¿Cuál es su principal reparo a lo acordado con las Farc?
Creo que el Gobierno se equivocó porque negoció el sistema judicial de Colombia con una fuerza que, si bien ha tenido una gran capacidad para hacer daño por vía de la violencia, no representa efectivamente más del 2 o 3 por ciento de la población ni controla el 50 por ciento del territorio nacional. En Colombia no estamos en una guerra civil que nos conduzca a negociar el sistema judicial.
Pero hay quienes dicen que la toma del Palacio de Justicia fue un delito atroz por el que el M-19 no pagó condenas...
No es cierto que nadie estuvo en la cárcel. Hubo muchos detenidos por el Palacio de Justicia y además mucha gente torturada y otra que perdió la vida, entre ellos los autores intelectuales y materiales de esos hechos, gravísimos por supuesto. Los tribunales de la época lo calificaron como un acto de guerra y por eso se dejaron de sancionar ciertas conductas. Discrepo de manera respetuosa con quienes comparan esos hechos con el otorgamiento de impunidades a miembros de las Farc. Es una utilización amañada de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia para tratar de justificar la posible impunidad que habrá en el tribunal que se creó. En los hechos del Palacio de Justicia no hubo impunidad porque todos pagaron, todos están muertos, no se los puede revivir para llevarlos a la cárcel. No puede haber impunidad porque se aplicó la máxima pena, que es la de muerte.
¿Qué opina de que la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) haya celebrado el Acuerdo Final pero haya anunciado que estará vigilante de que se cumpla lo pactado?
El pronunciamiento de la Fiscal de la CPI hay que leerlo con mucha atención y cuidado. Diría que fue un saludo protocolario porque, obviamente, ningún tribunal se puede oponer a ningún acuerdo en ninguna parte del mundo. Si hay un gobierno y una fuerza levantada en armas ejerciendo violencia y hay un anuncio de que hay un principio de acuerdo, pues todos, incluida la comunidad internacional, lo van a saludar. Habrá que esperar a que se comiencen a producir los fallos y las sentencias del tribunal de paz para que la CPI, si considera que no se observan las normas de derecho interno e internacional, entre a actuar.
Usted salió de un proceso de paz exitoso, el del M-19, y ahora está haciendo política. ¿Por qué no permitirles lo mismo a las Farc?
He sido claro, y en eso he coincidido con el planteamiento del Centro Democrático, en que si las Farc se someten a la justicia y quienes son responsables de los delitos de lesa humanidad pagan una sanción, se les dé el derecho a participar en política, como fue mi caso, siempre que no sean responsables de actos atroces y que esta incursión en política sea más adelante, cuando paguen sus sanciones.
¿Qué diferencias encuentra entre el proceso de paz con el M-19 y el que ha habido con las Farc?
Varias. En primer lugar, el M-19 renunció al uso de la violencia y de la fuerza voluntaria y unilateralmente, no fue necesaria ninguna negociación. Nosotros, el 4 de octubre de 1989, en Santo Domingo, Cauca, en una reunión nacional, tomamos la decisión ante la verificación de la imposibilidad de seguir insistiendo en la violencia para llegar al poder. Las Farc no han decidido caminar por ese sendero.
¿Qué otra diferencia ve?
Que firmamos el acuerdo de paz sin ninguna ventaja en el campo electoral. Dos días después de suscrito ese pacto con el Gobierno, el 11 de marzo de 1990, nos lanzamos a las elecciones y Vera Grabe y yo fuimos elegidos con 78.000 votos en la circunscripción electoral de Bogotá y Cundinamarca a la Cámara de Representantes. No hubo curules a dedo ni circunscripciones especiales de paz, como en este caso, ni tampoco regalo de personería jurídica.
¿Qué opinión le merece que la mayoría de sus excompañeros del M-19 estén apoyando el ‘Sí’ al Acuerdo Final con las Farc y usted no?
Son decisiones personales. El M-19 ya no existe como organización política. Yo respeto esas posiciones. Cada uno de ellos tendrá su opinión personal. Me parece que este país necesita mayor pluralismo en el debate, menos ideologismo; aquí, estar en una actitud crítica a ciertos temas es razón para ser calificado inmediatamente de derecha o de izquierda. Lo que necesita el país es fortalecer su sistema democrático.
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