Verdad, justicia y reparación de víctimas
Las Farc, por primera vez en su historia, aceptaron someterse a la justicia. En La Habana se acordó la creación de una justicia especial para la paz (JEP), paralela a la justicia ordinaria, que juzgará a los guerrilleros que se desmovilicen, a agentes del Estado que cometieron delitos en el marco del conflicto y a terceros civiles que fueron claves en la guerra.
La justicia especial tendrá cinco salas, de las cuales el Tribunal Especial de Paz será el órgano de cierre. Al Tribunal entrarán los casos de los guerrilleros cuyos delitos no puedan ser objeto de amnistía. Esos 24 magistrados, entre los que puede haber cuatro extranjeros, determinará qué sanción pagarán los procesados.
Las penas van desde la no cárcel para quienes a partir del primer momento cumplan cabalmente con verdad, justicia y reparación. Entre las formas de reparación a las víctimas se establecen desde actos públicos de perdón, participación de los desmovilizados en desminado o reconstrucción de infraestructura. Las Farc también se comprometieron a “contribuir en la reparación material”, pero el Estado lo asumirá cuando el victimario no tenga recursos.
El Gobierno se comprometió, además, a no extraditar a los guerrilleros que tienen requerimientos de otros países por narcotráfico, en el entendido de que este delito se usó para financiar la guerra. Si los desmovilizados cometen delitos después de la firma del proceso de paz, sus casos van a la justicia ordinaria y pierden la pena alternativa.
La JEP determinará quiénes recibirán amnistías por delitos conexos al delito político (rebelión, sedición, asonadas), que en todo caso no podrán ser delitos de lesa humanidad. Antes, el Congreso tramitará el proyecto de ley que define cuáles son las conductas amnistiables, en las que cabrán los delitos cometidos para financiar la rebelión.
Habrá una comisión de la verdad de 11 miembros que operará por tres años. Su informe no tiene efectos judiciales.
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Farc rompen con el narcotráfico
El acuerdo estableció una hoja de ruta para enfrentar el narcotráfico, basándose en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la erradicación manual. También tendrá un enfoque de salud pública, en el que se intensificará la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, mientras se cesará la judicialización de los eslabones más débiles como los consumidores o campesinos con cultivos ilícitos. En el caso de los cultivadores de coca, el Estado se comprometió a apoyarlos con programas para la sustitución. Para esto se plantearon medidas como la titulación de tierras, y se les darán beneficios judiciales.
El plan busca sacar del negocio de los cultivos de coca a más de 70.000 familias, casi todas de zonas donde las Farc eran fuertes. Así, el agricultor tendrá dos años de plazo, contados a partir de la vigencia de la nueva norma, para manifestar a las autoridades su intención de erradicar los cultivos de coca. A cambio recibirán asistencia alimentaria, mercados o bonos hasta por un año, para garantizar su sostenibilidad. La guerrilla, a su vez, le pone fin a toda relación con el narcotráfico.
180 días para el desarme
En el plan para que las Farc dejen sus armas se fijó un cronograma de 180 días para la concentración de sus integrantes en diferentes puntos del país, donde un comité de verificación (compuesto por representantes de la ONU, Gobierno y Farc) vigilará el cumplimiento del cese bilateral del fuego y su desarme. En dichas zonas se mantendrá la autoridad del Gobierno, y la Fuerza Pública estará a un kilómetro de distancia de esos sitios. Este proceso, según el acuerdo, comienza después de la firma que se dio el pasado lunes y terminará en 6 meses.
Las Farc ya empezaron un proceso de concentración en 27 puntos del país (20 zonas veredales y 7 campamentos). Ese traslado, cuya seguridad es garantizada por la Fuerza Pública, incluye a guerrilleros que hoy están presos.
Se acordó que 60 guerrilleros, designados por las Farc, podrán moverse por el territorio para que hagan pedagogía sobre los acuerdos, y 220 podrán hacerlo regionalmente. El resto permanecerán en las zonas establecidas.
Si en las zonas veredales, o por fuera de ellas, ocurre algún incidente o incumplimiento del cese del fuego, el comité de verificación evaluará el caso y tomar medidas correctivas.
Después de los 180 días, las Farc deben haber dejado todas sus armas, requisito esencial para que puedan ser un movimiento político. Las armas, que entregarán de manera gradual, serán guardadas en contenedores, y la ONU debe extraerlas desde las zonas de concentración. El armamento será fundido para crear tres monumentos en memoria de las víctimas en Colombia, en Cuba y en la sede de la ONU, en Nueva York.
