voces autorizadas, demuestran que “falta todo por hacer en el campo”.
Dentro de esos compromisos, ocupa un lugar relevante la dotación de tierras a campesinos que no las tienen. En algunos documentos sobre el tema aparece, no de una manera muy explícita pero sí sugerida, la posibilidad de que las tierras que ha de entregar el Estado puedan ser transferidas en concesión o arrendamiento y no necesariamente en propiedad.
Como lo indico arriba, esa forma de hacerlo es un tema crucial y el momento para decidirlo es el adecuado. Reitero, explico y amplío aquí los argumentos que esgrimí en un artículo publicado en este mismo diario en noviembre del 2015 bajo el título de ‘No más tierras del Estado en propiedad’.
Es que son contundentes las razones para que ni baldíos ni tierras recuperadas por extinción de dominio, ni adquiridas para repartir, se entreguen en propiedad. Y quienes las han de recibir tendrán que entender y aceptar hechos y aspectos indiscutibles, como que cuando se entrega en propiedad es muy difícil, si no imposible, controlar la destinación y la forma de uso que se le da a la tierra.
El propietario se siente siempre más dueño y señor que el concesionario o el inquilino y con el derecho, por ejemplo, a parcelar o a construir lo que debería ser tierra de cultivo, a tener ganadería extensiva donde debería ser agricultura, a destruir morichales, humedales o llanuras de inundación y zonas protectoras para expandir la capacidad del predio a su conveniencia o parecer de corto plazo, a cultivar con prácticas que no conducen a la preservación de los suelos. En cambio, al concesionario el Estado le puede imponer sus reglas, condiciones y limitaciones en el contrato, cuya violación le puede acarrear sanciones hasta la pérdida del derecho a continuarlo y a renovarlo.
Recordemos que la tierra es un bien sumamente escaso e imposible de reproducir y de recuperar cuando se le ha hecho daño. Y pensemos que la concesión se puede entregar a muy largo plazo y que sistemas parecidos, como el arrendamiento, son ya experimentados y corrientes en países de características tan diferentes como la Gran Bretaña y la China. Como feliz coincidencia, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el señor ministro a la cabeza, viene tomando fuerza esta misma o muy similar tesis.
Y para lo que nos interesa de manera más inmediata, para entregar tierras a campesinos que no la tienen, su efectividad parece resultar robustecida al ser entregada a pequeños productores, porque estos “utilizan la tierra en forma más eficiente que los grandes”, según se desprende de estudios realizados por gente muy conocedora del sector. Y reforzado con la afirmación de que, “por alguna razón, la productividad del productor campesino es mayor en tierra arrendada”, lo que para efectos prácticos es lo mismo, más un pago que no hay en la concesión.
Aprovechemos tan especial coyuntura para optimizar el uso de ese escaso, irreproducible e irrecuperable recurso.
Jorge Eduardo Cock
