La reciente declaración del viceministro de Transporte, Alejandro Maya, en la que se propone “instaurar unas demandas (…) que permitan desactivar de manera definitiva las plataformas que están facilitando la prestación de un servicio de transporte ilegal en Colombia”, en este caso, Uber, representa para algunos problemas mayores que van más allá del sector de transporte.
Para Juan Pablo Salazar, experto en derecho cibernético, el bloqueo de Uber es un riesgo para el mercado que desarrolla aplicaciones tecnológicas.
“Todos los países están promoviendo una economía digital, incluido Colombia. Esa decisión crea un malestar en el clima de negocios digitales, lo que va en contravía de las inversiones que el mismo Gobierno hace en las TIC”, explica Salazar, quien añade que si un juez realiza el bloqueo estaría desconociendo la legislación.
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Salazar también indicó que se dejaría el camino abierto para hacer lo mismo con otras aplicaciones, lo que en el largo plazo reduciría las garantías para empresas digitales que quieran incursionar en el mercado colombiano.
“El país quedaría en una condición inferior al resto de la región”, afirma Salazar, quien menciona un reciente informe de Garnert, firma internacional de consultoría en tendencias tecnológicas.
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En este documento se indica que las empresas tendrán que poner atención a “impresiones en 3D, sistemas de Bioimpresión, software de seguridad, realidad virtual, vehículos autónomos y pantallas holográficas”. Estas serán algunas innovaciones que carecen de un marco jurídico en muchos Estados.
Regular o bloquear, un viejo dilema
En Colombia existen regulaciones que impiden en la práctica bloquear una aplicación. Por ejemplo, la ley 1341 de 2009 establece una neutralidad tecnológica que “implica la libertad que tienen los proveedores de redes y servicios de usar las tecnologías para la prestación de todos los servicios sin restricción distinta a las posibles interferencias perjudiciales y el uso eficiente de los recursos escasos”.
“Desde el punto de vista de la regulación los colombianos tenemos derecho a acceder a un contenido en red, a menos que sea pornografía infantil o haga una apología al genocidio. Pero eso no sucede en el caso de Uber. Mintic tendrá que acogerse a la neutralidad de red. Si se afectan otros mercados se convierte en un problema para el sector específico, no para el de telecomunicaciones”, explica Alberto Solano, director de la Cámara de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La respuesta de Uber se apoya en que los ciudadanos tienen derecho a un servicio diferente. “El progreso sólo es posible a través del cambio e implica defender lo que es mejor para los ciudadanos”, fue el argumento de la empresa. Esa ocupación de un filón del mercado que se encontraba desatendido, es lo que en cierta forma hace que Uber se asemeje a Netflix: ambos ofertan servicios donde hay otros ofrentes consolidados, como el de taxis, que reclama una normatividad estándar para todo el sector.
Problemas de movilidad
“Uber no soluciona las demandas de transporte de una ciudad como Bogotá porque solo el 11 % de las personas usan carro particular, mientras que el 5 % se mueve en taxi. No es un sistema sostenible porque no llegará a ser el principal medio en el que se muevan las ciudades”, explica el experto en movilidad, Darío Hidalgo, quien dice que otras ciudades del mundo no bloquearon la aplicación, sino que la regularon.
No obstante, Hidalgo plantea que aunque Uber puede resultar más barato para los usuarios por ser seguro y eficaz, no responde a todas las necesidades de movilidad de las ciudades. De hecho, genera problemas porque las regulaciones tienen herramientas que no contemplan el mercado digital.
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“Por eso valdría la pena regular y los mejores ejemplos están en México y Sao Paulo. Allá le cobran a Uber cargos adicionales que la ciudad puede invertir en mejorar el transporte público. Así mismo, usan la data de la aplicación para reducir tiempos en el transporte público”, indica Hidalgo.
Sao Paulo además de regular entregó 5.000 licencias para que conductores con aplicaciones las usaran y con ello creó un sistema hibrido de transporte.
Según el diario ‘El País’ de España, autorizaron que vehículos negros funcionarán con aplicaciones, pero todas ellas tienen que registrarse. Así mismo, el “ayuntamiento (…) podrá tener acceso a los datos de los usuarios (…). Los datos personales no se divulgarán y que solo se utilizarán para formular políticas municipales de tránsito. Estos nuevos taxis no podrán coger pasajeros en la calle”.
La administración de Sao Paulo también permitió el funcionamiento de Uber, pero incrementó su costo con el fin de obtener más recursos para la movilidad de la ciudad. También exigió que los conductores tengan pólizas de seguro y una “la certificación de aprobación de un curso de formación”, explicó en un artículo el diario Globo de Brasil.
Queda la pregunta de si las administraciones locales en Colombia están dispuestas a formular modelos de transporte que, además de ser fiscalizados, usen la información de aplicaciones para, por ejemplo, en tiempo real tomar decisiones para evitar que marchas o trancones colapsen el sistema de transporte.
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El otro camino, el del bloqueo, tendría consecuencias para un mercado digital en crecimiento y no solo para Uber, según expertos.
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