SÍ
‘Fin a 52 años de guerra’
Por primera vez en sus 52 años de historia, y después de tres intentos fallidos en los últimos 30 años, la guerrilla de las Farc acepta desmovilizarse, entregar sus armas y someterse a la justicia transicional, que implica compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un paso fundamental para el país porque se trata de la guerrilla más antigua del hemisferio y del principal actor de uno de los conflictos más antiguos del mundo. Derrotadas en el campo militar por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, las Farc tienen aún capacidad de daño en varios de los departamentos más pobres y atrasados del país.
En medio del proceso, departamentos como Cauca, Putumayo y Caquetá, tradicionales escenarios de la guerra, pudieron disfrutar de la relativa tranquilidad que, por lo menos en lo que toca a la violencia del conflicto, ya vive el 90 por ciento del país.
El fin de la ‘marca’ ilegal más poderosa en el conflicto no supone que termine de inmediato la violencia en el país, pero es un paso fundamental para cerrar una guerra que deja más de 267 mil muertos en cinco décadas.
Según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el país ya siente la reducción de la violencia: van más de 1.250 días sin un ataque de las Farc a una población, 250 días sin secuestros atribuidos a ese grupo, casi 600 sin retenes ilegales, más de un año sin emboscadas y 371 días sin atentados contra la infraestructura petrolera o torres de energía.
Por el acuerdo, deben acabarse el narcotráfico y las extorsiones de las Farc. La ONU vigilará el cumplimiento de esos compromisos.
‘Se generará más progreso’
Se generará un revulsivo para la economía del país. El Gobierno calcula que en el posconflicto, el Producto Interno Bruto (PIB) crecería a ritmos del 6 por ciento anual, más del doble del actual. Habrá más empleo e inversión para el desarrollo del campo. Pero, además, el país, que en 60 años ha destinado 411 billones de pesos a seguridad, sobre todo al conflicto, podrá liberar recursos para desarrollo y para enfrentar otros retos de seguridad, como la delincuencia común.
‘El mundo, con el proceso’
Como nunca antes, el mundo entero acompañó la actual negociación y su Acuerdo Final. La Unión Europea, el Vaticano, el Gobierno de los EE. UU., la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Banco Mundial y el BID, además de la OEA y los gobiernos de toda la región, apoyaron el proceso. La Corte Penal Internacional dijo que el acuerdo satisface las exigencias de justicia.
‘No habrá impunidad para crímenes de la guerrilla’
El acuerdo no implica impunidad. Para recibir la pena alternativa –que en los casos de máxima colaboración con la justicia contempla que no haya cárcel, aunque sí otras medidas restrictivas–, los victimarios deben cumplir compromisos de verdad, justicia y reparación. Si vuelven a delinquir, se les aplican las penas normales: más de 20 años de prisión.
‘Víctimas, en el centro del pacto’
El centro del acuerdo son las víctimas. El sistema de justicia transicional establece que para quienes reconozcan su responsabilidad y aporten a la verdad habrá sanciones restrictivas de libertad que tienen un componente restaurativo para satisfacer derechos de las víctimas. Representantes de las víctimas estuvieron en La Habana. Una de las víctimas emblemáticas de las Farc, Emperatriz Castro, madre del coronel Julián Ernesto Guevara (que murió secuestrado por la guerrilla), le dijo a EL TIEMPO que si el acuerdo va a servirle a la paz del país, ella lo apoya.
‘Combate a crimen no va a disminuir’
Ningún punto del acuerdo implica que el Estado deje de cumplir su obligación de combatir el crimen. Así, los bienes ilícitos de la guerrilla, si es que no son entregados en el proceso para la reparación, siguen siendo perseguidos y quienes los oculten perderán los beneficios. En cuanto a los cultivos ilícitos, que han aumentado, el compromiso de las Farc es contribuir a la erradicación manual. Pero si esta no es posible, el Estado se reservó el derecho de utilizar todas sus posibilidades, incluida la fumigación aérea.
‘Reintegración, con ruta clara’
La ayuda económica para cada exguerrillero –2 millones en el momento de desmovilizarse, 8 millones que recibirían para proyectos productivos y 620.000 pesos durante 24 meses– es necesaria para permitir la reincorporación a la vida civil y evitar la reincidencia. Es una suma equivalente a la que en el gobierno de Álvaro Uribe recibieron los ‘exparas’. La reintegración está en cabeza de la ACR, institución que ha logrado mantener en la civilidad a 8 de cada 10 ex-Auc.
‘Arreglo realista’
El Gobierno asegura que se logró el mejor acuerdo posible tras cuatro años de arduas negociaciones. Tanto el Estado como las Farc insisten en que la posibilidad de renegociar lo pactado en La Habana es una “utopía”.
‘Foco en el género’
El enfoque de género cumple con resolución de Naciones Unidas que establece que los Estados deben motivar la participación de mujeres en acuerdos de paz, y reconoce que las mujeres son víctimas del conflicto. El acuerdo persigue los crímenes de género en el conflicto.
