Archivo

Verdad, justicia, reparación y no repetición, entre lo que se pactó

Posibilidad de no ir a prisión aplica para responsables en conflicto, si le cumplen a la paz.

EL TIEMPOseptiembre 26 de 2016, 09:59 P.M.

En al menos cien mil noticias criminales en las que aparecen señalados los nombres de 16.000 personas está contenida la historia criminal de las Farc. Esa es la base de los informes que la Fiscalía entregará al Tribunal Especial para la Paz, organismo que será la máxima instancia de justicia para los principales responsables de los crímenes cometidos en el conflicto.

Aunque en la nueva jurisdicción para la paz la Fiscalía perdió la posibilidad de investigar los delitos –como sí sucedió en la Ley de Justicia y Paz, que juzgó los paramilitares desmovilizados hace una década– los informes del ente acusador servirán como insumo fundamental para el funcionamiento de la justicia transicional. El reto no es menor, pues una de las claves para aclimatar la paz es, sin duda, que las víctimas se sientan reparadas no solo con el resarcimiento de los daños sino con la plena verdad sobre los delitos que los afectaron.

La Fiscalía trabaja en tres líneas de investigación: por un lado, el capítulo de los crímenes cometidos por las Farc. Por otro, el de los agentes del Estado y, finalmente, el de los civiles que fueron ‘determinantes’ en el conflicto armado.

En lo que respecta a la guerrilla, al Tribunal de Paz llegarán ocho informes que incluyen los más graves hechos de reclutamiento de menores, secuestro, violencia basada en género, desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidios y masacres. (Lea también: Santos y 'Timochenko' firmaron histórico acuerdo de paz)

En cuanto a los agentes del Estado, los informes incluyen los ‘falsos positivos’ (4.532 víctimas y 5.621 uniformados investigados), así como la colaboración con grupos paramilitares. Y en cuanto a los civiles, según anunció el fiscal Néstor Humberto Martínez, se trabaja a marchas forzadas para solidificar procesos por colaboración voluntaria con los grupos ilegales.

Así, se abrirá un capítulo en el que la justicia colombiana no ha profundizado: el de la llamada ‘Farcpolítica’. Mientras que la Corte Suprema juzgó y condenó a 257 políticos, entre congresistas y gobernadores, por aliarse con los paramilitares, la infiltración de la guerrilla en la política y la administración pública prácticamente no ha sido investigada.

De la misma manera, el capítulo de los nexos internacionales de la guerrilla será un reto para la justicia. En los computadores de ‘Raúl Reyes’ quedó plasmada la evidencia de los contactos de las Farc con gobiernos de la región, especialmente el de Venezuela, y en Estados Unidos hay decenas de procesos por narcotráfico que mencionan por igual a mandos de esa guerrilla y a dignatarios venezolanos.

Corte Penal, observante

Firmada este lunes la paz, sigue un proceso legislativo en el que deben expedirse las normas que le darán piso jurídico al nuevo sistema de justicia. Paralelamente se adelanta el proceso para escoger a los magistrados de esa jurisdicción. (Además: 'Ya no hay espacio para política basada en la violencia: Ban Ki-moon)

En sus manos estará el reto de aplicar justicia en uno de los conflictos más largos y degradados en todo el mundo. Según el Informe Basta Ya, de la Comisión de Memoria Histórica, de los 220 mil muertos que dejó el conflicto entre 1958 y el 2012, más de 180 mil eran civiles no combatientes.

Su responsabilidad es garantizar, también, que los niveles de justicia aplicados a los victimarios satisfagan los parámetros de la Corte Penal Internacional.

La Fiscalía de ese organismo, que persigue en todo el mundo a los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ha mantenido prudente distancia frente a la negociación, si bien su último pronunciamiento da lugar a ser optimistas.

“El anuncio del 24 de agosto de 2016 sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP es, sin lugar a dudas, un logro histórico para Colombia y para el pueblo colombiano, cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el conflicto armado de 52 años”, dijo la fiscal Fatou Bensouda en un comunicado. (También: 'Miembros de las Farc, les doy la bienvenida a la democracia': Santos)

A diferencia de Justicia y Paz, el nuevo sistema contempla la posibilidad de que los máximos responsables de los crímenes en la guerra no vayan a prisión, siempre y cuando cumplan cabalmente con los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición. En caso de no hacerlo, se exponen a penas de 20 años de cárcel o más.

Las pautas marcadas por Justicia y Paz

Transcurridos más de once años de vigencia de la ley de Justicia y Paz, aún hay más de 1.000 desmovilizados a los que no se les han imputado cargos y, según fuentes de la Fiscalía, tomaría al menos otros cinco años cerrar ese capítulo judicial.

A esa jurisdicción se sometieron 4.408 exparamilitares, entre jefes y procesados por graves crímenes. Ellos confesaron 312.000 hechos criminales (de los que se han juzgado el 21 por ciento), y dieron la ubicación de 4.594 cuerpos de fosas.

Y aunque en su momento se habló de 386.413 víctimas, solo se han reconocido 166.276, es decir, el 43 por ciento de lo proyectado. (Lea: Así se vivió en las ciudades la firma de la paz entre Gobierno y Farc)

Por eso, la celeridad en las investigaciones de la nueva jurisdicción de paz será determinante.

