A pocos días de la decisión más importante que tomará Colombia en su historia moderna, uno de los principales miedos de quienes aún no están seguros sobre cómo votar es el llamado “castro-chavismo”.
El concepto es poco claro. La Revolución Cubana de 1959 dista mucho del fenómeno populista de Chávez de finales de los años noventa. Quizás por eso quienes están por el Sí han optado por restarle toda importancia a este argumento, y tildarlo de ridículo.
Pero las imágenes venezolanas de mercados desabastecidos, filas eternas para conseguir la canasta familiar básica, expropiaciones masivas, detención de opositores políticos y militares politizados, son tan fuertes, que vale la pena discutir sobre este tema.
La idea esencial parecería ser que la entrada de la guerrilla al sistema político será el fin de la democracia porque ellos se quedarán con el poder, y acabarán con las instituciones y con la separación de poderes como lo hizo Chávez.
Para la mayoría, la operación es muy sencilla: Chávez era de izquierda, la guerrilla es de izquierda, Venezuela está en crisis, por lo tanto, la guerrilla nos llevará a la crisis.
Para otros, el riesgo surge de la existencia misma del socialismo o del comunismo. En el fondo la premisa es que estas visiones del Estado y de la sociedad no deberían poder competir en la democracia.
Y finalmente, algunos consideran que el Acuerdo mismo, según ellos, contemplaría medidas “castro-chavistas”.
Vamos uno por uno.
El chavismo en Venezuela
Los principales expertos sobre el Chavismo coinciden en que este fenómeno surgió en la década de los noventa en Venezuela como resultado de una combinación de tres factores: 1. El colapso del sistema de partidos que por su corrupción enquistada carecía de legitimidad; 2. El crecimiento de la pobreza y la desigualdad como resultado de la caída en los precios del petróleo en una economía estructuralmente dependiente de este recurso; y 3. La debilidad de las instituciones de control contra-mayoritario, como el control de constitucionalidad.
Este caldo de cultivo clamaba a gritos el ingreso al poder de un ‘out-sider’, un líder populista que pudiera representar el sentimiento popular en contra del establecimiento tradicional. Y ese ‘out-sider’ ha podido ser de izquierda o de derecha. De hecho, Chávez sólo empezó a hablar de socialismo en el 2007 cuando ya llevaba 9 años en el poder proclamándose capitalista.
Ahora, es difícil imaginarse que el movimiento político que surja de las Farc pueda tener acceso al poder -recordemos que en su mejor momento durante el proceso de paz lograron un 4% de favorabilidad- y que contrario a lo señalado por algunos el Acuerdo no les permite tomarse el poder.
Pero en gracia de discusión, y si bien ningún país está vacunado contra el populismo, es razonable pensar que Colombia está mucho mejor preparada que Venezuela para evitar el surgimiento de un régimen anti-democrático.
En primer lugar el manejo de la economía colombiana ha sido emblemático en la región. Somos el único país de Latinoamérica que no sufrió de hiper inflación durante el siglo XX, y que logró honrar sus deudas internacionales durante la crisis de los 80. Tenemos una Superintendencia de Industria y Comercio que sanciona rígidamente cualquier violación del libre mercado. Y una política fiscal tan disciplinada, que incluso hoy hay quienes cuestionan si la imposición de la regla fiscal puede ser una política demasiado conservadora para un país en desarrollo.
Contamos con un sistema de partidos democratizado desde la Constitución de 1991, que ha permitido que un partido con el Partido Verde pueda tener vocación de poder a pesar de ser ajeno a la política tradicional.
Y recordemos que fue nuestra Corte Constitucional la que le prohibió al Presidente más popular de la historia reelegirse por una tercera vez. Esto fue justo lo que el Tribunal Supremo no pudo hacer en Venezuela frente a las reformas de reelección indefinidas de Chávez.
Así que la cura contra el “castro-chavismo” no es vetar el ingreso de partidos de izquierda a la democracia, sino vigilar que no se debilite el sistema de partidos, que se continúe con una política fiscal responsable, y que nuestra rama judicial y entidades de control sean independientes.
Vetar ideas acaba con la democracia
El segundo punto es que ni el socialismo ni el comunismo deberían poder competir en democracia. Sin embargo este argumento es profundamente anti-democrático. La idea es que existe una idea “tan aberrante” que no debería competir en democracia. El problema es que hoy es el comunismo, pero mañana podrá ser la libertad de expresión, y pasado mañana la libertad de culto, y después la libertad sexual.
Si alguien tiene el poder de decidir cuáles ideas pueden competir y cuáles no, desaparece la democracia porque nadie está a salvo. Un régimen solo es democrático si cualquier idea que sea promovida sin el uso de la violencia puede competir.
Hay quienes llevan el argumento a un siguiente nivel y señalan que ni el socialismo ni el comunismo deberían poder competir en democracia porque son en esencia ideologías anti democráticas. Esta premisa, sin embargo, es falsa. Dictaduras hay de izquierda o de derecha, y en Europa, por ejemplo, florecen gobiernos socialistas en democracia, sin ninguna vulneración de la separación de poderes o del Estado de derecho, ni problemas de abastecimiento de alimentos, o de violación de la propiedad privada.
Lo acordado
Finalmente, hay quienes han señalado que el Acuerdo mismo contiene elementos de política pública que nos llevarían hacia el llamado “castro-chavismo”. Quienes se oponen al Acuerdo han mencionado tres factores: i) La expropiación de la propiedad privada; ii) La persecución penal y policial de los adversarios políticos; y iii) La infiltración de las FFMM con la guerrilla.
Veamos qué dice el acuerdo en realidad frente a cada tema.