‘Reglas claras’
En 180 días, como máximo, las armas de la guerrilla estarán totalmente destruidas. Ayer empezó ese proceso, y a lo largo de estos meses hay fechas claras para la entrega paulatina a la ONU, que verificará el proceso. Las Farc estarán concentradas en zonas específicas, también bajo supervisión.
NO
‘Las Farc no entregarán dinero’
Las Farc niegan poseer grandes sumas del dinero dentro o fuera de Colombia, pero eso no es muy creíble a la luz de años de secuestros, minería ilegal, extorsión, vínculos con el narcotráfico y otras actividades ilícitas. No hay en los acuerdos mecanismos que garanticen que estos recursos sean usados en su totalidad para resarcir a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto, como debería ser.
‘Solo el Estado hará reparación’
Los acuerdos de La Habana abren la puerta para que la reparación material de las víctimas la asuma solamente el Estado colombiano. También se cuestiona que en lo pactado en Cuba se habla de víctimas de un conflicto en general y no específicamente de las Farc.
‘Justicia pierde autonomía’
Se ha hablado de un “golpe de Estado” a la Rama Judicial porque tanto la justicia ordinaria, constitucional como la administrativa no van a tener protagonismo en el juzgamiento de los hechos ocurridos en el conflicto, creando un sistema paralelo que está por encima de las altas cortes. Se ha cuestionado que se tiene claro cuándo comienza a funcionar la justicia especial para la paz, pero no es claro cuándo termina. Esta falta de definición genera que no haya garantías para la seguridad jurídica de los procesados que ingresen a este sistema de justicia transicional.
‘Impunidad para grandes crímenes’
Los cabecillas de las Farc y responsables de los delitos más graves deben pagar cárcel y no pueden participar en política. Se cuestiona que no debe haber una “relativización de los delitos” en la que unos crímenes reciben sanción y otros no. El sistema de justicia planteado, dicen los del ‘No’, atenta contra el principio de proporcionalidad con relación a los otros delitos que están en el Código Penal colombiano. “El acuerdo premia a criminales. Deben tener un castigo ejemplar para enviar mensaje de que ser pillo no paga”, dicen.
‘No se penaliza el narcotráfico’
El narcotráfico no puede ser un delito conexo al delito político. Cuestionan que en el desarrollo de los acuerdos o Ley de Amnistía se establece que delitos como este hicieron parte de la lucha de la guerrilla contra el Estado, por lo que no se les podría juzgar por ello, algo que consideran inaceptable, pues las Farc se financiaron y lucraron con el narcotráfico. De igual manera, cuestionan que quede prohibida la extradición de los jefes de la guerrilla.
‘Farc no se han regido por el DIH’
Si se tienen en cuenta consideraciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para juzgar los más graves delitos, los del ‘No’ aseguran que las Farc no se han regido por el sistema del DIH, normas globales que tienen como fin tratar de ‘humanizar’ las guerras en el mundo. Por citar algunos ejemplos, el uso sistemático de minas antipersonas en los campos, el reclutamiento de menores de edad en las filas guerrilleras o los ataques sistemáticos a la población civil van en contravía de las normas del DIH.
‘No existen garantías de que el desarme sea total’
Ni la comunidad internacional ni los negociadores hicieron un verdadero y riguroso inventario de la cantidad de combatientes en las filas de las Farc y de qué cantidad de armamento hay hoy en su poder. Con lo cual, cuando llegue la hora de la entrega de armas y la desmovilización, se estará a merced de la buena fe de las Farc, que bien podrían guardarse algunas armas: como ‘seguro’ o para venderlas a otros grupos armados, del país o del mundo.
‘Debilita la Constitución’
Se cuestiona que lo que fue acordado en La Habana se incluya en el bloque de normas de la Constitución y que en un futuro no se pueda modificar, lo que iría en contravía de la misma Carta Magna y la debilita. Por eso, se habla de que el acuerdo es “ilegítimo” y constituye, en la práctica, capitulaciones para la guerrilla de las Farc. Algunos artículos de la justicia especial para la paz son inconstitucionales, como por ejemplo que una persona condenada por la justicia (el secretariado de las Farc) pueda participar en política.
‘Desequilibrio para partidos’
El acuerdo otorga a las Farc curules por elegibilidad inmediata y plataformas de comunicación que no han tenido o tienen otros partidos, generando un desbalance político, lo que va en contra de la Constitución y de las leyes que hoy rigen el país, por lo que, en la práctica, es una reforma política que, dicen, es “abiertamente inconstitucional”.
‘Gobierno puede renegociar acuerdo’
Los de la campaña del ‘No’ han dicho que quieren la paz, pero no con las concesiones que se les otorgaron a las Farc. También dicen que los acuerdos se pueden modificar y corregir. El senador Álvaro Uribe ha manifestado que el Presidente de la República tiene la facultad de volverse a reunir con las Farc para renegociar aspectos de los acuerdos que considere inconvenientes.
EL TIEMPO