Un largo proceso le significó a Luis Alberto Mercado, en su facultad de persona retirada del Ejército, renovar las prótesis. Finalmente, cinco meses después de desesperados llamados y compartir su situación con EL TIEMPO, recibió por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército el nuevo material que le permite desarrollar su vida con cierta comodidad.
Vía telefónica, la madre de Mercado, María Genoveva Lara, quien lo ha acompañado desde el 2012, cuando sufrió el fatal accidente, le confirmó a este diario que ya goza de mejores prótesis y que se encuentra laborando en Bucaramanga.
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“A mediados de junio le dieron las prótesis nuevas y no ha tenido ningún inconveniente con ellas”, dijo la señora Lara.
Luego de que el 10 de abril se publicara las dificultades que vivía Mercado con unas viejas prótesis, coordinadores de Sanidad de las FF. MM., desde Bogotá, lo contactaron con la intención de agilizar el proceso de renovación.
Fue remitido al centro médico Ottobock, de Barranquilla, donde un especialista le tomó las medidas usando molde por Sistema Eléctrico de Medidas. Semanas más tarde regresó para restaurar las medidas, pues al probarlas notaron que no encajaban debidamente en los restos de extremidades inferiores. Entre su primera cita y el día que las prótesis encajaron transcurrieron tres meses, tiempo que vivió Luis Alberto transportándose en precarias condiciones.
Otros casos sin resolver
Como Mercado, otros compañeros que perdieron alguna parte de su cuerpo por minas antipersonales se encuentran en la misma situación. Acuden a renovar sus prótesis y como respuesta, Sanidad les recuerda que no hay presupuesto. Por lo menos con la Fundación ‘Víctimas de Minas Antipersonales’ (Vicma), alrededor de 186 civiles que cayeron en las minas requieren apoyo a sus situaciones.
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Jhorman Silva Carrillo, quien tiene una pierna y varios dedos de la mano izquierda amputados por pisar una mina en el 2006, en Gramalote (Norte de Santander), comenta que prefiere seguir remendando sus prótesis, que seguir insistiendo para que le brinden mejoría en ellas.
“Fui a la Brigada 30 en Cúcuta y me dijeron que no había presupuesto. Con esta, es la sexta vez que me toca coser la parte descosida”, confiesa Silva, lamentándose de la situación.
Caso parecido es el de Diomedes Ortega, víctima en el 2009 en las montañas del Nudo de Paramillo. ‘Mario’, víctima en Antioquia; ‘Luis’, en Santander (ambos no quisieron revelar sus nombres, por seguridad). O el de José Pernett, en el 2009, en Peñas Coloradas (Caquetá). Este último perteneciente a las Fuerzas Armadas.
Todos tienen en común que reclaman renovación de sus elementos y en el Hospital de Sanidad Militar o Ejército les contestan la falta de presupuesto.
Ruta de las víctimas
Una vez un miembro de la fuerza pública cae en un campo minado y sufre heridas de gravedad, el proceso de recuperación, retiro y pensión puede durar hasta dos años. EL TIEMPO tiene los detalles.
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Inmediatamente el soldado herido en combates por minas antipersonales es conducido a la sala de urgencias más cercana a la zona y, luego de estabilizarlo, es trasladado al Hospital de Sanidad Militar, con sede en Bogotá, donde le prestan no solo servicios de recuperación física, sino tratamientos psicológicos.
Hasta aquí han pasado de seis meses a un año, dependiendo la gravedad de las víctimas.
Luego es retirado de las Fuerzas Militares por su situación de incapacidad. Así empieza su lucha por pensionarse.
La pensión, otro proceso: se convoca a una Junta Médica, integrada por psicólogo, fisioterapeuta y médicos, quienes evalúan la gravedad del daño causado al, desde ahora, civil. De esa decisión, depende si la pensión es de un 80, 90 o 100 por ciento.
La lucha que emprenden los civiles por pensionarse demanda otro semestre o en el peor de los casos año y medio. Razón por la cual es un punto crítico para ellos, ya que en ese lapso no reciben un solo peso y por sostener a sus familiares acuden a prestamistas, y a eso se le añade el servicio de abogados.
Según los testimonios de las víctimas a este diario, el promedio de la pensión va de los 400 a los 700 mil pesos.
“A estas alturas del proceso, ellos se endeudan, por cuestiones de alimentación y otras necesidades cotidianas, mientras esperan la pensión, que cuando sale, ya se le debe el mayor porcentaje nada más al abogado”, manifiesta el director de la Fundación Vicma, Mario González.
El penúltimo paso es lograr la indemnización, en el que los encargados le ponen valor al daño del que fue víctima el civil. Mientras que el último momento de este proceso es el mantenimiento de los elementos de incapacidad, donde el protagonismo se lo lleva la frase ’no hay presupuesto’ y el periodo de espera para una cita es de dos meses como mínimo.
“Me gasto lo de la pensión para ir a arreglar mis prótesis. Por otro lado, uno sufre de intratos. Recuerdo cuando me sacaron del restaurante, porque ya no era soldado, sino un civil. Y el almuerzo lo botaron”, asegura Pernett.
‘Presupuesto no da abasto’: Ejército
Vía telefónica, EL TIEMPO se comunicó con la coordinadora de Sanidad del Ejército, Coronel Diana Agudelo, quien respondió a los cuestionamientos de los afectados por la falta de presupuesto que evita agilizar la mejoría en las prótesis y demás insumos de los civiles.
“La Dirección General de Sanidad Militar le corresponde dirigir el presupuesto asignado, pero lo que pasa es que no da abasto para todo. Desafortunadamente esta guerra nos dejó demasiados amputados y lógicamente ellos por el uso y el abuso hacen un deterioro muy rápido de sus prótesis”, afirmó Agudelo.
Agregó que cada tres o cinco años en promedio es el proceso de renovación de las prótesis, aunque hay veces que se ven obligados a hacer el cambio antes de ese tiempo por deterioro.
Cifras escalofriantes
Según cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), desde 1990 hasta el 30 de junio de 2016, el número de heridos de la Fuerza Pública por mina antipersonal fueron 5.589. Mientras que la cifra de fallecidos en el mismo periodo fueron 1426, sin incluir civiles.
El año más trágico fue el 2005 con 199 muertos de la Fuerza Pública. Así mismo, se muestra un descenso: desde el 2014 con 31 decesos, el 2015 registró 15 fallecidos y en el actual se presentan 2 muertos.
Deivis López Ortega
Especial para EL TIEMPO
BARRANQUILLA
