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Cuatro casos de deudores morosos a la Contraloría

Saludcoop, Fidupetrol y exagente liquidador de la Dirección de Estupefacientes, entre ellos.

JUSTICIA
1. La EPS Saludcoop
A pesar de que hace más de dos años y medio la Contraloría (durante la administración de Sandra Morelli) condenó a Saludcoop a pagar 1,4 billones de pesos, ninguno de los 17 responsables del desvío de dineros de la salud ha pagado la indemnización fiscal. En medio de este caso, el organismo de control ha embargado más de 100 propiedades (que suman 50.000 millones) y se vinculó a la liquidación de la EPS para establecer qué bienes quedan para reparar el daño al erario público. (Además: Condenados por Contraloría le deben al erario 13,9 billones de pesos)
2. Fidupetrol sigue sin pagar
Una situación similar ocurre con Fidupetrol, también en liquidación. La firma, que recibió 25.000 millones de pesos del exgobernador de Casanare Whitman Porras, recursos que venían de regalías y los cuales terminaron invertidos en una unión temporal de carbones, aún no ha pagado por ese detrimento patrimonial. El escándalo por las supuestas maniobras en una tutela que esta empresa interpuso -y que la Corte Constitucional no aceptó- fue el que llevó a la suspensión del magistrado de esa Corte Jorge Pretelt.
3. Liquidador de la DNE
En mayo de este año, la Contraloría General condenó al exagente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Camilo Bula, a resarcir al erario con 6.446 millones de pesos. La condena fiscal se dio por la venta del centro comercial Villa Country, de Barranquilla, el cual había ingresado a la DNE tras un proceso de extinción de dominio. En el proceso se determinó que el bien valía $ 22.006 millones y se vendió por $ 18.362 millones.
4. Los bonos yankis
En junio del año pasado, la Contraloría condenó a los exgobernadores de Casanare Wihtman Herney Porras Pérez y Óscar Iván Raúl Flórez Chávez por invertir dineros de regalías en títulos yankis que posteriormente fueron vendidos a un menor precio del que fueron comprados, hechos sucedidos a partir del 2007. Por este detrimento patrimonial le deben al Estado 22.122 millones de pesos.
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