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Reintegración
Según el general Javier Flórez, jefe de la subcomisión de Fin del Conflicto, las Farc tienen 5.765 guerrilleros en sus filas. Se calcula que entre seis y 7.000 milicianos también entrarán en el proceso, y se espera la entrega de no menos de 14.000 armas de fuego. Cada desmovilizado recibirá ayudas económicas transitorias para que pueda estabilizarse, similares a las que se entregaron a los desmovilizados de las Auc en el gobierno de Álvaro Uribe. Se garantizará un estipendio y ayuda para un proyecto productivo si persisten en la reintegración.
Participación en política
El acuerdo establece medidas para que las Farc entren a la arena política sin desventaja, pero claramente lejos de las armas.
Tendrán 10 curules (cinco en Cámara y cinco en Senado) a partir del 2018 y por dos cuatrienios consecutivos. Obtendrán estas curules de manera automática, siempre y cuando no las logren en las urnas. Después de que entre en vigencia el Acuerdo Final, las Farc podrán designar a tres voceros –que deben ser ciudadanos en ejercicio– en el Senado y tres en la Cámara, para que participen en los proyectos legislativos que les darán vida a lo acordado. Tendrán voz, pero no voto.
Según lo pactado en La Habana, aunque la nueva jurisdicción especial para la paz imponga una sanción a un exguerrillero, esto no implica que pierda derechos políticos. Así, los desmovilizados que cometieron delitos de lesa humanidad, se sometan a la justicia especial, cuenten la verdad, contribuyan a la reparación y reciban una sanción alternativa de restricción de su libertad, no quedarán inhabilitados para ser candidatos.
Para que esto sea posible, el Congreso debe realizar las reformas constitucionales necesarias, pero cada caso se evaluará por la nueva justicia especial.
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Partido político
Por 8 años se diseñará un sistema para darle garantías al partido de las Farc. Una vez dejen las armas se podrán registrar ante el Consejo Nacional Electoral para así transformarse en un partido político, e iniciarán el proceso para conseguir su personería jurídica, con lo que conseguirán financiación estatal y podrán avalar candidatos.
Ese partido recibirá anualmente el 10 por ciento de lo que el Gobierno destine para el fondo que financia todos los partidos (este año el fondo tuvo recursos por 35.139 millones). También recibirá anualmente el 5 por ciento de la apropiación presupuestal del fondo. Al movimiento de las Farc no se le exigirá que supere el umbral en las elecciones al Congreso para que pueda conservar su personería jurídica. También se acordó crear un Tribunal Nacional de Garantías Electorales, y habrá un programa especializado para proteger la integridad de los miembros del partido de los desmovilizados.
Plan de reforma rural integral
El acuerdo busca la transformación estructural del campo y el acceso equitativo a la tierra, con el fin de atacar las causas y los efectos que han llevado a que en Colombia el conflicto armado complete 52 años.
Se creará un fondo de tierras para los campesinos que no la posean. Durante los próximos 10 años, ese fondo dispondrá de tres millones de hectáreas. Se nutrirá de mecanismos como: la extinción de dominio de predios que hayan sido conseguidos de forma ilícita, los baldíos que sean recuperados, las tierras provenientes de la delimitación, la actualización de las reservas forestales y la extinción administrativa del dominio de tierras sin explotación.
Las personas que podrán acceder de manera gratuita a esas tierras, a los subsidios para comprar más predios y a los estímulos para desarrollar proyectos productivos son campesinos y “trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”. Tendrán prioridad las madres cabeza de familia y los desplazados.
También se verán beneficiadas asociaciones de campesinos o cooperativas pequeñas y de medianos productores.
Una estrategia complementaria al acceso de tierras serán los planes de vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras, entre otros.
El Gobierno se comprometió a reducir la pobreza rural en un 50 por ciento en una fase de transición de 10 años. Y en un plazo de 7 años se actualizará el catastro rural para poder hacer efectivo el recaudo de tributos por la propiedad. También se formalizarán –ya sea con la titulación o devolución del control del predio titulado– 7 millones de hectáreas de mediana y pequeña propiedad rural. Las víctimas también tendrán la restitución de sus tierras y se les garantizará que puedan retornar a los predios despojados. Esos programas están en marcha desde antes del acuerdo.
El Gobierno también apoyará las llamadas zonas de reserva campesina que ya están constituidas.
EL TIEMPO