Mañana comienza una nueva etapa de la vida nacional. Supongo que hoy ganará el Sí, porque así lo indican las encuestas y porque no me cabe en la cabeza que una mayoría de colombianos le digan No a la oportunidad de terminar el mayor conflicto interno que hayamos vivido. Y habrá un justificado sentimiento de euforia.
Pero debemos estar conscientes de la complejidad de la tarea que se avecina y de los riesgos que entraña. Para implementar el acuerdo, el Presidente tiene seis meses para utilizar las facultades legislativas extraordinarias que le otorgó el Congreso y para presentar proyectos de ley que serán votados por un procedimiento excepcional en nuestro régimen constitucional. Ello les impone una responsabilidad enorme a Santos y a los partidos de la Unidad Nacional, que no se pueden limitar a ‘pupitrear’ las iniciativas oficiales. Hay temas muy delicados. Un desarrollo legal imprudente puede ocasionar grandes perjuicios.
En primer lugar, está lo ligado a la reforma integral rural. Gobierno y Congreso deben disponer un desarrollo gradual de los compromisos y evitar excesos que podrían requerir ya no una reforma tributaria, que resultaba indispensable aun sin acuerdo, sino dos o tres.
Deben también definir cuidadosamente cómo se implementarán las múltiples exigencias de participación de las comunidades, previstas en varios puntos del acuerdo. La participación comunitaria es muy deseable, siempre y cuando no resulte en que algunos avivatos usurpen la representación de la comunidad en su provecho personal, o en una parálisis de la inversión en el campo. Esto ya está sucediendo con las consultas sobre grandes obras de infraestructura y desarrollos minero-energéticos, porque la ley no previó los abusos potenciales y la Corte ha hecho imposible modificarla, al obligar, absurdamente, a consultar cualquier reforma de la ley con todas las comunidades. Dicen que a perro viejo no lo capan dos veces. Ojalá sea así, pues de lo contrario le habremos hecho el peor de los males al desarrollo rural, no obstante las buenas intenciones del acuerdo.
En segundo lugar está lo relacionado con la justicia transicional. El aparato acordado en La Habana es complejo y presenta riesgos considerables. Gobierno y Congreso deben esforzarse en garantizar que esta justicia resulte menos inoperante que la ordinaria, que no se preste a arbitrariedades y que las restricciones de la libertad, previstas para quienes confiesen que han cometido delitos de lesa humanidad, no se conviertan en una burla. En caso contrario, correremos el riesgo de que la justicia penal internacional intervenga y los dirigentes de las Farc se sientan traicionados.
En tercer lugar, la ley que desarrolle los acuerdos sobre narcotráfico debe ser muy estricta, para evitar que naufrague la paz en medio de un océano de cultivos ilícitos y la violencia que estos inevitablemente conllevan.
Aparte del desarrollo legal de los acuerdos, la Fuerza Pública tiene que garantizar la seguridad en los territorios que estaban bajo el control de las Farc y en todos aquellos donde operan el Eln y las ‘bacrim’. Por fortuna, están bien preparadas para hacerlo.
Y hay que evitar ingenuidades costosas. Con todo el respeto que le tengo a Rafael Pardo, me parece que está pifiado con sus propuestas sobre incentivos tributarios y obras por impuestos. Estos esquemas no han funcionado bien acá, ni en ninguna parte, y facilitan la evasión tributaria. Establecerlos en medio de la crisis fiscal que tenemos constituiría una irresponsabilidad.
Quienes vamos a votar hoy por el Sí debemos ser conscientes de estos riesgos y estar alerta para que no se materialicen. De lo contrario, a la euforia inicial por el triunfo del plebiscito le pueden seguir el desencanto y la nostalgia por los promotores del No.
GUILLERMO PERRY