María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz, advierte que será un desafío “montar la Jurisdicción Especial de Paz, contar con todos los recursos que se van a requerir sin que ello signifique terminar de colapsar la justicia ordinaria”.

Una eventual competencia con la justicia ordinaria, precisamente, es el temor que tienen las altas cortes del país, que se han mantenido distantes del proceso de paz desde el primer momento.

Magdalena Correa, directora del departamento de derecho del Externado, sostiene, sin embargo, que el modelo de justicia va a permitir que regrese la confianza a las regiones que fueron dominadas por las Farc: “Debemos llegar a las regiones que el Estado ha abandonado, llevar funcionarios y jueces que llenen el vacío institucional que estas tierras han padecido”.

El proceso garantiza que no habrá extradición para ningún miembro de las Farc por hechos anteriores a la paz. De esta manera, dicen los analistas, se evitará la repetición de lo que pasó con los jefes ‘paras’ enviados a Estados Unidos, muchos de los cuales se guardaron la verdad sobre sus contactos en el país.

Si dicen la verdad a tiempo no habrá cárcel

La Jurisdicción para la Paz tendrá varios escenarios para que los procesados digan la verdad, de lo cual dependerán las penas que recibirán. Igualmente existirá una comisión que buscará hallar la verdad extrajudicial, que será plasmada en un informe final al país y la comunidad internacional. (Además: El 'himno de la alegría' acompañó la ceremonia de este lunes)

Al respecto, Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, anticipa que no será fácil llegar a la verdad judicial de los delitos cometidos en 50 años de conflicto y sostiene que la prioridad debe ser llegar a los “políticos, funcionarios y particulares que están tras los negocios de las Farc”.

En este punto surge un reto: evitar que, como pasó con los ex-Auc desmovilizados, empiece un desfile de falsos testigos, como los que han contaminado el sistema judicial en la última década.

El sistema ofrece para los agentes del Estado y los civiles claves en la guerra la posibilidad de recibir beneficios equiparables a los que tendrán los guerrilleros por cumplir plenamente con verdad, justicia y reparación.

Además, abre la posibilidad de que los militares condenados, sin que tengan que admitir culpabilidad alguna, expongan sus casos ante el Tribunal Especial para la Paz.

En ese escenario, cabe la posibilidad de que sean absueltos, pues la nueva justicia tiene plena facultad para reabrir todos los procesos relacionados con el conflicto. Pero aun si no, podrían aplicar a la posibilidad de excarcelación por el tiempo que ya han pasado en prisión.

La Fiscalía ocupó en la región del Yarí más de 300.000 hectáreas de tierra productiva que estaban en poder de testaferros de las Farc.

Búsqueda de la plata de las Farc, uno de los retos más difíciles

“Medidas de reparación integral para la construcción de paz: (...) Compromiso de las Farc de contribuir a la reparación integral, incluyendo reparación material”. Ese es uno de los puntos claves de los acuerdos de La Habana, que pondrá a prueba la voluntad de la guerrilla para cumplirles a los colombianos.

La Fiscalía ha venido ocupando amplios terrenos que estarían a nombre de testaferros, pero en realidad fueron adquiridos con plata proveniente de actividades ilegales o fueron producto del despojo a sus verdaderos propietarios. Solo en la zona del Yarí, entre Meta y Caquetá, en donde se realizó la décima conferencia, las autoridades han incautado más de 300.000 hectáreas, las cuales pasaron ahora a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Y es que por causa del narcotráfico y la minería ilegal, las Farc son una de las organizaciones criminales más ricas del hemisferio. Ese dinero, del que la guerrilla se negó a hablar en la mesa de La Habana, debe ir a la reparación de las víctimas.

María Victoria Llorente, directora de Ideas para la Paz, señala que la guerrilla manejaba sus recursos a través de negocios locales de tierras y de ganado, y considera improbable que los jefes guerrilleros, como sí pasaba con los ‘paras’, tuvieran cuentas en paraísos fiscales. Por eso, dice, el reto para las autoridades será detectar la plata ilegal en las economías regionales de sus zonas de influencia.

Genaro Alfonso Sánchez, decano de la facultad de derecho, ciencias sociales y políticas de la Universidad Nacional, sostiene que la firma de la paz, este lunes, solo es un paso, y dice que uno de los puntos más complicados será “cómo se va a reparar a las víctimas y qué fondos se van a utilizar para ello”. “La reparación está relacionada con la verdad, con revelar la ubicación de las personas desaparecidas y con retribuirle a la sociedad todo lo que se ha perdido por culpa de la guerra”, afirma Sánchez.

Para la Fiscalía, que ha anunciado que perseguirá la plata de las Farc esté en Colombia o en el exterior, se viene el reto de detectar e incautar las fortunas ilegales. “El problema práctico va a ser lo mismo que con los paramilitares: las Farc van a decir que no tienen fuentes de ingreso para poder pagar la reparación”, dice Antonio Aljure, profesor de la Universidad del Rosario. Alejo Vargas, profesor de la Nacional, agrega que es clave entender que parte de la reparación está vinculada “con actos de reconocimiento y de perdón colectivo” como los ya realizados en el proceso con los ‘paras’.

EL TIEMPO

Reciba noticias de EL TIEMPO desde Google News

EL TIEMPOseptiembre 26 de 2016, 09:59 P.M.