De 6 de la mañana a 6 de la tarde estuvo paralizada el pasado lunes la producción de la Industria Licorera de Caldas (ILC), por un cese de actividades promovido por uno de sus tres sindicatos. (También: Ley de licores se votará después del plebiscito por la paz).
Con el paro, los empleados y contratistas de la empresa departamental buscaban presionar en contra del proyecto de una nueva Ley de Licores que llegó en la noche a su último debate en el Congreso de la República y sería votada este martes en plenaria del Senado de la República.
“Estamos esperando a ver qué pasa en la plenaria, ya si la aprueban (la ley) tendríamos que tomar otras determinaciones”, dijo Carlos Aníbal Loaiza, presidente en Caldas del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Bebidas Alcohólicas y Espumosas (Sintrabecólicas).
El proyecto ha despertado malestar entre diferentes sectores del mercado de licores en Colombia, en especial por los cambios que introduce al cobro de impuestos sobre esta clase de bebidas. Antes, el gravamen dependía sobre todo de los grados de alcohol del producto; ahora se calculará según su precio de venta.
“Van a aumentarle los impuestos a los licores nacionales y le van a reducir a los extranjeros”, asegura Loaiza. Esto, a juicio de la organización sindical, pondría en peligro sus trabajos porque afectaría la competitividad de las licoreras públicas nacionales frente a marcas internacionales.
El dirigente de Sintrabecólicas afirma que la nueva ley abre la posibilidad a que las multinacionales del sector lleguen a producir en el país. “Se está desvirtuando el monopolio rentístico, que se los están dando a los departamentos como arbitrio para proteger la explotación”, agregó.
La Constitución le da a los departamentos la posibilidad de que en sus territorios solo se distribuyan los productos de sus respectivas licoreras o firmar convenios –como el recién acordado entre la ILC y la Fábrica de Licores de Antioquia– para definir las condiciones en que se abren las fronteras.
El objetivo de la norma es proteger las industrias públicas que son, en muchos casos, una de las principales fuentes de ingresos para sus departamentos y de tributos para la salud y la educación. “Eso pasa, por ejemplo, acá en Caldas, donde hay muy pocas empresas”, señala Claudia Marcela Arango, que trabaja en el área de envasados de la Licorera.
El gerente de la empresa, Luis Roberto Rivas, también considera que el proyecto podría “tener una inconstitucionalidad”, a pesar de que el Gobierno ha insistido en que el monopilio no se afecta. No obstante, el gerente reconoce que ha habido “mejoras” frente a la primera versión de la iniciativa.
Sobre el paro, Rivas dijo que “hay que respetarlo” por ser un derecho constitucional.
MANIZALES
