Gracias a la acción de tutela, la Constitución de 1991 transformó el acceso a la justicia para las clases populares y otros sectores que han sufrido de la exclusión política y económica. Una amplia cantidad de ciudadanos han encontrado respuestas a sus demandas por la garantía de derechos fundamentales a través del uso de esta herramienta, que además ha ejercido un importante papel de irradiación del Estado social de derecho y de sus principios y postulados en el conjunto del sistema judicial.
Sin embargo, pareciera que esta tarea se ha cumplido principalmente a favor de los ciudadanos urbanos y no tanto a favor de los ciudadanos rurales. Hace años, en algún escenario de formación en derechos humanos con población rural y luego de leer algunos textos legales sobre la protección de derechos, tuve que explicarles que los campesinos, a pesar de no vivir en las ciudades, también son ciudadanos.
Lo frustrante de dicha confusión semántica no solo radica en que sean los mismos campesinos quienes la tengan, sino también en que gran cantidad de funcionarios continúen tratando a los campesinos como ciudadanos de segunda categoría. Tal como ha sido señalado por diferentes académicos, la política agraria se ha formulado e implementado siguiendo un ‘sesgo anticampesino’.
Afortunadamente, dicha afirmación también debe ser revisada en su alcance. Recientemente, en el marco de un evento en la Universidad Externado de Colombia, Catherine LeGrand, una de las académicas que más ha estudiado el problema agrario de nuestro país, hizo una presentación cuyo contenido debe ser tenido en cuenta con detalle en el contexto actual.
Una de las sentencias de LeGrand fue sencilla: señaló que en la historia reciente de Colombia el Estado ya se ha puesto del lado de los campesinos, pero a reglón seguido afirmó que el problema ha sido lograr la implementación territorial de estas políticas favorables para el reconocimiento de los derechos de los campesinos.
Después de la formulación de una política nacional favorable a la garantía de estos derechos, su implementación se encuentra llena de desafíos, dentro de los cuales se destacan dos. El primero refiere a los obstáculos de la aplicación de una política nacional en un territorio específico, pues el proceso de construcción del Estado ha sido diferenciado regionalmente: se ha construido tanto Estado como las élites regionales lo han permitido. La implementación de una política agraria favorable a los intereses de acceso y protección de los derechos a la tierra de los pobres rurales se ha encontrado con la oposición de aquellas élites regionales que pueden ver en esta política reformista una amenaza a su poder.
El segundo problema es la continuidad de la política agraria como política de Estado. En materia agraria los esfuerzos reformistas fueron rápidamente reemplazados por normas regresivas promovidas por esas mismas élites locales, quienes obstaculizaron el alcance de protección de los derechos sobre la tierra de los campesinos.
La implementación del acuerdo de paz se inserta en esta compleja historia. Sin embargo, las condiciones actuales favorecen una nueva etapa de cumplimiento de políticas agrarias proclives al reconocimiento de derechos de los campesinos. El acuerdo de paz aterriza en un contexto en el cual las facultades de derecho han retomado el estudio del derecho agrario, en parte gracias a la puesta en funcionamiento de la política de restitución de tierras.
Además, hay un proyecto de reforma constitucional que busca que los campesinos sean reconocidos como sujetos de especial protección por parte del sistema jurídico, para evitar que sigan siendo tratados como ciudadanos de segunda.
De igual forma, la Corte Constitucional ha emitido sentencias relacionadas con la protección del derecho a la tierra de los campesinos. Sin embargo, toda luz viene con su sombra: las sentencias del alto tribunal han encontrado obstáculos para ser implementadas en lo local.
En el marco de los acuerdos de La Habana, los campesinos podrán acceder a la justicia a través del fortalecimiento de la jurisdicción agraria, que hasta la fecha ha sido la cenicienta de la justicia en nuestro país. La rama judicial cumple un papel fundamental para que una política de Gobierno se convierta en una política de Estado. Así, para que la paz sea sostenible, se requiere de una jurisdicción agraria que cierre la brecha de acceso a la justicia para los ciudadanos campesinos y que nivele los avances logrados durante los 25 años de vigencia de la Constitución de 1991. De esta forma, los acuerdos de paz abren un nuevo camino de posibilidades para los campesinos colombianos.
Coda: La construcción de la paz centrada en el reconocimiento de los derechos del campesinado es el mejor homenaje para uno de sus más fuertes defensores: el padre Gabriel Izquierdo Maldonado, S.J., quien fue director del Cinep. Esta paz es el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria.
SERGIO CORONADO DELGADO
Subdirector
Cinep/Programa por la Paz