El Acuerdo crea un fondo para distribuir a campesinos y desplazados sin tierra, 3 millones de hectáreas. Para acopiar estas tierras el Acuerdo habla de 6 mecanismos que existen hoy en la legislación nacional vigente: i) la extinción judicial de dominio de tierras adquiridas con recursos ilícitos (por ejemplo tierras adquiridas con recursos del narcotráfico); ii) Tierras baldías de la Nación, especialmente las que han sido indebidamente ocupadas; iii) Tierras provenientes de la actualización de las zonas de reserva forestal; iv) Expropiaciones compensadas (normalmente por encima del valor comercial como sucede por ejemplo cuando el Estado va a construir una vía); v) Donaciones; y vi) La que ha causado más controversia: tierras inexplotadas.
El concepto de la función social de la propiedad existe en nuestro ordenamiento jurídico desde 1936 y está plasmado en el artículo 58 de la Constitución de 1991. La idea básica, que desarrollan las leyes 200 de 1936 y 160 de 1994, y que se ha venido aplicando por años, es que cuando una propiedad no es explotada económicamente durante 3 años consecutivos, el Estado la puede tomar. Es una sanción por dejar al abandono tierras que otros podrían estar aprovechando. No sucede así cuando el propietario ha cuidado y aprovechado su tierra.
De hecho el Acuerdo explícitamente protege la propiedad privada, dice: "garantía de los derechos de los hombres y las mujeres que son los legítimos poseedores y dueños, de manera que no se vuelva a acudir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con la tierra.”
Es decir que quienes han adquirido tierra de manera lícita y la han venido cuidando y explotando económicamente, no tienen nada de qué preocuparse.
Otros han señalado que el Acuerdo persigue a los opositores de las Farc por la vía policial y judicial. Eso es falso. El Acuerdo crea una Unidad élite de la Policía Nacional para luchar específicamente contra las bandas criminales que ataquen a la población civil, y crea a su vez una Unidad de investigación y desmantelamiento de organizaciones criminales en la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de estas organizaciones y sus redes de apoyo.
La idea es prevenir que se repita el fenómeno de las bandas criminales que siguió a la desmovilización de los paramilitares, y tomar medidas para garantizar la seguridad en los territorios.
En ningún lugar del Acuerdo se habla de la participación de las Farc en el Grupo élite ni en la Unidad de investigación, ni mucho menos se señala que perseguirá a quienes se opongan políticamente a las Farc.
Se dice además que el Tribunal para la Paz perseguirá penalmente solo a los financiadores del paramilitarismo y no a los financiadores y colaboradores de las Farc. Pero eso también es falso. El Acuerdo señala que serán llamados a comparecer quienes hayan tenido una participación determinante en la comisión de crímenes internacionales o graves violaciones a los derechos humanos, independientemente de a qué grupo armado financiaron.
Y finalmente, se ha dicho que las Farc conformarán los cuerpos de seguridad del Estado. Eso también es falso. La reincorporación de los miembros de las Farc, a diferencia de lo que sucedió en Centroamérica, quedó pactada como un proceso productivo a través de una cooperativa denominada ECOMÚN. Es decir que su reincorporación no es a través de su ingreso a la Fuerza Pública, sino que van a construir proyectos productivos a nivel local.
Lo único que establece el Acuerdo es que un pequeño grupo de guerrilleros desmovilizados harán parte de la Unidad Nacional de Protección. Pero el Acuerdo especifica que es únicamente para proteger a los ex combatientes que tengan riesgos de seguridad y prevenir lo sucedido con la Unión Patriótica y con Carlos Pizarro, entre otros.
Así que no, el Acuerdo no expropia las tierras bien habidas, no persigue a los opositores de las Farc, y no infiltra a la guerrilla en las Fuerzas Militares.
La constituyente
Resulta paradójico que quienes insisten en el tema del "Castro-chavismo", piden a gritos la realización de una nueva Asamblea Constituyente en Colombia.
Y digo que es paradójico porque todos los expertos venezolanos que consulté antes de escribir este texto –algunos más de derecha otros más de izquierda– coinciden en señalar que la debacle de la democracia venezolana tuvo lugar precisamente en la Asamblea Constituyente de 1998. Allí, Chávez logró doblegar todas las instituciones democráticas y acabar con la separación de poderes.
Este proceso de paz, en cambio, logró llegar a un acuerdo con las Farc sobre la dejación definitiva de las armas y su tránsito a la vida civil sin llevar a cabo una nueva Asamblea Constituyente, que era una de las principales pretensiones de la guerrilla.
Me temo que el mayor riesgo del surgimiento del llamado “castro-chavismo” en Colombia no proviene de la firma del Acuerdo de paz, sino de su rechazo y el surgimiento de una nueva alianza por la realización de una Constituyente como forma para "corregir" los acuerdos.
Al final las cartas están sobre la Mesa. La decisión del próximo 2 de octubre marcará para bien o para mal el futuro de Colombia durante las próximas dos décadas. Las implicaciones son tan grandes que ningún colombiano tiene derecho a dejar de votar por indiferencia o desinformación, ni a votar de manera inconsciente. Y en ese contexto, el “castro-chavismo” es un falso caballo de Troya.
JUANITA GOEBERTUS ESTRADA
Abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en derecho en Harvard (EE. UU.). Ahora dirige el Proyecto Colombia del Instituto para las Transiciones Integrales (ifit-transitions.org). Fue miembro de la delegación de Paz del Gobierno en La Habana (Cuba), como asesora en los temas de justicia transicional y víctimas. Trabajó 6 años en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En Twitter: @juagoe