Venezuela se quedó sin Poder Legislativo. Ese es el efecto práctico de la última sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que resolvió declarar “inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica los actos emanados de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo las leyes que sean sancionadas”. (Lea también: Radiografía de los chavistas que controlan el TSJ en Venezuela)
La máxima intérprete de la Carta Magna tomó esta decisión por considerar que el Parlamento cayó en “desacato” al incorporar a los tres diputados que representan al estado Amazonas, cuya juramentación había sido bloqueada por la Sala Electoral del TSJ, atendiendo una demanda presentada por el chavismo.
El jefe de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, respondió que “no vamos a acatar ninguna decisión del TSJ ni de ningún poder que viole la Constitución”. El legislador recalcó que “nosotros estamos obligados a mantener la Constitución y oponernos a cualquier acto del poder público que la viole”.
La cúpula del Poder Judicial emitió unos 25 fallos contra el Parlamento, limitando sus competencias y funciones.
Como en casi todos los casos, los magistrados se pronunciaron ante una petición del presidente Nicolás Maduro, quien les solicitó revisar la legalidad de la reforma parcial de la Ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro, aprobada por la Cámara el pasado 9 de agosto. ¿Cuál es la novedad de esta última sentencia? Que la Sala Constitucional no se detiene a evaluar la norma, sino que califica como “absolutamente nulas” todas las medidas que sean adoptadas por la Cámara. Y, peor aún, advierte a los parlamentarios que sus actuaciones generarán “responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales”.
Maduro anunció la semana pasada que tenía listo un decreto para levantar la inmunidad de los diputados. “Aquí nadie se va a amparar en la inmunidad para cometer delitos”, dijo.
La oposición no solo ganó las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2015, sino que logró hacerse con los dos tercios de la Cámara, quedándose con 112 curules. Con esa mayoría calificada, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) puede sancionar leyes orgánicas, aprobar un proyecto de reforma constitucional, remover a los integrantes del TSJ, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y hasta promover la instalación de una asamblea constituyente, entre otras cosas.
El chavismo impugnó los resultados de los comicios en el estado Amazonas argumentando que el gobernador de la entidad, Liborio Guarulla, había cometido “fraude” por incurrir en la práctica de “compra de votos”. La Sala Electoral admitió la demanda y dejó sin efecto la proclamación de los tres diputados, cuya bancada quedó reducida a 109 integrantes.
La AN se instaló sin la representación cuestionada, tal como lo dispuso el TSJ que amenazó con declarar en desacato a la Cámara si no respetaba su determinación. “A veces hay que doblarse para no partirse”, indicó en esa primera sesión Ramos Allup, para justificar la actitud de la oposición ante el fallo judicial.
Cansada de esperar por esa resolución, la oposición sumó a los tres legisladores el 28 de julio. “El TSJ debió responder el día 12 de febrero y hasta ahora no se ha pronunciado. No cabe duda de que en este caso hubo denegación de justicia”, apuntó el segundo vicepresidente del Parlamento, Simón Calzadilla. El Poder Judicial sigue sin fijar su posición definitiva sobre el contencioso de Amazonas, pero valiéndose de este expediente acaba de atar de pies y manos a la AN.
PEDRO PABLO PEÑALOZA
Para EL TIEMPO